Los abogados de jueza Karen Atala, encabezado por Helena Olea de Corporación Humanas, Jorge Contesse del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales e Iván Harasic de Libertades Públicas, se refirieron a la demanda contra el Estado de Chile presentada ante la Corte Interamericana de DD.HH. por trato discriminatorio contra Atala.
Este caso marca un “precedente”, aseguraron los legisladores porque en el mundo hay sólo cinco fallos de este tipo, siendo este caso el primero con discriminación sexual.
El siguiente paso es el proceso de notificación de las partes y aunque el Gobierno tome una de las recomendaciones realizadas anteriormente por la Comisión, como formar una mesa de diálogo, el proceso se mantiene.
Iván Harasic manifestó que es necesario buscar una reparación explicando “lo que puede suceder es muy variado, por lo pronto reparar el daño sufrido por Karen Atala y sus hijos desde el punto de vista patrimonial, cosa de la cual hemos estado muy lejos de recibir un contacto ninguno de los organismos que representamos a Karen respecto de recibir una llamada o un acercamiento del Estado de Chile, sino al contrario el ofrecimiento o el parecer del Estado de Chile sobre la reparación fue sugerir que Karen Atala demandará ante la justicia chilena en un juicio de hacienda una posible reparación, y desde un punto de vista de la reparación particular, una cuestión que se transmite a toda la Nación es traducirse en reformas legislativas o incluso Constitucionales”.
El abogado Jorge Contesse explicó las consecuencias que tiene nuestro país bajo este escenario señalando que “es una demanda sin precedentes, es una decisión histórica, es primera vez que la Corte Interamericana tendrá que pronunciarse respecto de la orientación sexual como una causa de discriminación en las personas en la región, y ahora esperamos que en el marco de un juicio ante la CorteIDH, tanto de los peticionarios, como el Estado hagamos valer los argumentos y las pruebas que van a determinar el grado de responsabilidad que le cabe al Estado de Chile. El Estado chileno como cualquier estado miembro de la OEA no es facultativo cumplir o no con las sentencias de la CorteIDH, no son recomendaciones, son sentencias obligatorias para el Estado. Chile hoy es apuntado internacionalmente como una país en que no se respetan los derechos de las personas de orientación sexual diversa”.
Por su lado, Helena Olea, abogada de Corporacion Humanas explicó que “el Estado tiene la posibilidad de allanarse a los hechos y a las pretensiones, otros Estados incluso antes de realizarse la audiencia se allanaron a los hechos y se llega a un acuerdo y no hay audiencia”.
Claudia Sarmiento, investigadora del programa de Mujeres y Derechos Humanos, destacó lo que este caso puede producir en la sociedad chilena, señalando “me parece que la importancia de una eventual sentencia de la CorteIDH sería el indicar que los prejuicios no constituyen un elemento válido para efectos de que el Estado decida sobre los derechos de una persona. Lo que además requiere de un proceso de revisión sobre cómo van a estar funcionando los tribunales nacionales, cómo respetan las normas del debido proceso, cuáles son los motivos que utilizan para decidir sobre un determinado derecho o no, y también es relevante porque podría señalar en forma clara que la orientación sexual de una persona no es un elemento lícito para distinguir, para discriminar”.
Ayer se reunió el Pleno de la Corte Suprema y si bien el tema no se abordó en el pleno, el vocero (s) del máximo tribunal, ministro Hugo Dolmestch, dijo que “este es un problema del Estado de Chile, es él el demandado, no es el Poder Judicial. El Poder Judicial cumplió su misión, dijo sí o dijo no y dijo bien o dijo mal. Si de nuevo se presenta el problema en otro caso, o si hay una petición de decisión jurisdiccional la va a resolver y no necesariamente de ese modo, puede resolverla de otro modo”.
Los abogados de jueza Karen Atala, encabezado por Helena Olea de Corporación Humanas, Jorge Contesse del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales e Iván Harasic de Libertades Públicas, se refirieron a la demanda contra el Estado de Chile presentada ante la Corte Interamericana de DD.HH. por trato discriminatorio contra Atala.
Este caso marca un “precedente”, aseguraron los legisladores porque en el mundo hay sólo cinco fallos de este tipo, siendo este caso el primero con discriminación sexual.
El siguiente paso es el proceso de notificación de las partes y aunque el Gobierno tome una de las recomendaciones realizadas anteriormente por la Comisión, como formar una mesa de diálogo, el proceso se mantiene.
Iván Harasic manifestó que es necesario buscar una reparación explicando “lo que puede suceder es muy variado, por lo pronto reparar el daño sufrido por Karen Atala y sus hijos desde el punto de vista patrimonial, cosa de la cual hemos estado muy lejos de recibir un contacto ninguno de los organismos que representamos a Karen respecto de recibir una llamada o un acercamiento del Estado de Chile, sino al contrario el ofrecimiento o el parecer del Estado de Chile sobre la reparación fue sugerir que Karen Atala demandará ante la justicia chilena en un juicio de hacienda una posible reparación, y desde un punto de vista de la reparación particular, una cuestión que se transmite a toda la Nación es traducirse en reformas legislativas o incluso Constitucionales”.
El abogado Jorge Contesse explicó las consecuencias que tiene nuestro país bajo este escenario señalando que “es una demanda sin precedentes, es una decisión histórica, es primera vez que la Corte Interamericana tendrá que pronunciarse respecto de la orientación sexual como una causa de discriminación en las personas en la región, y ahora esperamos que en el marco de un juicio ante la CorteIDH, tanto de los peticionarios, como el Estado hagamos valer los argumentos y las pruebas que van a determinar el grado de responsabilidad que le cabe al Estado de Chile. El Estado chileno como cualquier estado miembro de la OEA no es facultativo cumplir o no con las sentencias de la CorteIDH, no son recomendaciones, son sentencias obligatorias para el Estado. Chile hoy es apuntado internacionalmente como una país en que no se respetan los derechos de las personas de orientación sexual diversa”.
