El conflicto entre el gobierno argentino y los grupos Clarín y La Nación se agudizó ayer luego que la Presidenta Cristina Fernández denunciaran que la empresa que suministra papel para diarios fue apropiada en complicidad con la dictadura (1976-1983) y funcionó durante años irregularmente para favorecer a esos dos grupos periodísticos.
La Presidenta presentó un informe sobre el tema y anunció una investigación judicial sobre presuntas maniobras de grupos periodísticos para adueñarse de Papel Prensa, la mayor proveedora de los periódicos del país (60% del mercado) en un acto con gobernadores, congresistas y empresarios en la Casa Rosada.
En el documento, según la Mandataria, también queda completamente comprobado la existencia de un “pacto de sindicalización”, un convenio de accionistas entre La Nación y Clarín donde se establecía cómo se votaba en las reuniones del directorio supuestamente en favor de los intereses de estos dos grupos y no de los de Papel Prensa SA, en el que el gobierno tiene el 27,5% de las acciones.
El gobierno denunció además, que los grupos Clarín, La Nación y el desaparecido diario La Razón usaron métodos ilegales para asegurar la compra de Papel Prensa durante la dictadura militar, en 1976.
Durante su discurso en la Casa Rosada, la Presidenta Fernández también adelantó el envío al Parlamento de un proyecto para declarar de “interés nacional la producción y distribución de la pasta de celulosa y el papel” para todos los medios de prensa locales.
Paralelamente, el bloque multimedios que lidera el diario Clarín, junto con su socio el diario La Nación en la firma Papel Prensa, emitió un comunicado en el que denuncia “una historia inventada para quedarse” con la compañía papelera.
“Los accionistas privados (mayoritarios: Clarín 49% y La Nación 22,5%) de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”, indicaron en su declaración.
El conflicto entre el gobierno argentino y los grupos Clarín y La Nación se agudizó ayer luego que la Presidenta Cristina Fernández denunciaran que la empresa que suministra papel para diarios fue apropiada en complicidad con la dictadura (1976-1983) y funcionó durante años irregularmente para favorecer a esos dos grupos periodísticos.
La Presidenta presentó un informe sobre el tema y anunció una investigación judicial sobre presuntas maniobras de grupos periodísticos para adueñarse de Papel Prensa, la mayor proveedora de los periódicos del país (60% del mercado) en un acto con gobernadores, congresistas y empresarios en la Casa Rosada.
En el documento, según la Mandataria, también queda completamente comprobado la existencia de un “pacto de sindicalización”, un convenio de accionistas entre La Nación y Clarín donde se establecía cómo se votaba en las reuniones del directorio supuestamente en favor de los intereses de estos dos grupos y no de los de Papel Prensa SA, en el que el gobierno tiene el 27,5% de las acciones.
El gobierno denunció además, que los grupos Clarín, La Nación y el desaparecido diario La Razón usaron métodos ilegales para asegurar la compra de Papel Prensa durante la dictadura militar, en 1976.
Durante su discurso en la Casa Rosada, la Presidenta Fernández también adelantó el envío al Parlamento de un proyecto para declarar de “interés nacional la producción y distribución de la pasta de celulosa y el papel” para todos los medios de prensa locales.
Paralelamente, el bloque multimedios que lidera el diario Clarín, junto con su socio el diario La Nación en la firma Papel Prensa, emitió un comunicado en el que denuncia “una historia inventada para quedarse” con la compañía papelera.
“Los accionistas privados (mayoritarios: Clarín 49% y La Nación 22,5%) de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”, indicaron en su declaración.
El conflicto entre el gobierno argentino y los grupos Clarín y La Nación se agudizó ayer luego que la Presidenta Cristina Fernández denunciaran que la empresa que suministra papel para diarios fue apropiada en complicidad con la dictadura (1976-1983) y funcionó durante años irregularmente para favorecer a esos dos grupos periodísticos.
La Presidenta presentó un informe sobre el tema y anunció una investigación judicial sobre presuntas maniobras de grupos periodísticos para adueñarse de Papel Prensa, la mayor proveedora de los periódicos del país (60% del mercado) en un acto con gobernadores, congresistas y empresarios en la Casa Rosada.
En el documento, según la Mandataria, también queda completamente comprobado la existencia de un “pacto de sindicalización”, un convenio de accionistas entre La Nación y Clarín donde se establecía cómo se votaba en las reuniones del directorio supuestamente en favor de los intereses de estos dos grupos y no de los de Papel Prensa SA, en el que el gobierno tiene el 27,5% de las acciones.
El gobierno denunció además, que los grupos Clarín, La Nación y el desaparecido diario La Razón usaron métodos ilegales para asegurar la compra de Papel Prensa durante la dictadura militar, en 1976.
Durante su discurso en la Casa Rosada, la Presidenta Fernández también adelantó el envío al Parlamento de un proyecto para declarar de “interés nacional la producción y distribución de la pasta de celulosa y el papel” para todos los medios de prensa locales.
Paralelamente, el bloque multimedios que lidera el diario Clarín, junto con su socio el diario La Nación en la firma Papel Prensa, emitió un comunicado en el que denuncia “una historia inventada para quedarse” con la compañía papelera.
“Los accionistas privados (mayoritarios: Clarín 49% y La Nación 22,5%) de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre”, indicaron en su declaración.
