Finalmente se aprobaron las modificaciones a la Ley general de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, existen varios puntos sobre esta nueva norma legal que no han sido abordados.
Uno de ellos corresponde a la clarificación del hecho de que esta ley permitiría entregar las hectáreas marinas a modo de concesión a los bancos. Dicha figura legal está permitida desde hace varios años y esta nueva legislación es un simple marco jurídico que aclara algunos aspectos para que la transacción sea más rápida y trasparente.
En este sentido, el ministro del Tribunal Constitucional y ex secretario de Estado, José Antonio Viera Gallo, reconoció que “son diversas las leyes que autorizan entregar en hipoteca el derecho de concesión”.
En la actualidad, esta ley sólo espera los 17 reglamentos o decretos de aspectos sanitarios y técnicos, que debe realizar el ministerio de Economía. Pese a ello, es posible que éstos no estén completamente listos hasta por lo menos un par de años más.
“Algunos borradores ya están listos y están en etapa de análisis y de diálogo con los actores del sistema y hay otros que tardan bastante más tiempo porque, por ejemplo, la definiciones de las áreas aptas para la acuicultura, dependiendo de la región, podrían tardar más de un año. Hay todo un trabajo con el Gobierno Regional y son plazos distintos para las tres regiones y no sé si para el 2011 estaría todo completo”, dijo el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine.
El reconocimiento del ministro Fontaine es muy importante, ya que la anterior ley de Pesca y Acuicultura, dictada en 1991 estuvo esperando más de diez años los reglamentos. Hechos que sin duda algo tienen que ver con las malas prácticas ejercidas por la industria salmonera.
Según la directora de fundación Terram, Flavia Liberona, “aquí hay una responsabilidad de los gobiernos de la Concertación y no hay que olvidarlo. La ley General de Pesca y Acuicultura se dicta en 1991. Los reglamentos sanitarios y ambientales de la misma son del 2001 y entran en operación real el 2006. La Concertación permitió por más de diez años que operara una ley sin estos reglamentos y que coincide con el periodo de crecimiento explosivo de la salmonicultura”.
Situación que, en el otro lado de la cancha, fue valorada por el presidente de Salmón Chile, César Barros, quien se mostró satisfecho con la promulgación de la normativa pesquera y acuícola.
“Es un hito importante y un esfuerzo del anterior gobierno. Hay que pensar que esta ley se terminó de votar el último día hábil del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que estuvo muy dedicada a sacar adelante este sector y ahora lo que queda es ver todos los reglamentos que faltan”, sostuvo Barros.
La norma instaura una nueva forma de agrupación de concesiones, que será coordinada desde la subsecretaria de Pesca, estableciendo medidas sanitarias más estrictas, tales como los períodos de descanso y de siembra de faenas en las operaciones. Al mismo tiempo fortalece acciones preventivas y fiscalización por parte del Servicio Nacional de Pesca.
Sin embargo, no todo está dicho, ya que las organizaciones y parlamentarios contrarios a la iniciativa han advertido que “tocaran todas las puertas”, incluso ante organismos internacionales.
Finalmente se aprobaron las modificaciones a la Ley general de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, existen varios puntos sobre esta nueva norma legal que no han sido abordados.
Uno de ellos corresponde a la clarificación del hecho de que esta ley permitiría entregar las hectáreas marinas a modo de concesión a los bancos. Dicha figura legal está permitida desde hace varios años y esta nueva legislación es un simple marco jurídico que aclara algunos aspectos para que la transacción sea más rápida y trasparente.
En este sentido, el ministro del Tribunal Constitucional y ex secretario de Estado, José Antonio Viera Gallo, reconoció que “son diversas las leyes que autorizan entregar en hipoteca el derecho de concesión”.
En la actualidad, esta ley sólo espera los 17 reglamentos o decretos de aspectos sanitarios y técnicos, que debe realizar el ministerio de Economía. Pese a ello, es posible que éstos no estén completamente listos hasta por lo menos un par de años más.
“Algunos borradores ya están listos y están en etapa de análisis y de diálogo con los actores del sistema y hay otros que tardan bastante más tiempo porque, por ejemplo, la definiciones de las áreas aptas para la acuicultura, dependiendo de la región, podrían tardar más de un año. Hay todo un trabajo con el Gobierno Regional y son plazos distintos para las tres regiones y no sé si para el 2011 estaría todo completo”, dijo el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine.
El reconocimiento del ministro Fontaine es muy importante, ya que la anterior ley de Pesca y Acuicultura, dictada en 1991 estuvo esperando más de diez años los reglamentos. Hechos que sin duda algo tienen que ver con las malas prácticas ejercidas por la industria salmonera.
