El presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la interrupción del embarazo de España Santiago Barambio, quien participó junto a otros expertos en la elaboración de la ley, considera que la nueva reglamentación supone un avance y confirma que la misma fue cuidadosamente concebida.
“Los objetivos que se perseguían era mejorar la seguridad jurídica de las mujeres, a través de las mejoras jurídicas de los profesionales, hacer más igualitario el acceso al aborto en todo el territorio español y además conseguir que el costo de la interrupción del embarazo fuera a cargo de la sanidad pública, es decir, que abortar no supusiera un esfuerzo económico a ninguna mujer en el territorio español”, indica.
Tres meses de implementación
Tras casi tres años de discusiones, la ley fue aprobada en marzo de este año y se señaló un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario. “Se preparó un texto que indicase cómo se pondría en práctica la ley y ahí fue donde la cosa ya no fue tan bien ya que implicó una devaluación del espíritu que estaba vigente cuando se elaboró”.
Barambio se refiere al hecho de que existen en la actualidad comunidades autónomas que rechazan abiertamente la ley o no contribuyen a su puesta en práctica. “Desde que la actual ley contiene algunos requisitos diferentes a los de la ley anterior, parece ser que la comunidad murciana se ha puesto en una línea no colaboradora en la aplicación de la ley, lo mismo que la comunidad gallega, entre otras”.
No a la inconstitucionalidad de la ley
Para el máximo representante de las clínicas acreditadas para la interrupción del aborto están equivocados quienes quieren declarar la nueva ley como anticonstitucional. Refiriéndose indirectamente a los parlamentarios que estaban en contra de la ley (principalmente del partido Popular) y que apelaron ante el Tribunal Constitucional y esperan su pronta revisión, el médico indica que “lo que no se puede es intentar resolver los fracasos políticos con el Tribunal Constitucional porque no es el gobierno de la nación”.
Barambio es enfático al decir que la ley se ha elaborado con sumo cuidado a lo largo de dos años y medio. “Ha intervenido muchísima gente. Ha habido un comité parlamentario. Ha llegado al órgano máximo de España que es el Parlamento. Se ha votado y la ley ha ganado tal como estaba redactada”.
Lo que hay que valorar según el galeno es que la nueva ley es un bien jurídico a proteger y esto se contempla precisamente con la información que se le da a la mujer embarazada que quiere interrumpir la gestación. “información de todos los elementos que el estado le puede poner a su disposición, si decide seguir, y los tres días de reflexión que tiene para comprobar si todo concuerda, si realmente esto le es suficiente como para seguir con la maternidad para adelante o si sigue prefiriendo la interrupción.
La ley no obliga a nadie
Los que están en contra alegan la inconstitucionalidad de la ley hasta en ocho artículos, entre ellos el que establece plazos de aborto sin justificación hasta 14 semanas. Otro artículo que es cuestionado es el que recoge que las adolescentes de 16 y 17 años pueden ir a abortar sin sus padres si hay conflicto con ellos.
“La idea es que la mujer en este momento puede hacer interrumpir la gestación hasta las 14 semanas, que tampoco es así de exacta como se mide, ya que requiere de una interpretación personal que podría llevarnos a una situación de inseguridad jurídica. Ahora ella no tiene por qué darle explicaciones a nadie hasta estas 14 semanas de gestación que ya veremos cuántas semanas de amenorrea son en función de las diferentes definiciones que hay en realidad de la Organización mundial de la salud”.
La Asociación de Clínicas Autorizadas para la interrupción del embarazo defiende además el derecho a objetar. “Creemos que es mucho mejor si un médico no está cómodo haciendo interrupciones de embarazo, mejor que no lo haga”.
Escuche la entrevista completa a Santiago Barambio aquí: entrevista_Santiago_Barambio
El presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la interrupción del embarazo de España Santiago Barambio, quien participó junto a otros expertos en la elaboración de la ley, considera que la nueva reglamentación supone un avance y confirma que la misma fue cuidadosamente concebida.
“Los objetivos que se perseguían era mejorar la seguridad jurídica de las mujeres, a través de las mejoras jurídicas de los profesionales, hacer más igualitario el acceso al aborto en todo el territorio español y además conseguir que el costo de la interrupción del embarazo fuera a cargo de la sanidad pública, es decir, que abortar no supusiera un esfuerzo económico a ninguna mujer en el territorio español”, indica.
Tres meses de implementación
Tras casi tres años de discusiones, la ley fue aprobada en marzo de este año y se señaló un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario. “Se preparó un texto que indicase cómo se pondría en práctica la ley y ahí fue donde la cosa ya no fue tan bien ya que implicó una devaluación del espíritu que estaba vigente cuando se elaboró”.
Barambio se refiere al hecho de que existen en la actualidad comunidades autónomas que rechazan abiertamente la ley o no contribuyen a su puesta en práctica. “Desde que la actual ley contiene algunos requisitos diferentes a los de la ley anterior, parece ser que la comunidad murciana se ha puesto en una línea no colaboradora en la aplicación de la ley, lo mismo que la comunidad gallega, entre otras”.
No a la inconstitucionalidad de la ley
Para el máximo representante de las clínicas acreditadas para la interrupción del aborto están equivocados quienes quieren declarar la nueva ley como anticonstitucional. Refiriéndose indirectamente a los parlamentarios que estaban en contra de la ley (principalmente del partido Popular) y que apelaron ante el Tribunal Constitucional y esperan su pronta revisión, el médico indica que “lo que no se puede es intentar resolver los fracasos políticos con el Tribunal Constitucional porque no es el gobierno de la nación”.
