Quizás, la temática más recurrente de los últimos meses en nuestro país tenga que ver con el tema del indulto propuesto al gobierno por la iglesia Católica. Para relevantes observadores, el indulto sólo es posible para aquellos que no han cometido delitos de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles e in-amnistiables.

El tema del indulto está vinculado a una serie de otros problemas como el de la llamada puerta giratoria, el de los derechos humanos, el de las escandalosamente desiguales condiciones carcelarias, el de la seguridad ciudadana, etc. Pero, finalmente, también está vinculado al tema de la construcción del espacio urbano y a las contradicciones que presentan nuestras elites a este respecto.

Por un lado, se propugna mano dura contra la delincuencia, intentando incluso negar derechos básicos de los acusados como el derecho a la libertad mientras se realiza el juicio. Pese a que Chile está entre los cinco países del mundo con mayor número de presos per capita, las elites solo se preocupan de “apresar sin transar”.

Una segunda contradicción de nuestras elites respecto a estos temas es el tratamiento deplorable que nuestro sistema carcelario les otorga a los presos comunes (mayoritariamente pobres, sin oportunidades sociales previas y con un futuro aún peor). Las personas que tienen la desgracia de ser apresadas no tienen ninguna posibilidad de reformarse ni reinsertarse. Las condiciones físicas, éticas y sociales dentro de las cárceles lo impiden. Pero, por otro lado, nuestro sistema carcelario trata con guante blanco a los delincuentes acusados de crímenes de lesa humanidad, violadores de derechos humanos. La forma más atroz y cobarde de delito.

En resumen, nuestras elites (de todo tipo) están empeñadas en la construcción de una sociedad democrática, de mercado e integrada al mundo, pero la única solución que le dan a la delincuencia (problema con una alta componente social) es la mano dura y la cárcel; la única solución frente a los problemas de violencia urbana (muestra de anomia social) es la cárcel. Y, por otro lado, nuestra sociedad no es capaz, ni siquiera lo intenta, de reformar y de reinsertar a los presos.

A nuestro juicio, la contradicción básica, madre de todas, es que se pretende continuar construyendo una sociedad y una ciudad absolutamente segregadas, en la cual la delincuencia, la violencia  y el sentido de no pertenencia social, en vez de ser considerados como problemas que impiden la realización plena del modelo de convivencia social, en realidad se consideran como un estallido social controlado que, mediante esfuerzos, también controlados, de represión y maltrato, permite la continuidad de un modelo de acumulación económica, de modelaje social y  de construcción urbana, caracterizados por una segregación profunda.

Mientras no seamos capaces de integrar nuestras ciudades (y nuestra sociedad); mientras autoridades y empresarios se sigan negando, en aras del negocio especialmente inmobiliario, a integrar una cuota de vivienda social a los nuevos proyectos inmobiliarios, y en la ciudad en general, seguiremos cayendo en el círculo vicioso de segregación, inseguridad, represión, cárcel e indultos.