Mientras los dueños de la mina San José prestaban declaración en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y pedían disculpas por el siniestro que mantiene enterrados con vida a treinta y tres pirquineros, en la Corte de Apelaciones de Santiago era ingresado un escrito en el cual se solicitaba realizar una junta de accionistas para evaluar la posibilidad de declarar la quiebra de minera San Esteban.
Dicha orgánica deberá nombrar un experto facilitador, el cual analizará la viabilidad legal, contable y financiera de la compañía, determinándose en función de lo dispuesto la insolvencia de la firma.
En el requerimiento que también fue derivado al 17 Juzgado Civil de la capital se pone énfasis en “el mal estado de los negocios” y que “no se puede enfrentar los compromisos inmediatos”.
El gerente general de San Esteban y uno de los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn, agrega en el escrito que incluso ya han debido posponer el pago de una obligación comercial que tenía comprometida la firma.
La decisión de los ejecutivos del yacimiento no fue tomada de buena manera por los familiares de los mineros afectados. El abogado querellante que representa a algunas de las familias, Remberto Valdés, catalogó como grave y contradictoria el trámite iniciado por los empresarios y señaló que están estudiando distintas acciones para impedir el proceso de quiebra.
“Desde el punto de vista práctico el hecho de que logremos obtener la responsabilidad penal de los señores Kermeny y Bohn y además los funcionarios públicos que aparezcan comprometidos hace que esta acción se transforme en ineficaz frente a las acciones de los mineros porque vamos a poder perseguir las indemnizaciones igualmente en sus patrimonios personales. Desde luego que se trata de una acción grave para los mineros e insistió contradictoria con lo que se decía la tarde de ayer ante la Cámara de Diputados. Las disculpas parece que caen nuevamente en el vacío”, indicó el profesional.
Luego de su visita al Congreso en Valparaíso, el ministro de Minería, Laurence Golborne, optó por no calificar la solicitud de quiebra que presentaron los dueños de la mina San José, señalando que será el Poder Judicial quien determinará las condiciones de insolvencia.
Golborne, eso sí, explicó que todos los bienes de la firma deberán ser cautelados por un sindico, el cual deberá responder a todos los acreedores, teniendo preferencia los trabajadores atrapados en el refugio del mineral.
“Lo que ocurre en un proceso de quiebra es que todos los activos y pasivos de la compañia quedan en discusión para ser tratados por un síndico que determina con los activos de esa empresa cómo se pueda responder a todos los acreedores. En primer lugar a los trabajadores que son el principal acreedor y el que tiene los principales derechos sobre esos activos”, explicó el ministro.
En los próximos días los tribunales deberán dictar una resolución respecto de la tramitación del proceso de quiebra que evaluará la junta de accionista de la firma. Antes de eso el magistrado de la causa deberá consultar la opinión de los acreedores.
Mientras los dueños de la mina San José prestaban declaración en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y pedían disculpas por el siniestro que mantiene enterrados con vida a treinta y tres pirquineros, en la Corte de Apelaciones de Santiago era ingresado un escrito en el cual se solicitaba realizar una junta de accionistas para evaluar la posibilidad de declarar la quiebra de minera San Esteban.
Dicha orgánica deberá nombrar un experto facilitador, el cual analizará la viabilidad legal, contable y financiera de la compañía, determinándose en función de lo dispuesto la insolvencia de la firma.
En el requerimiento que también fue derivado al 17 Juzgado Civil de la capital se pone énfasis en “el mal estado de los negocios” y que “no se puede enfrentar los compromisos inmediatos”.
El gerente general de San Esteban y uno de los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn, agrega en el escrito que incluso ya han debido posponer el pago de una obligación comercial que tenía comprometida la firma.
La decisión de los ejecutivos del yacimiento no fue tomada de buena manera por los familiares de los mineros afectados. El abogado querellante que representa a algunas de las familias, Remberto Valdés, catalogó como grave y contradictoria el trámite iniciado por los empresarios y señaló que están estudiando distintas acciones para impedir el proceso de quiebra.
