Tal como lo hemos manifestado en muchas oportunidades, la permanente construcción material de las ciudades chilenas, significa destrucción patrimonial y de redes sociales. Esta paradoja (construcción-destrucción, simultáneas) tiene un denominador común: la expulsión de pobres a la periferia.

A este respecto,  vemos que las ciudades chilenas tienen dos alternativas en su modo de construirse. La primera, intenta maximizar el excedente y la ganancia inmobiliaria, proceso en el cual se sigue destruyendo la arquitectura de la ciudad, sus redes sociales y su patrimonio en general. En este caso, la destrucción de la ciudad es evidente, ya que se vive un proceso de reemplazo de la arquitectura de calidad, de barrios, de redes sociales por edificios gigantescos de departamentos pequeños, costosos y de mala calidad, que no hacen ciudad.

En segundo lugar, existe una alternativa que puede parecer más respetuosa del valor de las dotaciones materiales de carácter patrimonial y barrial. Me refiero a los procesos de renovación urbana, en los cuales hay un respeto por la estructura física de la ciudad, proceso que también es llamado gentrificación.

La situación dramática. Si es que se demuele para construir, se produce expulsión de pobres, y si se recicla, llegan nuevos sectores sociales, se valoriza el suelo urbano, también significa expulsión de pobres (no propietarios) a la periferia.

El desafío, por lo tanto, está en renovar sin destruir el tejido social; en decir Si a los edificios nuevos, pero sin destruir patrimonio físico y redes sociales, es decir sin destruir el barrio, y exigiendo arquitectura de calidad.

Pero, sobre todo el desafío esta en atraer sectores sociales medios altos y retener a los pobres en aquellos que han sido sus lugares tradicionales de habitación.

En definitiva, el desafío es múltiple. Se trata de promover el negocio inmobiliario con una buena arquitectura; de respetar el patrimonio arquitectónico, reciclando las estructuras existentes; y de preservar las redes sociales, evitando la expulsión de pobres.

Para encarar ese desafío es absolutamente necesaria la participación activa del sector público, ya que el mercado no basta para ello.