Patricio Aylwin estuvo brillante cuando, siendo presidente de la República, lanzó su frase memorable. Se refería a los atropellos a los Derechos Humanos (DD.HH.). Sin inmutarse siquiera, y con su sonrisa mefistofélica de siempre, dijo: “Se hará justicia en la medida de lo posible”. En tan pocas palabras reconoció que la Justicia se encuentra sometida al poder.  Sea éste económico, militar, religioso, político. Nada que es ciega e imparcial.  Y los ejemplos son muchos.

El caso de los mapuches en huelga de hambre es emblemático.  Permite mirar la realidad político-judicial del país. Los huelguistas reclaman porque han sido juzgados por la ley antiterrorista y porque se les aplicó, además, la Justicia Militar.  La primera, una normativa que castiga en todas parte del mundo acciones destinadas a atentar contra la vida de las personas. Y, por esa vía, provocar terror con alguna finalidad. Pero la ley chilena considera conducta terrorista también atentar contra la propiedad. (Digamos sólo de paso y sin ánimo de comparar magnitudes, que esto de usar el miedo no es privativo de los terroristas.  A menudo los medios de comunicación son utilizados para convencer a los ciudadanos que si dejan de adoptar tal o cual conducta, sus vidas corren riesgo. Las historias de los peligros en las sociedades, sean estadounidense o chilena, ya son lugares comunes.  Y las administraciones respectivas -gobiernos, grupos empresariales, políticos o religiosos- utilizan tales campañas. Lo hacen para imponer determinados modos de proceder, posicionar o destruir imágenes o corrientes ideológicas). La Justicia Militar, en cambio, sólo debe aplicarse a los militares.  Pero en este caso, los civiles mapuches también deberán soportar largas condenas que se superpondrán a las de la justicia civil.

En estos días en que el Gobierno ha intentado superar el problema actuando en distintos frentes, el panorama se ha aclarado. Una cuestión superlativa, el derecho de propiedad aparece como uno de los DD.HH. fundamentales.  Tanto que senadores y diputados, cuales magos recurriendo a sus chisteras, han apelado a los más disímiles argumentos. A mi juicio, el más llamativo fue esgrimido por el diputado democratacristiano Jorge Sabag Villalobos al condenar la propuesta hecha por la oposición concertacionista. Afirmó que “bajo los términos de la indicación, un ataque como el de las Torres Gemelas en Estados Unidos no sería terrorista por ser a la propiedad privada”. Declaración que se produjo luego que su padre, Hosain Sabag Castillo, senador también DC, votara con las fuerzas oficialistas contra la propuesta de su camarada DC, senadora Soledad Alvear. Finalmente, el diputado Sabag no asistió a la sesión en que se votaba el artículo.  La excusa: motivos personales.

En estas erráticas actitudes hay, sin duda, motivos personales.  Pero algunos van más allá que la necesidad de asistir a las exequias de un colaborador, razón que esgrimieron cercanos del diputado.  O algo tan elevado como motivos de conciencia, justificación del senador.  Este último es un próspero empresario maderero y de la construcción. Actividades que no considera provoquen conflictos de intereses a un parlamentario.  Y representa, precisamente, una de las circunscripciones más devastadas por el terremoto de febrero pasado. Allí se encuentran pueblos y ciudades tales como Cobquecura, Coelemu, Bulnes, Ñiquén, Quirihue, Ranquil, San Carlos, Yumbel, Hualpén, Talcahuano, Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juan, Tomé, entre otros. El voto decisivo en el Senado, lo puso Hosain, quien en el área comercial enfrentará un futuro promisorio si cuenta con respaldo oficial para participar en el negocio de la reconstrucción.

Las contradicciones del joven Sabag pueden deberse a otras razones.  Es uno de los diputados cuestionados por cobrar indebidamente arriendos de oficinas inexistentes, que pagó el Parlamento. Por tal motivo es investigado por la Fiscalía de Valparaíso. Un hecho curioso.  La oficina en cuestión aparece como perteneciente a una sociedad de la que es integrante el senador padre del diputado. Es posible que la decisión de no asistir a la crucial votación de la ley antiterrorista haya obedecido a argumentos pragmáticos. Alguien puede haber advertido a Jorge que los parlamentarios de oposición -a la que supuestamente él pertenece y que es mayoría en la Cámara- no echarían al olvido el tema de la defraudación.

Tenía razón Aylwin. El poder determina qué justicia se aplica. Fue así en dictadura y es así ahora. Los mapuches no pueden esperar.  Pareciera que la democracia chilena, tampoco.