“Desde el punto de vista práctico el hecho de que logremos obtener la responsabilidad penal de los señores Kermeny y Bohn y además los funcionarios públicos que aparezcan comprometidos hace que esta acción se transforme en ineficaz frente a las acciones de los mineros porque vamos a poder perseguir las indemnizaciones igualmente en sus patrimonios personales. Desde luego que se trata de una acción grave para los mineros e insistió contradictoria con lo que se decía la tarde de ayer ante la Cámara de Diputados. Las disculpas parece que caen nuevamente en el vacío”, indicó el profesional.
Luego de su visita al Congreso en Valparaíso, el ministro de Minería, Laurence Golborne, optó por no calificar la solicitud de quiebra que presentaron los dueños de la mina San José, señalando que será el Poder Judicial quien determinará las condiciones de insolvencia.
Golborne, eso sí, explicó que todos los bienes de la firma deberán ser cautelados por un sindico, el cual deberá responder a todos los acreedores, teniendo preferencia los trabajadores atrapados en el refugio del mineral.
“Lo que ocurre en un proceso de quiebra es que todos los activos y pasivos de la compañia quedan en discusión para ser tratados por un síndico que determina con los activos de esa empresa cómo se pueda responder a todos los acreedores. En primer lugar a los trabajadores que son el principal acreedor y el que tiene los principales derechos sobre esos activos”, explicó el ministro.
En los próximos días los tribunales deberán dictar una resolución respecto de la tramitación del proceso de quiebra que evaluará la junta de accionista de la firma. Antes de eso el magistrado de la causa deberá consultar la opinión de los acreedores.
Mientras los dueños de la mina San José prestaban declaración en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y pedían disculpas por el siniestro que mantiene enterrados con vida a treinta y tres pirquineros, en la Corte de Apelaciones de Santiago era ingresado un escrito en el cual se solicitaba realizar una junta de accionistas para evaluar la posibilidad de declarar la quiebra de minera San Esteban.
Dicha orgánica deberá nombrar un experto facilitador, el cual analizará la viabilidad legal, contable y financiera de la compañía, determinándose en función de lo dispuesto la insolvencia de la firma.
En el requerimiento que también fue derivado al 17 Juzgado Civil de la capital se pone énfasis en “el mal estado de los negocios” y que “no se puede enfrentar los compromisos inmediatos”.
El gerente general de San Esteban y uno de los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn, agrega en el escrito que incluso ya han debido posponer el pago de una obligación comercial que tenía comprometida la firma.
La decisión de los ejecutivos del yacimiento no fue tomada de buena manera por los familiares de los mineros afectados. El abogado querellante que representa a algunas de las familias, Remberto Valdés, catalogó como grave y contradictoria el trámite iniciado por los empresarios y señaló que están estudiando distintas acciones para impedir el proceso de quiebra.
“Desde el punto de vista práctico el hecho de que logremos obtener la responsabilidad penal de los señores Kermeny y Bohn y además los funcionarios públicos que aparezcan comprometidos hace que esta acción se transforme en ineficaz frente a las acciones de los mineros porque vamos a poder perseguir las indemnizaciones igualmente en sus patrimonios personales. Desde luego que se trata de una acción grave para los mineros e insistió contradictoria con lo que se decía la tarde de ayer ante la Cámara de Diputados. Las disculpas parece que caen nuevamente en el vacío”, indicó el profesional.
Luego de su visita al Congreso en Valparaíso, el ministro de Minería, Laurence Golborne, optó por no calificar la solicitud de quiebra que presentaron los dueños de la mina San José, señalando que será el Poder Judicial quien determinará las condiciones de insolvencia.
Golborne, eso sí, explicó que todos los bienes de la firma deberán ser cautelados por un sindico, el cual deberá responder a todos los acreedores, teniendo preferencia los trabajadores atrapados en el refugio del mineral.
“Lo que ocurre en un proceso de quiebra es que todos los activos y pasivos de la compañia quedan en discusión para ser tratados por un síndico que determina con los activos de esa empresa cómo se pueda responder a todos los acreedores. En primer lugar a los trabajadores que son el principal acreedor y el que tiene los principales derechos sobre esos activos”, explicó el ministro.
En los próximos días los tribunales deberán dictar una resolución respecto de la tramitación del proceso de quiebra que evaluará la junta de accionista de la firma. Antes de eso el magistrado de la causa deberá consultar la opinión de los acreedores.
