Chile financia sus universidades principalmente a través de los aranceles que cobran a sus estudiantes y, en el caso de las tradicionales, con los aportes basales que reciben por criterio histórico. Este es un sistema con inconsistencias verdaderamente excepcionales. Las universidades estatales están obligadas a autofinanciarse como si fueran privadas, algunas privadas reciben recursos del Estado como si fueran estatales, ninguna rinde cuenta por ello ni responden a exigencia alguna. Otras se comportan casi como públicas, pero se financian y funcionan como privadas, dando pie a que motivaciones ajenas al quehacer académico.

Esto, entro otras cosas, configura un escenario crítico donde las instituciones discriminan y endeudan a los estudiantes por el valor de sus aranceles y la educación estatal se debilita por no “ser competitiva”. En muchos casos se lucra de manera encubierta o se financian con recursos fiscales proyectos ideológicos particulares. En el fondo se entiende a la educación como un bien individual que debe ser pagado por aquel que lo recibe (el estudiante) y poco se hace por asegurar la primacía del bien común como aspiración fundamental de un Sistema de Educación Pública Universitaria.

Este panorama se ha venido profundizando desde 1980 y ya va siendo hora de hacer reformas profundas que pongan freno al negocio de la educación. Debemos superar la exclusión de los sectores populares de la educación de calidad, detener la regulación exclusivamente dejada al mercado y revertir la falta de compromiso social de quienes reciben aportes estatales.  El desafío de este periodo es apostar hacia un Nuevo Sistema Nacional de Educación Superior.

La reforma necesaria debe regular el sistema esclareciendo un rol claro a las instituciones públicas y diferenciando la institucionalidad y el financiamiento de éstas, del resto de la que quieran continuar desempeñando un rol privado. El paso inicial es definir la educación pública que necesitamos y a cualquier institución que se precie de tal deberían exigírsele tres cosas mínimas como compromiso explícito con el Estado.

Que sea abierta a la comunidad, no discriminando ni excluyendo por ideología o nivel socioeconómico, sino que representando la composición social de la manera más fiel, lo que no va a conseguirse los actuales mecanismos de acceso y valores de los aranceles.

Que sea pluralista, permitiendo la libertad de asociación y de cátedra, en busca de generar ciudadanos críticos, formados en los valores democráticos y abiertos a las ideas y sus contradicciones.

Que sea democrática, de manera que esta comunidad tome las riendas institucionales para poner los énfasis y recursos en aquellos problemas más sentidos, donde el rol de la universidad sea más necesario. Un gobierno universitario triestamental, con resguardo de las jerarquías propias del quehacer académico es garantía de trasparencia, equidad y pertinencia social como ningún otro.

Si esto existió en las universidades ya lo perdimos, así que lo principal es recuperarlo. Hoy la educación pública lo es principalmente de nombre y da por sentado que cumple un rol que ya no es tal y que formalmente no se le exige, pero es justamente en este rol que se justifica que una universidad deba recibir recursos del Estado, previo acuerdo explícito entre las partes. Superar los criterios históricos con los que las universidades en Chile reciben recursos para pasar a financiar solo aquellas que se comprometan formalmente a desarrollar un rol público bajo estas tres premisas, es el segundo cambio fundamental que deberíamos impulsar. Las universidades necesitan aportes basales para funcionar con autonomía, y estos recursos son clave para el desarrollo de la investigación, mantener la excelencia académica, proteger a los estudiantes vulnerables y bajar el valor de los aranceles.

Un financiamiento directo a las universidades públicas es necesario para comprometerlas con un proyecto educativo alineado con las necesidades de la sociedad en su conjunto y no de grupos de poder o corrientes ideológicas, por eso es fundamental definir un límite entre lo que es educación pública, abierta, pluralista y democrática, la que debe ser financiada, y educación privada, que puede funcionar de manera complementaria para aquellos que tengan interés particular en otro tipo de educación y estén dispuestos a pagar por ella.

Pensar que las universidades son públicas por el solo hecho de formar profesionales es un grave error, más importante es la formación que tienen esos profesionales y su disposición a trabajar por el país más que sólo por ellos mismos. También se equivocan quienes sostienen que son más públicas aquellas instituciones que tienen estudiantes pobres, olvidando que lo público está en que sea para todos, contribuya al desarrollo de todos e integre el pensamiento de todos. Creer que solo hay que proteger al estudiante y entregarle directamente a él los recursos para que decida dónde estudiar termina por apoyar la subvención del negocio educacional y no da garantías de asegurar el derecho a una educación de calidad.

Regular en pos de la calidad implica exigir y entregar. Pedir a las instituciones que cumplan con requisitos mínimos y entregarle lo necesario para que lo hagan con excelencia académica, abriendo las posibilidades para que puedan optar a una formación de estas características todos los que no tengan interés en una educación ideológicamente particular.

Reformar el Sistema de Educación Superior y particularmente el Financiamiento Universitario pasa por formar un conjunto de Universidades Públicas voluntariamente constituido por aquellas comprometidas a ser democráticas, abiertas y pluralistas, que cumplan con condiciones mínimas. Que se les entreguen recursos de manera diferenciada en relación al carácter de su propiedad y el cumplimiento de este rol, directamente a las instituciones y no a los estudiantes, para que puedan bajar sus aranceles, localizar ayudas estudiantiles y administrar con autonomía sus presupuestos. Constituido este sistema hay que hacerlo crecer y que de una vez por todas se deje de subvencionar la educación privada bajo pretexto de que es la única opción.