El proceso de Nacionalización del Cobre culminado en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende significó que el Estado, a través de la Corporación Nacional del Cobre, tomara en sus manos casi el cien por ciento de la producción y de las exportaciones del metal rojo.
Sin embargo, hoy la cuprífera estatal ha disminuido su participación en la producción y en los embarques al exterior a alrededor de un 30 por ciento. La mayor parte de la explotación y envíos al extranjero de este recurso natural no renovable quedaron contraladas por los consorcios mineros privados, gracias a la política de privatización ejecutada entre los años 70 y 80 por la dictadura militar.
En medio de esta grave situación y luego del rechazo en el Parlamento del royalty minero, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre aprovechó la celebración del Día de la Dignidad Nacional, que conmemora los 39 años de la nacionalización del metal rojo, para volver a instalar el debate sobre la renacionalización de este recurso básico.
El presidente de esta organización, el economista Julián Alcayaga, rechazó de plano aumentar la privatización de los yacimientos mineros y, por el contario, colocó como bandera de lucha la idea que el Fisco vuelva a tener la mayoría de la producción minera del país.
“Lo importante es que el Estado tenga el porcentaje mayoritario para que pueda dirigir esto, porque podríamos nacionalizar esto en un cien por ciento como Codelco, pero si tenemos el 51 por ciento y dirigimos a las empresas también es favorable para el país, al tener la mayoría en las decisiones, es lo que nos interesa puesto que ahí no permitiríamos que el cobre saliera en forma de concentrado, sino que el metal tuviera que ser refinado y fundido totalmente en Chile. Eso se podría hacer teniendo la mayoría dentro de las empresas”, explicó el economista.
Respecto de la posibilidad de discutir en el mediano plazo un nuevo impuesto específico a las ganancias operacionales de la industria minera, Alcayaga explicó que una medida de esa naturaleza sólo sería factible luego del 2018, período en que vence la invariabilidad tributaria de este sector. Agrega que por el momento lo que la autoridad debería realizar es combatir la evasión tributaria de las empresas.
“Lo que sí se puede hacer el gobierno actual o cualquier otro gobierno es combatir la evasión tributaria. Se pueden introducir una cantidad de modificaciones tributarias que permitirían captar miles de millones de dólares y que no va a afectar la invariabilidad tributaria, porque está perfectamente acotada al impuesto específico, a las patentes mineras y al verdadero royalty, pero otros impuestos no los toca y no es que haya que aumentar impuestos, simplemente se trata de cerrar las brechas tributarias que en la actualidad permiten que las empresas no tengan utilidades”, indicó Alcayaga.
El diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, en tanto, se mostró partidario de elevar en el período que sea pertinente la tasa de cobro de impuestos a las mineras a diez por ciento.
“La invariabilidad que está planteada es un tema que sigue su curso es el debate de un royalty que se vincule a los temas de desarrollo del país. Tiene que ser un debate que se abra paso hoy y cuando lleguemos a eso vamos a veremos de qué forma se va a respetar ese acuerdo que tiene el Estado chileno con grupos económicos transnacionales que explotan el cobre y que están vinculados a la invariabilidad. Yo diría que el tema del 10 por ciento está vinculado a una política permanente del Estado, más allá de lo que fue este hecho puntual de una invariabilidad que llega hasta 2018”, señaló el parlamentario.
El royalty de 5 por ciento que se cobra en Chile es bastante inferior que en otros países como Canadá (38 por ciento), Perú (20 por ciento) o Australia (30 por ciento).
El proceso de Nacionalización del Cobre culminado en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende significó que el Estado, a través de la Corporación Nacional del Cobre, tomara en sus manos casi el cien por ciento de la producción y de las exportaciones del metal rojo.
Sin embargo, hoy la cuprífera estatal ha disminuido su participación en la producción y en los embarques al exterior a alrededor de un 30 por ciento. La mayor parte de la explotación y envíos al extranjero de este recurso natural no renovable quedaron contraladas por los consorcios mineros privados, gracias a la política de privatización ejecutada entre los años 70 y 80 por la dictadura militar.
En medio de esta grave situación y luego del rechazo en el Parlamento del royalty minero, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre aprovechó la celebración del Día de la Dignidad Nacional, que conmemora los 39 años de la nacionalización del metal rojo, para volver a instalar el debate sobre la renacionalización de este recurso básico.
El presidente de esta organización, el economista Julián Alcayaga, rechazó de plano aumentar la privatización de los yacimientos mineros y, por el contario, colocó como bandera de lucha la idea que el Fisco vuelva a tener la mayoría de la producción minera del país.
“Lo importante es que el Estado tenga el porcentaje mayoritario para que pueda dirigir esto, porque podríamos nacionalizar esto en un cien por ciento como Codelco, pero si tenemos el 51 por ciento y dirigimos a las empresas también es favorable para el país, al tener la mayoría en las decisiones, es lo que nos interesa puesto que ahí no permitiríamos que el cobre saliera en forma de concentrado, sino que el metal tuviera que ser refinado y fundido totalmente en Chile. Eso se podría hacer teniendo la mayoría dentro de las empresas”, explicó el economista.
