La nueva ley de radios comunitarias ingresa en la recta final para su pronta aplicación, bajo un ambiente de alerta entre las emisoras y diálogos entre organizaciones sociales y el Gobierno.
La División de Organizaciones Sociales entregó un primer documento sobre cómo se va a certificar a quiénes podrán solicitar concesiones para radios comunitarias, comprobando que las organizaciones solicitantes sean sin fines de lucro.
Pero, además, el Gobierno solicitaría contenidos editoriales a priori, lo que podría ser una forma de aplicar discrecionalmente censura en los procesos de postulación.
María Cristina Riquelme, de radio Nueva era de Talca, señaló que detrás de estas acciones hay una ofensiva contra las emisoras comunitarias.
Existe además un punto no resuelto. Por un período de casi dos años no se podrían abrir concursos radiofónicos, esto impide nuevas postulaciones y con la nueva ley, habría una nueva persecución contra las radios comunitarias que no poseen concesión.
Leopoldo Sarmiento, de radio Primero de Mayo de La Victoria, señaló que a pesar de la nueva normativa, siempre ha existido un escenario de persecución en contra de los medios de comunicación comunitarios.
En tanto, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich) ha defendido la nueva ley que negoció con la subsecretaría de Telecomunicaciones y la Asociación de Radiodifusores de Chile, reconociendo diferentes carencias en la normativa.
Su presidente, Alberto Cancino, legitimó la nueva norma y señaló que: “No es tampoco que estemos asegurando las 300 radios de Anarcich, tenemos que esperar todo un año a que se ordene el espectro en el nuevo marco legislativo. La caza de brujas se forma cuando hay denuncias de diferentes medios de comunicación, cualquier persecución tiene que ser regido por el código civil y nunca por el penal”, aclaró.
Anarcich ha planteado demandas relevantes como la derogación del artículo 36 b de la Ley General de telecomunicaciones, que castiga con cárcel las emisiones sin concesión, con penas de hasta tres años. También se ha planteado la prohibición de realizar, cadenas radiales entre emisoras comunitarias además de publicidad comercial grabada y propaganda política.
Es por ello que este lunes a las 18 horas habrá una reunión entre los representantes del ministerio Secretaría General de Gobierno y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, la Red de Medios de los Pueblos y la Anarcich, cita en la cual debería haber novedades al respecto.
La nueva ley de radios comunitarias ingresa en la recta final para su pronta aplicación, bajo un ambiente de alerta entre las emisoras y diálogos entre organizaciones sociales y el Gobierno.
La División de Organizaciones Sociales entregó un primer documento sobre cómo se va a certificar a quiénes podrán solicitar concesiones para radios comunitarias, comprobando que las organizaciones solicitantes sean sin fines de lucro.
Pero, además, el Gobierno solicitaría contenidos editoriales a priori, lo que podría ser una forma de aplicar discrecionalmente censura en los procesos de postulación.
María Cristina Riquelme, de radio Nueva era de Talca, señaló que detrás de estas acciones hay una ofensiva contra las emisoras comunitarias.
Existe además un punto no resuelto. Por un período de casi dos años no se podrían abrir concursos radiofónicos, esto impide nuevas postulaciones y con la nueva ley, habría una nueva persecución contra las radios comunitarias que no poseen concesión.
Leopoldo Sarmiento, de radio Primero de Mayo de La Victoria, señaló que a pesar de la nueva normativa, siempre ha existido un escenario de persecución en contra de los medios de comunicación comunitarios.
En tanto, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich) ha defendido la nueva ley que negoció con la subsecretaría de Telecomunicaciones y la Asociación de Radiodifusores de Chile, reconociendo diferentes carencias en la normativa.
Su presidente, Alberto Cancino, legitimó la nueva norma y señaló que: “No es tampoco que estemos asegurando las 300 radios de Anarcich, tenemos que esperar todo un año a que se ordene el espectro en el nuevo marco legislativo. La caza de brujas se forma cuando hay denuncias de diferentes medios de comunicación, cualquier persecución tiene que ser regido por el código civil y nunca por el penal”, aclaró.
Anarcich ha planteado demandas relevantes como la derogación del artículo 36 b de la Ley General de telecomunicaciones, que castiga con cárcel las emisiones sin concesión, con penas de hasta tres años. También se ha planteado la prohibición de realizar, cadenas radiales entre emisoras comunitarias además de publicidad comercial grabada y propaganda política.
Es por ello que este lunes a las 18 horas habrá una reunión entre los representantes del ministerio Secretaría General de Gobierno y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, la Red de Medios de los Pueblos y la Anarcich, cita en la cual debería haber novedades al respecto.
La nueva ley de radios comunitarias ingresa en la recta final para su pronta aplicación, bajo un ambiente de alerta entre las emisoras y diálogos entre organizaciones sociales y el Gobierno.
La División de Organizaciones Sociales entregó un primer documento sobre cómo se va a certificar a quiénes podrán solicitar concesiones para radios comunitarias, comprobando que las organizaciones solicitantes sean sin fines de lucro.
Pero, además, el Gobierno solicitaría contenidos editoriales a priori, lo que podría ser una forma de aplicar discrecionalmente censura en los procesos de postulación.
María Cristina Riquelme, de radio Nueva era de Talca, señaló que detrás de estas acciones hay una ofensiva contra las emisoras comunitarias.
Existe además un punto no resuelto. Por un período de casi dos años no se podrían abrir concursos radiofónicos, esto impide nuevas postulaciones y con la nueva ley, habría una nueva persecución contra las radios comunitarias que no poseen concesión.
Leopoldo Sarmiento, de radio Primero de Mayo de La Victoria, señaló que a pesar de la nueva normativa, siempre ha existido un escenario de persecución en contra de los medios de comunicación comunitarios.
En tanto, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich) ha defendido la nueva ley que negoció con la subsecretaría de Telecomunicaciones y la Asociación de Radiodifusores de Chile, reconociendo diferentes carencias en la normativa.
Su presidente, Alberto Cancino, legitimó la nueva norma y señaló que: “No es tampoco que estemos asegurando las 300 radios de Anarcich, tenemos que esperar todo un año a que se ordene el espectro en el nuevo marco legislativo. La caza de brujas se forma cuando hay denuncias de diferentes medios de comunicación, cualquier persecución tiene que ser regido por el código civil y nunca por el penal”, aclaró.
Anarcich ha planteado demandas relevantes como la derogación del artículo 36 b de la Ley General de telecomunicaciones, que castiga con cárcel las emisiones sin concesión, con penas de hasta tres años. También se ha planteado la prohibición de realizar, cadenas radiales entre emisoras comunitarias además de publicidad comercial grabada y propaganda política.
Es por ello que este lunes a las 18 horas habrá una reunión entre los representantes del ministerio Secretaría General de Gobierno y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, la Red de Medios de los Pueblos y la Anarcich, cita en la cual debería haber novedades al respecto.
