iversas reacciones ha generado el reconocimiento de Chile al actual gobierno hondureño y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, con el regreso del embajador Sergio Verdugo a Tegucigalpa el viernes.

Desde la Democracia Cristiana, René Saffirio, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, manifestó su preocupación y señaló que la decisión fue “apresurada”.

“Hace sólo dos semanas, una delegación de parlamentarios hondureños estuvo en la comisión de RREE, siendo incapaces de explicar las violaciones de derechos humanos registradas en ese país, con ocasión del golpe de Estado en que se sacó a viva fuerza al Presidente constitucional, de madrugada, desde la residencia Presidencial”.
Saffirio precisó que “no es aceptable que se reconozca un régimen  constituido a partir de la fuerza y la violencia en contra de opositores y periodistas, cuyas muertes continuarán pesando sobre la conciencia de los golpistas”.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, afirmó que con esto, “el Gobierno de Chile se desperfila de la comunidad latinoamericana, hace un reconocimiento adelantado, sin que el Gobierno hondureño haya cumplido todos los compromisos que ha hecho con la comunidad internacional, siendo el principal de ellos el regreso sin condiciones del Presidente Manuel Zelaya”.

Teillier afirmó además que “debiera aclarar el Gobierno si está alineado con EE.UU., con esos intereses”, como han manifestado algunas versiones de prensa y el senador Alejandro Navarro, quien también hizo explícito su rechazo al reconocimiento del gobierno Porfirio Lobo.

“Si la prensa está diciendo que fue por imposición de Estados Unidos, a mí me da vergüenza, porque entonces quiere decir que nosotros no somos nada como país: lo que diga EE.UU. lo vamos a hacer”, sostuvo Teillier.

Las palabras del dirigente comunista apuntaron a que el viernes el canciller Alfredo Moreno, al anunciar la decisión del Gobierno, aludió a un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que constataba “sustantivos avances” en el proceso de normalización democrática y defensa de los derechos humanos en Honduras.

De hecho, el sábado el titular de la OEA, José Miguel Insulza, opinó que “Chile ha tomado una buena decisión, pero no es un tema mío, no es un tema que a la Organización de Estados Americanos le corresponda comentar”.

Por su parte, la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (ACCIÓN) refutó a la OEA manifestando que “después de un año del Golpe de Estado en Honduras, el gobierno de Porfirio Lobo arroja un balance negativo, medido desde la vara de las libertades públicas, los derechos humanos y del restablecimiento pleno del estado de derecho” y señaló que “son estos asuntos pendientes los que una sociedad democrática debiera ponderar en primer lugar, a la hora de normalizar las relaciones diplomáticas”.

Según Martín Pascual, presidente de ACCIÓN, “el restablecimiento de relaciones coordinada, elimina la presión sobre el gobierno de Lobo y dificultará el cumplimiento de los compromisos pendientes”.

Asimismo, informaron que organizaciones de la sociedad civil de América Latina realizaron tres misiones a Honduras durante el 2009 en las que pudieron constatar “graves violaciones a los derechos humanos y vulneración a la libertad de expresión, bloqueo informativo, silenciamiento de medios de comunicación, persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, cierre y hostilización a radios comunitarias, así como censura y expulsión de corresponsales internacionales de prensa internacional. A estas denuncias se suman las de persecución y asesinato a dirigentes  sociales. La situación no ha mejorado durante el gobierno de Porfirio Lobo, elegido como Presidente de Honduras después de un proceso electoral criticado y cuestionado por países y organizaciones sociales hondureñas, debido a la falta de garantías”.

En este sentido,  ACCIÓN demandó al Ejecutivo “un compromiso explícito con el proceso democrático hondureño, que garantice la integridad física de la ciudadanía, y ponga fin a las graves violaciones a los derechos humanos”, considerando la responsabilidad que le cabe a Chile por haber sufrido un golpe de Estado.

El 28 de junio de 2009 una asonada derrotó al Presidente democrático de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue expulsado del país, instalando a Roberto Micheletti al mando del régimen de facto. En la ocasión los países de América Latina condenaron el quiebre institucional, demanda a la que se sumó Chile.  El 29 de noviembre se realizaron elecciones que instalaron a Porfirio Lobo en el poder, pero que fueron cuestionadas en su legitimidad.

Hasta ahora, Chile, Perú, Colombia, México y EE.UU. son los países americanos que reconocen el Gobierno de Porfirio Lobo.