Según la directora de fundación Terram, Flavia Liberona, “aquí hay una responsabilidad de los gobiernos de la Concertación y no hay que olvidarlo. La ley General de Pesca y Acuicultura se dicta en 1991. Los reglamentos sanitarios y ambientales de la misma son del 2001 y entran en operación real el 2006. La Concertación permitió por más de diez años que operara una ley sin estos reglamentos y que coincide con el periodo de crecimiento explosivo de la salmonicultura”.
Situación que, en el otro lado de la cancha, fue valorada por el presidente de Salmón Chile, César Barros, quien se mostró satisfecho con la promulgación de la normativa pesquera y acuícola.
“Es un hito importante y un esfuerzo del anterior gobierno. Hay que pensar que esta ley se terminó de votar el último día hábil del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que estuvo muy dedicada a sacar adelante este sector y ahora lo que queda es ver todos los reglamentos que faltan”, sostuvo Barros.
La norma instaura una nueva forma de agrupación de concesiones, que será coordinada desde la subsecretaria de Pesca, estableciendo medidas sanitarias más estrictas, tales como los períodos de descanso y de siembra de faenas en las operaciones. Al mismo tiempo fortalece acciones preventivas y fiscalización por parte del Servicio Nacional de Pesca.
Sin embargo, no todo está dicho, ya que las organizaciones y parlamentarios contrarios a la iniciativa han advertido que “tocaran todas las puertas”, incluso ante organismos internacionales.
Finalmente se aprobaron las modificaciones a la Ley general de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, existen varios puntos sobre esta nueva norma legal que no han sido abordados.
Uno de ellos corresponde a la clarificación del hecho de que esta ley permitiría entregar las hectáreas marinas a modo de concesión a los bancos. Dicha figura legal está permitida desde hace varios años y esta nueva legislación es un simple marco jurídico que aclara algunos aspectos para que la transacción sea más rápida y trasparente.
En este sentido, el ministro del Tribunal Constitucional y ex secretario de Estado, José Antonio Viera Gallo, reconoció que “son diversas las leyes que autorizan entregar en hipoteca el derecho de concesión”.
En la actualidad, esta ley sólo espera los 17 reglamentos o decretos de aspectos sanitarios y técnicos, que debe realizar el ministerio de Economía. Pese a ello, es posible que éstos no estén completamente listos hasta por lo menos un par de años más.
“Algunos borradores ya están listos y están en etapa de análisis y de diálogo con los actores del sistema y hay otros que tardan bastante más tiempo porque, por ejemplo, la definiciones de las áreas aptas para la acuicultura, dependiendo de la región, podrían tardar más de un año. Hay todo un trabajo con el Gobierno Regional y son plazos distintos para las tres regiones y no sé si para el 2011 estaría todo completo”, dijo el ministro de Economía Juan Andrés Fontaine.
El reconocimiento del ministro Fontaine es muy importante, ya que la anterior ley de Pesca y Acuicultura, dictada en 1991 estuvo esperando más de diez años los reglamentos. Hechos que sin duda algo tienen que ver con las malas prácticas ejercidas por la industria salmonera.
Según la directora de fundación Terram, Flavia Liberona, “aquí hay una responsabilidad de los gobiernos de la Concertación y no hay que olvidarlo. La ley General de Pesca y Acuicultura se dicta en 1991. Los reglamentos sanitarios y ambientales de la misma son del 2001 y entran en operación real el 2006. La Concertación permitió por más de diez años que operara una ley sin estos reglamentos y que coincide con el periodo de crecimiento explosivo de la salmonicultura”.
Situación que, en el otro lado de la cancha, fue valorada por el presidente de Salmón Chile, César Barros, quien se mostró satisfecho con la promulgación de la normativa pesquera y acuícola.
“Es un hito importante y un esfuerzo del anterior gobierno. Hay que pensar que esta ley se terminó de votar el último día hábil del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que estuvo muy dedicada a sacar adelante este sector y ahora lo que queda es ver todos los reglamentos que faltan”, sostuvo Barros.
La norma instaura una nueva forma de agrupación de concesiones, que será coordinada desde la subsecretaria de Pesca, estableciendo medidas sanitarias más estrictas, tales como los períodos de descanso y de siembra de faenas en las operaciones. Al mismo tiempo fortalece acciones preventivas y fiscalización por parte del Servicio Nacional de Pesca.
Sin embargo, no todo está dicho, ya que las organizaciones y parlamentarios contrarios a la iniciativa han advertido que “tocaran todas las puertas”, incluso ante organismos internacionales.
