El Instituto Libertad y Desarrollo, a través de un informe donde aborda las “indebidas presiones al gobierno”, se suma al rechazo de la UDI a generar cambios en la Ley Antiterrorista.
El documento señala que “no parece lógico ni conveniente excluir ciertos delitos que, no siendo contra la vida o la integridad de las personas, producen igualmente el efecto deseado por el terrorista: infundir temor en la población o arrancar ilegítimamente resoluciones de autoridad, lo que no es tolerable en democracia”.
Y añade que “más que eliminar delitos, se debe precisar de una mejor manera su tipificación”. Sin embargo, la reforma de gobierno toca tres temas centrales: la calificación de los delitos, la jurisdicción (que hoy se cruza con la justicia militar) y las penalidades.
Mientras, la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, señaló que estas reformas estaban en el programa de gobierno.
Por otra parte, un informe elaborado por inteligencia, entregado el 2009 a la Concertación, descartó las figuras de “zona de guerrillas” o “militarización” al sostener que la causa principal del problema “es el abandono, aislamiento, frustración y pobreza del pueblo indígena”, así como también “la falta de respeto a sus tradiciones, cultura y esencia”.
El informe de 48 páginas relata que a partir de la llamada “Pacificación de la Araucanía”, iniciada el año 1861, la comunidad indígena comenzó a ser víctima, a través de los años, de un verdadero engaño por sus tierras ancestrales, las que finalmente fueron adquiridas por grandes multinacionales y algunos capitalistas chilenos.
Por lo tanto, asume la existencia del conflicto territorial pero indica que “el problema está sólo radicado en una zona cuantitativamente menor en relación a la superficie del territorio nacional”.
Finalmente el texto propone la necesidad de generar mejores condiciones a través de la creación de empleos y el acceso a servicios como salud, comunicaciones, transportes, entre otros que permitan el desarrollo. Un cambio que, aclara, sólo puede lograrse rectificando los proyectos de inversión actuales y reorganizándolos, despolitizando el conflicto y haciendo entender a los implicados la necesidad imperiosa de una real integración.
El Instituto Libertad y Desarrollo, a través de un informe donde aborda las “indebidas presiones al gobierno”, se suma al rechazo de la UDI a generar cambios en la Ley Antiterrorista.
El documento señala que “no parece lógico ni conveniente excluir ciertos delitos que, no siendo contra la vida o la integridad de las personas, producen igualmente el efecto deseado por el terrorista: infundir temor en la población o arrancar ilegítimamente resoluciones de autoridad, lo que no es tolerable en democracia”.
Y añade que “más que eliminar delitos, se debe precisar de una mejor manera su tipificación”. Sin embargo, la reforma de gobierno toca tres temas centrales: la calificación de los delitos, la jurisdicción (que hoy se cruza con la justicia militar) y las penalidades.
Mientras, la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, señaló que estas reformas estaban en el programa de gobierno.
Por otra parte, un informe elaborado por inteligencia, entregado el 2009 a la Concertación, descartó las figuras de “zona de guerrillas” o “militarización” al sostener que la causa principal del problema “es el abandono, aislamiento, frustración y pobreza del pueblo indígena”, así como también “la falta de respeto a sus tradiciones, cultura y esencia”.
El informe de 48 páginas relata que a partir de la llamada “Pacificación de la Araucanía”, iniciada el año 1861, la comunidad indígena comenzó a ser víctima, a través de los años, de un verdadero engaño por sus tierras ancestrales, las que finalmente fueron adquiridas por grandes multinacionales y algunos capitalistas chilenos.
Por lo tanto, asume la existencia del conflicto territorial pero indica que “el problema está sólo radicado en una zona cuantitativamente menor en relación a la superficie del territorio nacional”.
Finalmente el texto propone la necesidad de generar mejores condiciones a través de la creación de empleos y el acceso a servicios como salud, comunicaciones, transportes, entre otros que permitan el desarrollo. Un cambio que, aclara, sólo puede lograrse rectificando los proyectos de inversión actuales y reorganizándolos, despolitizando el conflicto y haciendo entender a los implicados la necesidad imperiosa de una real integración.
El Instituto Libertad y Desarrollo, a través de un informe donde aborda las “indebidas presiones al gobierno”, se suma al rechazo de la UDI a generar cambios en la Ley Antiterrorista.
El documento señala que “no parece lógico ni conveniente excluir ciertos delitos que, no siendo contra la vida o la integridad de las personas, producen igualmente el efecto deseado por el terrorista: infundir temor en la población o arrancar ilegítimamente resoluciones de autoridad, lo que no es tolerable en democracia”.
Y añade que “más que eliminar delitos, se debe precisar de una mejor manera su tipificación”. Sin embargo, la reforma de gobierno toca tres temas centrales: la calificación de los delitos, la jurisdicción (que hoy se cruza con la justicia militar) y las penalidades.
Mientras, la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, señaló que estas reformas estaban en el programa de gobierno.
Por otra parte, un informe elaborado por inteligencia, entregado el 2009 a la Concertación, descartó las figuras de “zona de guerrillas” o “militarización” al sostener que la causa principal del problema “es el abandono, aislamiento, frustración y pobreza del pueblo indígena”, así como también “la falta de respeto a sus tradiciones, cultura y esencia”.
El informe de 48 páginas relata que a partir de la llamada “Pacificación de la Araucanía”, iniciada el año 1861, la comunidad indígena comenzó a ser víctima, a través de los años, de un verdadero engaño por sus tierras ancestrales, las que finalmente fueron adquiridas por grandes multinacionales y algunos capitalistas chilenos.
Por lo tanto, asume la existencia del conflicto territorial pero indica que “el problema está sólo radicado en una zona cuantitativamente menor en relación a la superficie del territorio nacional”.
Finalmente el texto propone la necesidad de generar mejores condiciones a través de la creación de empleos y el acceso a servicios como salud, comunicaciones, transportes, entre otros que permitan el desarrollo. Un cambio que, aclara, sólo puede lograrse rectificando los proyectos de inversión actuales y reorganizándolos, despolitizando el conflicto y haciendo entender a los implicados la necesidad imperiosa de una real integración.
