La inminencia de la publicación de la propuesta de la Iglesia Católica respecto al indulto a las personas vinculadas a las violaciones a los derechos humanos ha generado una oleada de suspicacias respecto a la supuesta intención de los obispos de proponer un perdón amplio a este grupo de personas, bajo el criterio de la avanzada edad o estado de salud de algunos, seguido del, nuevamente supuesto, propósito del primer Gobierno de Derecha desde el fin de la dictadura de cerrar este doloroso capítulo con una amnistía generalizada.

Al respecto, hay que tener en cuenta algunos criterios básicos que deberían orientar el debate que tendrá que realizar el conjunto del país al respecto durante las próximas semanas y el primero, que debería ser al mismo tiempo el más evidente, es que en democracia es imposible imponer soluciones que no cuenten con el respaldo de la ciudadanía, y tratándose de un asunto tan sensible para la memoria nacional como es el de las responsabilidades por los crímenes del pasado, este respaldo tiene que ser contundentemente mayoritario, sin dudas ni sombras de vacilaciones.

En este sentido, ni el Gobierno ni la Iglesia, y especialmente tampoco el Parlamento, tienen el mandato explícito de la comunidad nacional para resolver en esta materia sin un pronunciamiento claro de la gente.

Sin duda, para los familiares de las víctimas de las violaciones sería insoportable la idea de que los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos por la dictadura sean liberados de toda culpa por una ley.  En este sentido, debe aclararse que lo único que se podría borrar es la sanción penal, pero jamás la responsabilidad.

Cuando se presentó el Informe de la Comisión Rettig, encargado de establecer más allá de toda duda la magnitud de las violaciones, el Presidente de la época Patricio Aylwin pidió perdón a toda la Nación por lo ocurrido.  Pero no se ha conocido un gesto similar de los responsables.   Las Fuerzas Armadas han intentado hacerlo de modo institucional, pero no son los mismos cuerpos armados que durante 17 años ejercieron arbitrariamente la autoridad para eliminar a los disidentes políticos.  Tampoco los grupos políticos que dieron sustento a la dictadura han hecho su acto de contrición y con el discurso de mirar al futuro para superar un pasado que divide a los chilenos no se ofrece una solución satisfactoria para todas las partes.

Hay que precisar, en todo caso, que es improbable que los autores directos e indirectos, materiales e intelectuales, pidan un perdón acorde a las pretensiones de las víctimas.  Del mismo modo, los afectados tienen que entender que es también improbable que el resto del país los apoye en sus reivindicaciones, ya que son muchas ya las generaciones que han nacido y crecido con el tema de los derechos humanos como un tema del pasado y respecto del cual no tienen mayor interés ni compromiso, a menos que se trate de familiares de las víctimas.

Finalmente, es necesario destacar que lo ocurrido con la violencia política durante la dictadura no es la única cuenta pendiente que tiene el país con los derechos humanos y resulta poco edificante que se intente amnistiar las responsabilidades del pasado sin atender a las del presente.