Por su lado, Helena Olea, abogada de Corporacion Humanas explicó que “el Estado tiene la posibilidad de allanarse a los hechos y a las pretensiones, otros Estados incluso antes de realizarse la audiencia se allanaron a los hechos y se llega a un acuerdo y no hay audiencia”.
Claudia Sarmiento, investigadora del programa de Mujeres y Derechos Humanos, destacó lo que este caso puede producir en la sociedad chilena, señalando “me parece que la importancia de una eventual sentencia de la CorteIDH sería el indicar que los prejuicios no constituyen un elemento válido para efectos de que el Estado decida sobre los derechos de una persona. Lo que además requiere de un proceso de revisión sobre cómo van a estar funcionando los tribunales nacionales, cómo respetan las normas del debido proceso, cuáles son los motivos que utilizan para decidir sobre un determinado derecho o no, y también es relevante porque podría señalar en forma clara que la orientación sexual de una persona no es un elemento lícito para distinguir, para discriminar”.
Ayer se reunió el Pleno de la Corte Suprema y si bien el tema no se abordó en el pleno, el vocero (s) del máximo tribunal, ministro Hugo Dolmestch, dijo que “este es un problema del Estado de Chile, es él el demandado, no es el Poder Judicial. El Poder Judicial cumplió su misión, dijo sí o dijo no y dijo bien o dijo mal. Si de nuevo se presenta el problema en otro caso, o si hay una petición de decisión jurisdiccional la va a resolver y no necesariamente de ese modo, puede resolverla de otro modo”.
Los abogados de jueza Karen Atala, encabezado por Helena Olea de Corporación Humanas, Jorge Contesse del Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales e Iván Harasic de Libertades Públicas, se refirieron a la demanda contra el Estado de Chile presentada ante la Corte Interamericana de DD.HH. por trato discriminatorio contra Atala.
Este caso marca un “precedente”, aseguraron los legisladores porque en el mundo hay sólo cinco fallos de este tipo, siendo este caso el primero con discriminación sexual.
El siguiente paso es el proceso de notificación de las partes y aunque el Gobierno tome una de las recomendaciones realizadas anteriormente por la Comisión, como formar una mesa de diálogo, el proceso se mantiene.
Iván Harasic manifestó que es necesario buscar una reparación explicando “lo que puede suceder es muy variado, por lo pronto reparar el daño sufrido por Karen Atala y sus hijos desde el punto de vista patrimonial, cosa de la cual hemos estado muy lejos de recibir un contacto ninguno de los organismos que representamos a Karen respecto de recibir una llamada o un acercamiento del Estado de Chile, sino al contrario el ofrecimiento o el parecer del Estado de Chile sobre la reparación fue sugerir que Karen Atala demandará ante la justicia chilena en un juicio de hacienda una posible reparación, y desde un punto de vista de la reparación particular, una cuestión que se transmite a toda la Nación es traducirse en reformas legislativas o incluso Constitucionales”.
El abogado Jorge Contesse explicó las consecuencias que tiene nuestro país bajo este escenario señalando que “es una demanda sin precedentes, es una decisión histórica, es primera vez que la Corte Interamericana tendrá que pronunciarse respecto de la orientación sexual como una causa de discriminación en las personas en la región, y ahora esperamos que en el marco de un juicio ante la CorteIDH, tanto de los peticionarios, como el Estado hagamos valer los argumentos y las pruebas que van a determinar el grado de responsabilidad que le cabe al Estado de Chile. El Estado chileno como cualquier estado miembro de la OEA no es facultativo cumplir o no con las sentencias de la CorteIDH, no son recomendaciones, son sentencias obligatorias para el Estado. Chile hoy es apuntado internacionalmente como una país en que no se respetan los derechos de las personas de orientación sexual diversa”.
Por su lado, Helena Olea, abogada de Corporacion Humanas explicó que “el Estado tiene la posibilidad de allanarse a los hechos y a las pretensiones, otros Estados incluso antes de realizarse la audiencia se allanaron a los hechos y se llega a un acuerdo y no hay audiencia”.
Claudia Sarmiento, investigadora del programa de Mujeres y Derechos Humanos, destacó lo que este caso puede producir en la sociedad chilena, señalando “me parece que la importancia de una eventual sentencia de la CorteIDH sería el indicar que los prejuicios no constituyen un elemento válido para efectos de que el Estado decida sobre los derechos de una persona. Lo que además requiere de un proceso de revisión sobre cómo van a estar funcionando los tribunales nacionales, cómo respetan las normas del debido proceso, cuáles son los motivos que utilizan para decidir sobre un determinado derecho o no, y también es relevante porque podría señalar en forma clara que la orientación sexual de una persona no es un elemento lícito para distinguir, para discriminar”.
Ayer se reunió el Pleno de la Corte Suprema y si bien el tema no se abordó en el pleno, el vocero (s) del máximo tribunal, ministro Hugo Dolmestch, dijo que “este es un problema del Estado de Chile, es él el demandado, no es el Poder Judicial. El Poder Judicial cumplió su misión, dijo sí o dijo no y dijo bien o dijo mal. Si de nuevo se presenta el problema en otro caso, o si hay una petición de decisión jurisdiccional la va a resolver y no necesariamente de ese modo, puede resolverla de otro modo”.
