El presidente boliviano, Evo Morales, recibió este martes por separado a dirigentes de la prensa que intentaron persuadir al mandatario de eliminar esos artículos de la normativa que el Senado -de amplia mayoría oficialista- discutirá desde este martes, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.
El artículo 16 de la nueva ley señala que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”.
Mientras tanto el artículo 23 indica que cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación “no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Según la Asociación de Periodistas de la Paz este último artículo pone a los trabajadores de medios en la mira del código penas y les quita la posibilidad de “invocar la Ley Imprenta”.
“Le hemos propuesto que se elimine de la Ley contra el Racismo cualquier mención a periodistas y medios de comunicación y que la Ley establezca sanciones legales a quienes difundan ideas racistas”, dijo el representante de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp, tras la reunión con el presidente.
Las patronales Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y Asociación Boliviana de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) mantienen la misma línea y exigen la eliminación de ambos artículos de la legislación contra el racismo.
El oficialismo negó que su ley pretenda menoscabar las libertades de expresión y prensa y prometió, tras una futura promulgación constitucional, concertar una norma reglamentaria.
El vocero presidencial, el periodista Iván Canelas, consideró que sus colegas “están en su derecho de hacer movilizaciones”, frente a la ola de protestas que se intensificó el pasado viernes con paros y marchas de comunicadores en varias regiones del país.
En una escalada del problema, un grupo de trabajadores de la prensa manifestó este martes en las puertas del presidencial palacio Quemado de La Paz en contra de los dos artículos.
Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades como Tarija (sur), donde se registró una movilización de decenas de periodistas, y a Santa Cruz (este), en la que un camarógrafo de un canal local se declaró en huelga de hambre.
Morales dijo el domingo que no abogará ante el Senado por una flexibilización de la norma. “No tengo por qué mediar. Yo defiendo la ley y voy a defenderla porque he sido víctima -desde mi madre, desde mi padre- del racismo y la discriminación”, señaló.
Recientemente un periodista calificó a Morales de “cruce de llama (auquénido andino) con lucifer”, mientras que conductores de radio de Santa Cruz, la región más desarrollada del país, denominaban a la aymara de “raza maldita” y un presentador de televisión amenazaba con pasarse la ley por los genitales.
Con la norma “se trata de que haya respeto porque todos somos iguales, no hay personas de raza maldita ni raza buena; entonces estamos obligados a regular y esa es nuestra obligación”, dijo el mandatario.
Pero el propio mandatario se ha referido a los periodistas en términos despectivos tratando a los comunicadores que lo esperan a la salida de Palacio como “granja de pollos” o “coro de vuvuzelas”.
La derecha boliviana, recalcitrante opositora de Morales, tomó partido en favor de la prensa.
“No se puede entender que con la voluntad de poder consolidar un proyecto absolutista, totalitario y dictatorial entremos a la lógica de coartar y cercenar derechos fundamentales en torno a la libertad de prensa y expresión”, dijo el legislador de derecha Tomás Monasterio.
El presidente boliviano, Evo Morales, recibió este martes por separado a dirigentes de la prensa que intentaron persuadir al mandatario de eliminar esos artículos de la normativa que el Senado -de amplia mayoría oficialista- discutirá desde este martes, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.
El artículo 16 de la nueva ley señala que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”.
Mientras tanto el artículo 23 indica que cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación “no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Según la Asociación de Periodistas de la Paz este último artículo pone a los trabajadores de medios en la mira del código penas y les quita la posibilidad de “invocar la Ley Imprenta”.
“Le hemos propuesto que se elimine de la Ley contra el Racismo cualquier mención a periodistas y medios de comunicación y que la Ley establezca sanciones legales a quienes difundan ideas racistas”, dijo el representante de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp, tras la reunión con el presidente.
Las patronales Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y Asociación Boliviana de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) mantienen la misma línea y exigen la eliminación de ambos artículos de la legislación contra el racismo.
El oficialismo negó que su ley pretenda menoscabar las libertades de expresión y prensa y prometió, tras una futura promulgación constitucional, concertar una norma reglamentaria.
El vocero presidencial, el periodista Iván Canelas, consideró que sus colegas “están en su derecho de hacer movilizaciones”, frente a la ola de protestas que se intensificó el pasado viernes con paros y marchas de comunicadores en varias regiones del país.
En una escalada del problema, un grupo de trabajadores de la prensa manifestó este martes en las puertas del presidencial palacio Quemado de La Paz en contra de los dos artículos.
Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades como Tarija (sur), donde se registró una movilización de decenas de periodistas, y a Santa Cruz (este), en la que un camarógrafo de un canal local se declaró en huelga de hambre.
Morales dijo el domingo que no abogará ante el Senado por una flexibilización de la norma. “No tengo por qué mediar. Yo defiendo la ley y voy a defenderla porque he sido víctima -desde mi madre, desde mi padre- del racismo y la discriminación”, señaló.
Recientemente un periodista calificó a Morales de “cruce de llama (auquénido andino) con lucifer”, mientras que conductores de radio de Santa Cruz, la región más desarrollada del país, denominaban a la aymara de “raza maldita” y un presentador de televisión amenazaba con pasarse la ley por los genitales.
Con la norma “se trata de que haya respeto porque todos somos iguales, no hay personas de raza maldita ni raza buena; entonces estamos obligados a regular y esa es nuestra obligación”, dijo el mandatario.
Pero el propio mandatario se ha referido a los periodistas en términos despectivos tratando a los comunicadores que lo esperan a la salida de Palacio como “granja de pollos” o “coro de vuvuzelas”.
La derecha boliviana, recalcitrante opositora de Morales, tomó partido en favor de la prensa.
“No se puede entender que con la voluntad de poder consolidar un proyecto absolutista, totalitario y dictatorial entremos a la lógica de coartar y cercenar derechos fundamentales en torno a la libertad de prensa y expresión”, dijo el legislador de derecha Tomás Monasterio.
El presidente boliviano, Evo Morales, recibió este martes por separado a dirigentes de la prensa que intentaron persuadir al mandatario de eliminar esos artículos de la normativa que el Senado -de amplia mayoría oficialista- discutirá desde este martes, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.
El artículo 16 de la nueva ley señala que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”.
Mientras tanto el artículo 23 indica que cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación “no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Según la Asociación de Periodistas de la Paz este último artículo pone a los trabajadores de medios en la mira del código penas y les quita la posibilidad de “invocar la Ley Imprenta”.
“Le hemos propuesto que se elimine de la Ley contra el Racismo cualquier mención a periodistas y medios de comunicación y que la Ley establezca sanciones legales a quienes difundan ideas racistas”, dijo el representante de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipp, tras la reunión con el presidente.
Las patronales Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y Asociación Boliviana de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) mantienen la misma línea y exigen la eliminación de ambos artículos de la legislación contra el racismo.
El oficialismo negó que su ley pretenda menoscabar las libertades de expresión y prensa y prometió, tras una futura promulgación constitucional, concertar una norma reglamentaria.
El vocero presidencial, el periodista Iván Canelas, consideró que sus colegas “están en su derecho de hacer movilizaciones”, frente a la ola de protestas que se intensificó el pasado viernes con paros y marchas de comunicadores en varias regiones del país.
En una escalada del problema, un grupo de trabajadores de la prensa manifestó este martes en las puertas del presidencial palacio Quemado de La Paz en contra de los dos artículos.
Las manifestaciones se extendieron a otras ciudades como Tarija (sur), donde se registró una movilización de decenas de periodistas, y a Santa Cruz (este), en la que un camarógrafo de un canal local se declaró en huelga de hambre.
Morales dijo el domingo que no abogará ante el Senado por una flexibilización de la norma. “No tengo por qué mediar. Yo defiendo la ley y voy a defenderla porque he sido víctima -desde mi madre, desde mi padre- del racismo y la discriminación”, señaló.
Recientemente un periodista calificó a Morales de “cruce de llama (auquénido andino) con lucifer”, mientras que conductores de radio de Santa Cruz, la región más desarrollada del país, denominaban a la aymara de “raza maldita” y un presentador de televisión amenazaba con pasarse la ley por los genitales.
Con la norma “se trata de que haya respeto porque todos somos iguales, no hay personas de raza maldita ni raza buena; entonces estamos obligados a regular y esa es nuestra obligación”, dijo el mandatario.
Pero el propio mandatario se ha referido a los periodistas en términos despectivos tratando a los comunicadores que lo esperan a la salida de Palacio como “granja de pollos” o “coro de vuvuzelas”.
La derecha boliviana, recalcitrante opositora de Morales, tomó partido en favor de la prensa.
“No se puede entender que con la voluntad de poder consolidar un proyecto absolutista, totalitario y dictatorial entremos a la lógica de coartar y cercenar derechos fundamentales en torno a la libertad de prensa y expresión”, dijo el legislador de derecha Tomás Monasterio.
