“El gran paso que se ha dado es que se ha justificado la existencia del delito de asociación ilícita terrorista. Están en prisión preventiva sus líderes, también otros sujetos que cumplieron funciones determinantes, en tareas importantes en esta. Además se ha acreditado participación directa en colocaciones de artefactos explosivos, y eso nos deja profundamente satisfechos”.
Con estas palabras, el fiscal Alejandro Peña, que lleva adelante la investigación por el Caso Bombas, afirmó que todos los antecedentes presentados en la audiencia de formalización de los 15 supuestos implicados en los 23 bombazos investigados desde 2005 apuntaban inequívocamente a la presencia de una asociación ilícita terrorista.
En cambio, Miguel Soto Piñeiro, abogado defensor de Candelaria Cortés-Monroy, una de las imputadas por el Caso Bombas, afirmó que los antecedentes presentados el martes por la Fiscalía “disparan para cualquier lado”.
Esto, porque después de haber visto los antecedentes presentados por el fiscal del caso, Alejandro Peña, que incluían documentos, fotos, escuchas telefónicas, archivos computacionales y videos, entre otros, el abogado indica éstos no apuntan claramente a la existencia de una asociación ilícita.
Más bien, según señaló Miguel Soto, se trata de antecedentes dispersos en base a presunciones que pueden también rebatir el propio argumento de la fiscalía.
“Para que haya una asociación ilícita se requiere, primero, que haya una cierta permanencia en el tiempo. Segundo, que sea una organización jerárquicamente estructurada con división de roles entre sus miembros y con una dirección vertical y, tercero, que tenga alguna capacidad operativa. Pero estos antecedentes disparan para cualquier lado”, indicó Soto.
Alberto Espinoza, abogado defensor de Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales Fuhrimann coincidió además con Soto en que el fiscal Alejandro Peña ha hecho su trabajo con “bastante alarde” utilizando los medios de comunicación para construir un prejuicio en el caso, forjando un enjuiciamiento mediático.
Según el abogado, aún están estudiando los antecedentes presentados por la fiscalía, pero a su juicio, no se constituye una asociación ilícita terrorista.
En el caso de los ex lautaristas, Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados como los líderes de la supuesta organización terrorista, el abogado Espinoza presentará hoy un recurso ante la Corte de Apelaciones para objetar la fundamentación de la fiscalía.
“Lo que vamos a objetar es la fundamentación y los antecedentes que a juicio del fiscal permiten hacer la lectura de que eso es suficiente para configurar una asociación ilícita terrorista para justificar posteriormente una prisión preventiva. Nosotros, haciendo una lectura diferente, con esos mismos antecedentes permiten desvirtuar cualquier calificación delictiva a los hechos”, detalló.
El juez del Undécimo Juzgado de Garantía, Roberto Guzmán, determinó un plazo de 180 días para que el Ministerio Público finalice la investigación, tiempo en el que las defensas de los inculpados podrán planificar una estrategia conjunta en base al estudio de los antecedentes ya presentados.
“El gran paso que se ha dado es que se ha justificado la existencia del delito de asociación ilícita terrorista. Están en prisión preventiva sus líderes, también otros sujetos que cumplieron funciones determinantes, en tareas importantes en esta. Además se ha acreditado participación directa en colocaciones de artefactos explosivos, y eso nos deja profundamente satisfechos”.
Con estas palabras, el fiscal Alejandro Peña, que lleva adelante la investigación por el Caso Bombas, afirmó que todos los antecedentes presentados en la audiencia de formalización de los 15 supuestos implicados en los 23 bombazos investigados desde 2005 apuntaban inequívocamente a la presencia de una asociación ilícita terrorista.
En cambio, Miguel Soto Piñeiro, abogado defensor de Candelaria Cortés-Monroy, una de las imputadas por el Caso Bombas, afirmó que los antecedentes presentados el martes por la Fiscalía “disparan para cualquier lado”.
Esto, porque después de haber visto los antecedentes presentados por el fiscal del caso, Alejandro Peña, que incluían documentos, fotos, escuchas telefónicas, archivos computacionales y videos, entre otros, el abogado indica éstos no apuntan claramente a la existencia de una asociación ilícita.
Más bien, según señaló Miguel Soto, se trata de antecedentes dispersos en base a presunciones que pueden también rebatir el propio argumento de la fiscalía.
