En la comuna de La Reina, específicamente en el sector de Av. Francisco Bilbao con la calle Troncos Viejos, se está viviendo una situación que mantiene enfrentados a los vecinos del sector con los dueños de seis locales que venden cerveza artesanal, comida, tragos y otros productos gastronómicos.

Se trata de un barrio residencial que con el paso del tiempo ha ido cambiando su fisonomía hacia un sector más comercial. Hace nueve años se instaló el primer bar, el Budapest, luego se ubicaron los otros, y la esquina se convirtió en un tradicional lugar de encuentro en la comuna.

Sin embargo, los vecinos comenzaron a quejarse por los ruidos molestos y los vehículos que se estacionan alrededor, lo que abrió el fuego entre ellos y los locatarios.

La situación saltó a la luz pública cuando el concejo municipal en la sesión del 24 de junio pasado decidió no renovar las patentes alcohólicas en total a dos bares, tres cervecerías, un minimercado, otras dos botillerías colindantes al parque Padre Hurtado y un local de venta de alcohol en Valenzuela Llanos.

La medida respondió a la petición de la junta de vecinos, encabezada por Mónica Alzerreca, quien reside hace 40 años en la calle Troncos Viejos, y que responsabiliza a las cervecerías y botillerías por la inseguridad, robos, ruidos y otras molestias que han mermado la calidad de vida del barrio.

“Se ha ido deteriorando totalmente con todo el asunto de las cervecerías, hay delincuencia, en la noche la gente está todo el tiempo transitando por una calle que era residencial. Hay robo de autos, hay robo dentro de los autos, se estacionan frente a las puertas de nosotros. La calle Troncos Viejos es el estacionamiento de las shoperías y eso trajo también que nosotros no podíamos dormir tranquilos”, indicó la dirigente vecinal.

Mónica Alzerreca manifestó que los vecinos de la calle Troncos Viejos obtuvieron de la Municipalidad tarjetas de estacionamiento para evitar que extraños obstaculizarán el acceso a sus casas, con multas para los infractores, hecho que en algo ha aliviado las molestias, al tiempo que señaló que ahora las personas están empezando a estacionar sus vehículos en la calle Las Carretas.

Para buscar una solución a la pérdida de la tranquilidad del barrio, se realzaron varias mesas de trabajo integradas por los concejales, locatarios, vecinos y carabineros, al término de las cuales se alcanzaron diferentes acuerdos, como por ejemplo, el estudio de la factibilidad para colocar una caseta municipal con guardias. Sin embargo, las partes se culpan mutuamente de no haber respetado los acuerdos.

Los reclamos presentados por los vecinos cuentan con el respaldo del concejal Francisco Olea, quien destacó que estas molestias se vienen arrastrando hace cuatro años.

“Los responsables de esto, lamentablemente no son los vecinos, ni los concejales, ni el alcalde, la responsabilidad primera está en los locatarios del sector y creo que ellos creyeron que esto no iba a pasar a mayores y se dejaron estar en los compromisos y en el cuidado con la comunidad. La inédita medida surge básicamente por la responsabilidad de ellos, no porque haya un alcalde o un grupo de concejales que tengamos prejuicio contra la actividad comercial de esa naturaleza”, indicó el concejal.

Sin embargo, Guillermo Allan, vocero de la Agrupación Gastronómica de Bilbao-Las Carretas, dueño de una de las cervecerías afectadas, argumenta que “dentro de las reuniones (mesas de trabajo) la persona que quedó con la tarea pendiente, era el concejal Olea, él quedó con la tarea de hacer el trabajo y la municipalidad primero que nada tenía que pedir la caseta municipal y ver cómo nosotros podíamos hacer para costear los guardias para estudiar el trámite de las platas. Nosotros cerramos a las 2:30 como quería la junta de vecinos, no a las 12:00 como quería uno de los vecinos, porque es imposible, pero sí funcionar hasta las 2:30, según el acuerdo alcanzado”.

Con el conflicto en aumento, el pasado jueves 15 de julio el concejo municipal realizó una sesión extraordinaria, donde se analizó de nuevo el problema y luego de intervenciones de los vecinos y los locatarios, no se registró ningún cambio, es decir, los comerciantes siguen con sus patentes caducadas y con el plazo fatal de que si al 31 de julio no son renovadas, las pierden de manera automática.

Para las cervecerías esta situación es muy compleja porque la no renovación de una patente de alcohol implica la reducción de las ventas y pone en riesgo la estabilidad laboral de las más de treinta personas que trabajan en los locales, y sus familias.

Guillermo Allan, ante la eventualidad de no poder revertir en instancias municipales la situación que los aqueja, no descartó interponer ante los tribunales de justicia un recurso de protección, que según él tienen la mejor opción de ganar.

Finalmente, a la salida del concejo extraordinario se acordó realizar una reunión tripartita (locatarios, vecinos, municipalidad) el próximo miércoles 21 de julio para acercar las posiciones para lograr una salida al conflicto.