Imitando los semáforos del ministerio de Educación, la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot, entregó una “semaforización” de los territorios de conservación estatal en los cuales existe riesgos importantes al momento de instalar proyectos industriales y energéticos.

Según explicó la secretaria de Estado, se tomó en cuenta la información proporcionada por el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, además de las áreas marinas protegidas, de interés indígena, la planificación territorial con zonas de interés turístico, y a partir de eso, se definió qué áreas eran más precisas que otras para instalar proyectos.

A modo de ejemplo, Parot identificó la zona norte cercana a Arica como un sector de alto nivel de protección, debido a la presencia del Parque Nacional Lauca, propiedades y zonas de desarrollo indígena.

La idea de este nuevo semáforo de terrenos conflictivos es el primer paso de un proceso de vocación territorial en el que se definirá a largo plazo cuáles son los usos que se le darán a los distintos lugares del país.

“Son elementos a tener en cuenta por el Presidente para evaluar la situación en que pueden encontrarse ciertos proyectos. Además, dependiendo de lo que él decida hacer, sería un elemento indicativo para la toma de decisiones. Cuál va a ser la definición que finalmente se le va a dar a esto, es una materia que no me corresponde a mí, es una decisión política que le corresponde al Presidente”, indicó Parot.

Desde las organizaciones ambientalistas señalan que La Moneda está tratando de justificar una decisión arbitraria de cambiar un proyecto que había sido aprobado por los organismos competentes del Gobierno.

Según el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, además la idea del ordenamiento territorial no es nueva, pues en el Congreso descansa un proyecto de ley que no se ha tramitado por falta de interés de las autoridades.

“Nunca se ha querido hacer un proceso democrático de debate respecto de la vocación y los destinos de los territorios que tiene el país. Se requiere un proceso y una legislación de ordenamiento territorial participativa y que al centro estén las incompatibilidades respecto de actividades encéntrales, aéreas protegidas, pueblos indígenas, pero también tienen que ser decidido de manera democrática”, señaló Cuenca.

Paola Vasconi, directora de la Fundación Terram, compartió la opinión de que este proceso de ordenamiento territorial debe ser participativo, pues deben decidirse las autorizaciones a todo tipo de actividades que causan un perjuicio al medioambiente, no sólo en el ámbito energético.

Según señaló la ambientalista, en el debate deben entrar en discusión la ciudadanía, las organizaciones y los sectores productivos.

“Les planteamos que si realmente querían hacer una discusión seria en términos de lo que generaban los conflictos ambientales a nivel del país, tenían que ver el tema del territorio, porque los conflictos ambientales, que no solo se dan entre la comunidad y las empresas, sino también entre sectores productivo,s ocurren en el territorio y ocurren porque no hay una definición estratégica de qué es lo que queremos proteger”, sostuvo Vasconi.

Las organizaciones ambientalistas también apuntaron a la necesidad de que este tipo de ordenamiento territorial forme parte de la nueva institucionalidad ambiental que entrará en vigencia en octubre próximo, lo que no fue descartado por el Gobierno.