Respecto de la posibilidad de discutir en el mediano plazo un nuevo impuesto específico a las ganancias operacionales de la industria minera, Alcayaga explicó que una medida de esa naturaleza sólo sería factible luego del 2018, período en que vence la invariabilidad tributaria de este sector. Agrega que por el momento lo que la autoridad debería realizar es combatir la evasión tributaria de las empresas.
“Lo que sí se puede hacer el gobierno actual o cualquier otro gobierno es combatir la evasión tributaria. Se pueden introducir una cantidad de modificaciones tributarias que permitirían captar miles de millones de dólares y que no va a afectar la invariabilidad tributaria, porque está perfectamente acotada al impuesto específico, a las patentes mineras y al verdadero royalty, pero otros impuestos no los toca y no es que haya que aumentar impuestos, simplemente se trata de cerrar las brechas tributarias que en la actualidad permiten que las empresas no tengan utilidades”, indicó Alcayaga.
El diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, en tanto, se mostró partidario de elevar en el período que sea pertinente la tasa de cobro de impuestos a las mineras a diez por ciento.
“La invariabilidad que está planteada es un tema que sigue su curso es el debate de un royalty que se vincule a los temas de desarrollo del país. Tiene que ser un debate que se abra paso hoy y cuando lleguemos a eso vamos a veremos de qué forma se va a respetar ese acuerdo que tiene el Estado chileno con grupos económicos transnacionales que explotan el cobre y que están vinculados a la invariabilidad. Yo diría que el tema del 10 por ciento está vinculado a una política permanente del Estado, más allá de lo que fue este hecho puntual de una invariabilidad que llega hasta 2018”, señaló el parlamentario.
El royalty de 5 por ciento que se cobra en Chile es bastante inferior que en otros países como Canadá (38 por ciento), Perú (20 por ciento) o Australia (30 por ciento).
El proceso de Nacionalización del Cobre culminado en 1971 durante el gobierno de Salvador Allende significó que el Estado, a través de la Corporación Nacional del Cobre, tomara en sus manos casi el cien por ciento de la producción y de las exportaciones del metal rojo.
Sin embargo, hoy la cuprífera estatal ha disminuido su participación en la producción y en los embarques al exterior a alrededor de un 30 por ciento. La mayor parte de la explotación y envíos al extranjero de este recurso natural no renovable quedaron contraladas por los consorcios mineros privados, gracias a la política de privatización ejecutada entre los años 70 y 80 por la dictadura militar.
En medio de esta grave situación y luego del rechazo en el Parlamento del royalty minero, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre aprovechó la celebración del Día de la Dignidad Nacional, que conmemora los 39 años de la nacionalización del metal rojo, para volver a instalar el debate sobre la renacionalización de este recurso básico.
El presidente de esta organización, el economista Julián Alcayaga, rechazó de plano aumentar la privatización de los yacimientos mineros y, por el contario, colocó como bandera de lucha la idea que el Fisco vuelva a tener la mayoría de la producción minera del país.
“Lo importante es que el Estado tenga el porcentaje mayoritario para que pueda dirigir esto, porque podríamos nacionalizar esto en un cien por ciento como Codelco, pero si tenemos el 51 por ciento y dirigimos a las empresas también es favorable para el país, al tener la mayoría en las decisiones, es lo que nos interesa puesto que ahí no permitiríamos que el cobre saliera en forma de concentrado, sino que el metal tuviera que ser refinado y fundido totalmente en Chile. Eso se podría hacer teniendo la mayoría dentro de las empresas”, explicó el economista.
Respecto de la posibilidad de discutir en el mediano plazo un nuevo impuesto específico a las ganancias operacionales de la industria minera, Alcayaga explicó que una medida de esa naturaleza sólo sería factible luego del 2018, período en que vence la invariabilidad tributaria de este sector. Agrega que por el momento lo que la autoridad debería realizar es combatir la evasión tributaria de las empresas.
“Lo que sí se puede hacer el gobierno actual o cualquier otro gobierno es combatir la evasión tributaria. Se pueden introducir una cantidad de modificaciones tributarias que permitirían captar miles de millones de dólares y que no va a afectar la invariabilidad tributaria, porque está perfectamente acotada al impuesto específico, a las patentes mineras y al verdadero royalty, pero otros impuestos no los toca y no es que haya que aumentar impuestos, simplemente se trata de cerrar las brechas tributarias que en la actualidad permiten que las empresas no tengan utilidades”, indicó Alcayaga.
El diputado del Partido Comunista Lautaro Carmona, en tanto, se mostró partidario de elevar en el período que sea pertinente la tasa de cobro de impuestos a las mineras a diez por ciento.
“La invariabilidad que está planteada es un tema que sigue su curso es el debate de un royalty que se vincule a los temas de desarrollo del país. Tiene que ser un debate que se abra paso hoy y cuando lleguemos a eso vamos a veremos de qué forma se va a respetar ese acuerdo que tiene el Estado chileno con grupos económicos transnacionales que explotan el cobre y que están vinculados a la invariabilidad. Yo diría que el tema del 10 por ciento está vinculado a una política permanente del Estado, más allá de lo que fue este hecho puntual de una invariabilidad que llega hasta 2018”, señaló el parlamentario.
El royalty de 5 por ciento que se cobra en Chile es bastante inferior que en otros países como Canadá (38 por ciento), Perú (20 por ciento) o Australia (30 por ciento).