Barambio es enfático al decir que la ley se ha elaborado con sumo cuidado a lo largo de dos años y medio. “Ha intervenido muchísima gente. Ha habido un comité parlamentario. Ha llegado al órgano máximo de España que es el Parlamento. Se ha votado y la ley ha ganado tal como estaba redactada”.
Lo que hay que valorar según el galeno es que la nueva ley es un bien jurídico a proteger y esto se contempla precisamente con la información que se le da a la mujer embarazada que quiere interrumpir la gestación. “información de todos los elementos que el estado le puede poner a su disposición, si decide seguir, y los tres días de reflexión que tiene para comprobar si todo concuerda, si realmente esto le es suficiente como para seguir con la maternidad para adelante o si sigue prefiriendo la interrupción.
La ley no obliga a nadie
Los que están en contra alegan la inconstitucionalidad de la ley hasta en ocho artículos, entre ellos el que establece plazos de aborto sin justificación hasta 14 semanas. Otro artículo que es cuestionado es el que recoge que las adolescentes de 16 y 17 años pueden ir a abortar sin sus padres si hay conflicto con ellos.
“La idea es que la mujer en este momento puede hacer interrumpir la gestación hasta las 14 semanas, que tampoco es así de exacta como se mide, ya que requiere de una interpretación personal que podría llevarnos a una situación de inseguridad jurídica. Ahora ella no tiene por qué darle explicaciones a nadie hasta estas 14 semanas de gestación que ya veremos cuántas semanas de amenorrea son en función de las diferentes definiciones que hay en realidad de la Organización mundial de la salud”.
La Asociación de Clínicas Autorizadas para la interrupción del embarazo defiende además el derecho a objetar. “Creemos que es mucho mejor si un médico no está cómodo haciendo interrupciones de embarazo, mejor que no lo haga”.
Escuche la entrevista completa a Santiago Barambio aquí: entrevista_Santiago_Barambio
El presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la interrupción del embarazo de España Santiago Barambio, quien participó junto a otros expertos en la elaboración de la ley, considera que la nueva reglamentación supone un avance y confirma que la misma fue cuidadosamente concebida.
“Los objetivos que se perseguían era mejorar la seguridad jurídica de las mujeres, a través de las mejoras jurídicas de los profesionales, hacer más igualitario el acceso al aborto en todo el territorio español y además conseguir que el costo de la interrupción del embarazo fuera a cargo de la sanidad pública, es decir, que abortar no supusiera un esfuerzo económico a ninguna mujer en el territorio español”, indica.
Tres meses de implementación
Tras casi tres años de discusiones, la ley fue aprobada en marzo de este año y se señaló un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario. “Se preparó un texto que indicase cómo se pondría en práctica la ley y ahí fue donde la cosa ya no fue tan bien ya que implicó una devaluación del espíritu que estaba vigente cuando se elaboró”.
Barambio se refiere al hecho de que existen en la actualidad comunidades autónomas que rechazan abiertamente la ley o no contribuyen a su puesta en práctica. “Desde que la actual ley contiene algunos requisitos diferentes a los de la ley anterior, parece ser que la comunidad murciana se ha puesto en una línea no colaboradora en la aplicación de la ley, lo mismo que la comunidad gallega, entre otras”.
No a la inconstitucionalidad de la ley
Para el máximo representante de las clínicas acreditadas para la interrupción del aborto están equivocados quienes quieren declarar la nueva ley como anticonstitucional. Refiriéndose indirectamente a los parlamentarios que estaban en contra de la ley (principalmente del partido Popular) y que apelaron ante el Tribunal Constitucional y esperan su pronta revisión, el médico indica que “lo que no se puede es intentar resolver los fracasos políticos con el Tribunal Constitucional porque no es el gobierno de la nación”.
Barambio es enfático al decir que la ley se ha elaborado con sumo cuidado a lo largo de dos años y medio. “Ha intervenido muchísima gente. Ha habido un comité parlamentario. Ha llegado al órgano máximo de España que es el Parlamento. Se ha votado y la ley ha ganado tal como estaba redactada”.
Lo que hay que valorar según el galeno es que la nueva ley es un bien jurídico a proteger y esto se contempla precisamente con la información que se le da a la mujer embarazada que quiere interrumpir la gestación. “información de todos los elementos que el estado le puede poner a su disposición, si decide seguir, y los tres días de reflexión que tiene para comprobar si todo concuerda, si realmente esto le es suficiente como para seguir con la maternidad para adelante o si sigue prefiriendo la interrupción.
La ley no obliga a nadie
Los que están en contra alegan la inconstitucionalidad de la ley hasta en ocho artículos, entre ellos el que establece plazos de aborto sin justificación hasta 14 semanas. Otro artículo que es cuestionado es el que recoge que las adolescentes de 16 y 17 años pueden ir a abortar sin sus padres si hay conflicto con ellos.
“La idea es que la mujer en este momento puede hacer interrumpir la gestación hasta las 14 semanas, que tampoco es así de exacta como se mide, ya que requiere de una interpretación personal que podría llevarnos a una situación de inseguridad jurídica. Ahora ella no tiene por qué darle explicaciones a nadie hasta estas 14 semanas de gestación que ya veremos cuántas semanas de amenorrea son en función de las diferentes definiciones que hay en realidad de la Organización mundial de la salud”.
La Asociación de Clínicas Autorizadas para la interrupción del embarazo defiende además el derecho a objetar. “Creemos que es mucho mejor si un médico no está cómodo haciendo interrupciones de embarazo, mejor que no lo haga”.
Escuche la entrevista completa a Santiago Barambio aquí: entrevista_Santiago_Barambio
