Cada día que pasa aumenta más la presión al Gobierno para la salida del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, quien fue llamado a declarar en calidad de inculpado en la investigación de la llamada Operación Cóndor de la dictadura.
Parlamentaros de la comisión de Derechos Humanos insistieron en exigir la inmediata destitución del representante diplomático.
El diputado PS Sergio Aguiló señaló que es de extrema gravedad que Labbé se mantenga en funciones. “El principal instigador de esta operación de terrorismo internacional fue Chile, en la figura de Pinochet y en el director de la DINA. Y uno de los actores más importantes es Arancibia Clavel, quien participó en el asesinato del general Prats y parece ser uno de los contactos más privilegiados que tenía este actual embajador Labbé. Reiteramos la solicitud unánime de la comisión de Derechos Humanos de solicitar la inmediata remoción de este embajador”, indicó el parlamentario.
Los diputados expresaron que no sería improvisación lo que está haciendo el Gobierno, sino una estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los derechos humanos. Esto, por los casos de Iván Andrusco en Gendarmería, Miguel Otero en Argentina, Luis Castillo en el ministerio de Salud y ahora Labbé en Panamá, todos vinculados al régimen militar.
Teoría a la que se sumó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien en el programa Humanas.cl de nuestra emisora, criticó al Ejecutivo por aún no destituir al embajador Labbé, en una acción que ha contribuido a relativizar los crímenes de la dictadura ante la opinión pública.
“Un país, un gobierno, un Piñera que dice ‘mi Gobierno defiende los derechos humanos’ lo primero que tiene que hacer es pedirle la renuncia. No lo hicieron con Otero, él renunció; en el caso de Iván Andrusco lo defendieron hasta al final, también renunció él, pero ¿cuántos más están ocultos? ¿Cómo vamos a confiar si no llevan tres meses en el poder y ya tenemos a cuatro sujetos vinculados a crímenes de los derechos humanos”, señaló Pizarro.
El diplomático debe aclarar su actuación en 1975, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Argentina, por sus presuntos vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.
Gobierno deja todo en manos de la Justicia
Desde el gobierno insisten en respaldar al embajador Labbé. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reiteró que los miembros del Ejecutivo deben estar disponibles si la justicia los solicita, mientras el canciller Alfredo Moreno no descartó su destitución, pero en el caso de que éste sea procesado.
El ministro del Interior prefirió guardar silencio al ser consultado por qué el Programa de Derechos Humanos de su cartera decidió nuevamente llamar a declarar por estas causas a un funcionario del actual Gobierno.
Por otra parte, Hinzpeter reconoció que existe tardanza en las resoluciones de los casos de violaciones a los derechos humanos, falencias que atribuyó a la lentitud de los procesos judiciales.
Sin embargo, entre los factores que inciden en la demora de estas causas se encuentra la tardanza del Ejército en colaborar en ellas, la ley de amnistía, que ha protegido a los más de 500 militares involucrados en este tipo de procesos, además de los datos poco claros y falsos sobre el paradero de los detenidos desaparecidos entregados por las Fuerzas Armadas.
En tanto, el titular de Justicia, Felipe Bulnes aseguró que el Gobierno tiene un “compromiso irrenunciable” y se está trabajando para avanza en la materia. “Los derechos humanos no son patrimonio de un sector específico sino de todos los chilenos”, aseguró.
Con estas palabras, el titular de Justicia busca responder a los cuestionamientos al Gobierno de la Coalición por el Cambio en materia de derechos humanos, sobre todo luego de conocerse los últimos casos de personas involucradas a las dictadura que ocupan cargos en esta administración y considerando que parte de sus miembros son los mismos quienes apoyaron el régimen militar.
Cada día que pasa aumenta más la presión al Gobierno para la salida del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, quien fue llamado a declarar en calidad de inculpado en la investigación de la llamada Operación Cóndor de la dictadura.
Parlamentaros de la comisión de Derechos Humanos insistieron en exigir la inmediata destitución del representante diplomático.
El diputado PS Sergio Aguiló señaló que es de extrema gravedad que Labbé se mantenga en funciones. “El principal instigador de esta operación de terrorismo internacional fue Chile, en la figura de Pinochet y en el director de la DINA. Y uno de los actores más importantes es Arancibia Clavel, quien participó en el asesinato del general Prats y parece ser uno de los contactos más privilegiados que tenía este actual embajador Labbé. Reiteramos la solicitud unánime de la comisión de Derechos Humanos de solicitar la inmediata remoción de este embajador”, indicó el parlamentario.
Los diputados expresaron que no sería improvisación lo que está haciendo el Gobierno, sino una estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los derechos humanos. Esto, por los casos de Iván Andrusco en Gendarmería, Miguel Otero en Argentina, Luis Castillo en el ministerio de Salud y ahora Labbé en Panamá, todos vinculados al régimen militar.
Teoría a la que se sumó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien en el programa Humanas.cl de nuestra emisora, criticó al Ejecutivo por aún no destituir al embajador Labbé, en una acción que ha contribuido a relativizar los crímenes de la dictadura ante la opinión pública.
“Un país, un gobierno, un Piñera que dice ‘mi Gobierno defiende los derechos humanos’ lo primero que tiene que hacer es pedirle la renuncia. No lo hicieron con Otero, él renunció; en el caso de Iván Andrusco lo defendieron hasta al final, también renunció él, pero ¿cuántos más están ocultos? ¿Cómo vamos a confiar si no llevan tres meses en el poder y ya tenemos a cuatro sujetos vinculados a crímenes de los derechos humanos”, señaló Pizarro.