“Para que haya una asociación ilícita se requiere, primero, que haya una cierta permanencia en el tiempo. Segundo, que sea una organización jerárquicamente estructurada con división de roles entre sus miembros y con una dirección vertical y, tercero, que tenga alguna capacidad operativa. Pero estos antecedentes disparan para cualquier lado”, indicó Soto.
Alberto Espinoza, abogado defensor de Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales Fuhrimann coincidió además con Soto en que el fiscal Alejandro Peña ha hecho su trabajo con “bastante alarde” utilizando los medios de comunicación para construir un prejuicio en el caso, forjando un enjuiciamiento mediático.
Según el abogado, aún están estudiando los antecedentes presentados por la fiscalía, pero a su juicio, no se constituye una asociación ilícita terrorista.
En el caso de los ex lautaristas, Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados como los líderes de la supuesta organización terrorista, el abogado Espinoza presentará hoy un recurso ante la Corte de Apelaciones para objetar la fundamentación de la fiscalía.
“Lo que vamos a objetar es la fundamentación y los antecedentes que a juicio del fiscal permiten hacer la lectura de que eso es suficiente para configurar una asociación ilícita terrorista para justificar posteriormente una prisión preventiva. Nosotros, haciendo una lectura diferente, con esos mismos antecedentes permiten desvirtuar cualquier calificación delictiva a los hechos”, detalló.
El juez del Undécimo Juzgado de Garantía, Roberto Guzmán, determinó un plazo de 180 días para que el Ministerio Público finalice la investigación, tiempo en el que las defensas de los inculpados podrán planificar una estrategia conjunta en base al estudio de los antecedentes ya presentados.
“El gran paso que se ha dado es que se ha justificado la existencia del delito de asociación ilícita terrorista. Están en prisión preventiva sus líderes, también otros sujetos que cumplieron funciones determinantes, en tareas importantes en esta. Además se ha acreditado participación directa en colocaciones de artefactos explosivos, y eso nos deja profundamente satisfechos”.
Con estas palabras, el fiscal Alejandro Peña, que lleva adelante la investigación por el Caso Bombas, afirmó que todos los antecedentes presentados en la audiencia de formalización de los 15 supuestos implicados en los 23 bombazos investigados desde 2005 apuntaban inequívocamente a la presencia de una asociación ilícita terrorista.
En cambio, Miguel Soto Piñeiro, abogado defensor de Candelaria Cortés-Monroy, una de las imputadas por el Caso Bombas, afirmó que los antecedentes presentados el martes por la Fiscalía “disparan para cualquier lado”.
Esto, porque después de haber visto los antecedentes presentados por el fiscal del caso, Alejandro Peña, que incluían documentos, fotos, escuchas telefónicas, archivos computacionales y videos, entre otros, el abogado indica éstos no apuntan claramente a la existencia de una asociación ilícita.
Más bien, según señaló Miguel Soto, se trata de antecedentes dispersos en base a presunciones que pueden también rebatir el propio argumento de la fiscalía.
“Para que haya una asociación ilícita se requiere, primero, que haya una cierta permanencia en el tiempo. Segundo, que sea una organización jerárquicamente estructurada con división de roles entre sus miembros y con una dirección vertical y, tercero, que tenga alguna capacidad operativa. Pero estos antecedentes disparan para cualquier lado”, indicó Soto.
Alberto Espinoza, abogado defensor de Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales Fuhrimann coincidió además con Soto en que el fiscal Alejandro Peña ha hecho su trabajo con “bastante alarde” utilizando los medios de comunicación para construir un prejuicio en el caso, forjando un enjuiciamiento mediático.
Según el abogado, aún están estudiando los antecedentes presentados por la fiscalía, pero a su juicio, no se constituye una asociación ilícita terrorista.
En el caso de los ex lautaristas, Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados como los líderes de la supuesta organización terrorista, el abogado Espinoza presentará hoy un recurso ante la Corte de Apelaciones para objetar la fundamentación de la fiscalía.
“Lo que vamos a objetar es la fundamentación y los antecedentes que a juicio del fiscal permiten hacer la lectura de que eso es suficiente para configurar una asociación ilícita terrorista para justificar posteriormente una prisión preventiva. Nosotros, haciendo una lectura diferente, con esos mismos antecedentes permiten desvirtuar cualquier calificación delictiva a los hechos”, detalló.
El juez del Undécimo Juzgado de Garantía, Roberto Guzmán, determinó un plazo de 180 días para que el Ministerio Público finalice la investigación, tiempo en el que las defensas de los inculpados podrán planificar una estrategia conjunta en base al estudio de los antecedentes ya presentados.