El diplomático debe aclarar su actuación en 1975, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Argentina, por sus presuntos vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.
Gobierno deja todo en manos de la Justicia
Desde el gobierno insisten en respaldar al embajador Labbé. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reiteró que los miembros del Ejecutivo deben estar disponibles si la justicia los solicita, mientras el canciller Alfredo Moreno no descartó su destitución, pero en el caso de que éste sea procesado.
El ministro del Interior prefirió guardar silencio al ser consultado por qué el Programa de Derechos Humanos de su cartera decidió nuevamente llamar a declarar por estas causas a un funcionario del actual Gobierno.
Por otra parte, Hinzpeter reconoció que existe tardanza en las resoluciones de los casos de violaciones a los derechos humanos, falencias que atribuyó a la lentitud de los procesos judiciales.
Sin embargo, entre los factores que inciden en la demora de estas causas se encuentra la tardanza del Ejército en colaborar en ellas, la ley de amnistía, que ha protegido a los más de 500 militares involucrados en este tipo de procesos, además de los datos poco claros y falsos sobre el paradero de los detenidos desaparecidos entregados por las Fuerzas Armadas.
En tanto, el titular de Justicia, Felipe Bulnes aseguró que el Gobierno tiene un “compromiso irrenunciable” y se está trabajando para avanza en la materia. “Los derechos humanos no son patrimonio de un sector específico sino de todos los chilenos”, aseguró.
Con estas palabras, el titular de Justicia busca responder a los cuestionamientos al Gobierno de la Coalición por el Cambio en materia de derechos humanos, sobre todo luego de conocerse los últimos casos de personas involucradas a las dictadura que ocupan cargos en esta administración y considerando que parte de sus miembros son los mismos quienes apoyaron el régimen militar.
Cada día que pasa aumenta más la presión al Gobierno para la salida del embajador de Chile en Panamá, Alberto Labbé, quien fue llamado a declarar en calidad de inculpado en la investigación de la llamada Operación Cóndor de la dictadura.
Parlamentaros de la comisión de Derechos Humanos insistieron en exigir la inmediata destitución del representante diplomático.
El diputado PS Sergio Aguiló señaló que es de extrema gravedad que Labbé se mantenga en funciones. “El principal instigador de esta operación de terrorismo internacional fue Chile, en la figura de Pinochet y en el director de la DINA. Y uno de los actores más importantes es Arancibia Clavel, quien participó en el asesinato del general Prats y parece ser uno de los contactos más privilegiados que tenía este actual embajador Labbé. Reiteramos la solicitud unánime de la comisión de Derechos Humanos de solicitar la inmediata remoción de este embajador”, indicó el parlamentario.
Los diputados expresaron que no sería improvisación lo que está haciendo el Gobierno, sino una estrategia para reivindicar a personajes ligados con la dictadura militar y con violaciones a los derechos humanos. Esto, por los casos de Iván Andrusco en Gendarmería, Miguel Otero en Argentina, Luis Castillo en el ministerio de Salud y ahora Labbé en Panamá, todos vinculados al régimen militar.
Teoría a la que se sumó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien en el programa Humanas.cl de nuestra emisora, criticó al Ejecutivo por aún no destituir al embajador Labbé, en una acción que ha contribuido a relativizar los crímenes de la dictadura ante la opinión pública.
“Un país, un gobierno, un Piñera que dice ‘mi Gobierno defiende los derechos humanos’ lo primero que tiene que hacer es pedirle la renuncia. No lo hicieron con Otero, él renunció; en el caso de Iván Andrusco lo defendieron hasta al final, también renunció él, pero ¿cuántos más están ocultos? ¿Cómo vamos a confiar si no llevan tres meses en el poder y ya tenemos a cuatro sujetos vinculados a crímenes de los derechos humanos”, señaló Pizarro.
El diplomático debe aclarar su actuación en 1975, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Argentina, por sus presuntos vínculos con el ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.
Gobierno deja todo en manos de la Justicia
Desde el gobierno insisten en respaldar al embajador Labbé. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, reiteró que los miembros del Ejecutivo deben estar disponibles si la justicia los solicita, mientras el canciller Alfredo Moreno no descartó su destitución, pero en el caso de que éste sea procesado.
El ministro del Interior prefirió guardar silencio al ser consultado por qué el Programa de Derechos Humanos de su cartera decidió nuevamente llamar a declarar por estas causas a un funcionario del actual Gobierno.
Por otra parte, Hinzpeter reconoció que existe tardanza en las resoluciones de los casos de violaciones a los derechos humanos, falencias que atribuyó a la lentitud de los procesos judiciales.
Sin embargo, entre los factores que inciden en la demora de estas causas se encuentra la tardanza del Ejército en colaborar en ellas, la ley de amnistía, que ha protegido a los más de 500 militares involucrados en este tipo de procesos, además de los datos poco claros y falsos sobre el paradero de los detenidos desaparecidos entregados por las Fuerzas Armadas.
En tanto, el titular de Justicia, Felipe Bulnes aseguró que el Gobierno tiene un “compromiso irrenunciable” y se está trabajando para avanza en la materia. “Los derechos humanos no son patrimonio de un sector específico sino de todos los chilenos”, aseguró.
Con estas palabras, el titular de Justicia busca responder a los cuestionamientos al Gobierno de la Coalición por el Cambio en materia de derechos humanos, sobre todo luego de conocerse los últimos casos de personas involucradas a las dictadura que ocupan cargos en esta administración y considerando que parte de sus miembros son los mismos quienes apoyaron el régimen militar.
