La Fundación Internacional Justicia y Seguridad Verdadera interpuso dos acciones prejudiciales en representación del minero Raúl Bustos para recoger los antecedentes respecto del rescate de los 33 trabajadores y de los datos que tuvo a la vista el funcionario del Sernageomin, Patricio Leiva, para autorizar la reapertura de la mina San José.
El requerimiento interpuesto ante los Undécimo y Vigésimo Tercer juzgados civiles de Santiago además pretende cuantificar los bienes personales del mismo Leiva y de los dueños de la minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, con el fin de que los 33 mineros puedan también interponer recursos ante la justicia civil.
“La quiebra de la compañía minera San Esteban no va a servir para que los señores Bohn y Kemeny puedan eludir sus responsabilidades civiles. Estas acciones son generosas porque buscan también que otras personas, no necesariamente nuestros representados, puedan ejercer estas acciones civiles, incluso el Estado. Tiene que haber un antes y un después de este tremendo episodio que hemos vivido a nivel mundial. No puede ser que estas personas queden en la impunidad y deben pagar los costos del rescate con todo su patrimonio si fuera necesario”, señaló el abogado Remberto Valdés, quien dirige la Fundación que representa al minero que será rescatado en el lugar 30.
Ambos tribunales deberán decidir cuándo fijarán las audiencias en las que los requeridos tendrán que hacer declaración de sus patrimonios personales a través de documentos fidedignos, para abrirlos y quedar a disposición de las diversas demandas civiles que puedan interponer los 33 mineros rescatados.
Las acciones judiciales encabezadas por la Fundación también buscan impulsar un cambio en la legislación para que existan condenas penales para quienes tengan responsabilidad en casos de accidentes similares.
“Dice relación con la penalidad que deben enfrentar aquellos funcionarios públicos que dictan resoluciones manifiestamente injustas contra los ciudadanos, ya sea por omisión o por dolo. Hoy la legislación penal establece penas que son realmente ridículas, por el delito de prevaricación la pena es solamente la suspensión en el cargo público y una multa que no llega ni siquiera a los dos millones de pesos. Eso no puede ser, tiene que haber un cambio drástico”, explicó el abogado Remberto Valdés.
Además, el abogado indicó que buscan generar una serie de modificaciones a las legislaciones que regulan la seguridad minera a través de las fiscalizaciones para que existan sanciones administrativas en casos de negligencia.
La idea es hacer llegar estas propuestas a través de parlamentarios al ministerio de Minería.
La Fundación Internacional Justicia y Seguridad Verdadera interpuso dos acciones prejudiciales en representación del minero Raúl Bustos para recoger los antecedentes respecto del rescate de los 33 trabajadores y de los datos que tuvo a la vista el funcionario del Sernageomin, Patricio Leiva, para autorizar la reapertura de la mina San José.
El requerimiento interpuesto ante los Undécimo y Vigésimo Tercer juzgados civiles de Santiago además pretende cuantificar los bienes personales del mismo Leiva y de los dueños de la minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, con el fin de que los 33 mineros puedan también interponer recursos ante la justicia civil.
“La quiebra de la compañía minera San Esteban no va a servir para que los señores Bohn y Kemeny puedan eludir sus responsabilidades civiles. Estas acciones son generosas porque buscan también que otras personas, no necesariamente nuestros representados, puedan ejercer estas acciones civiles, incluso el Estado. Tiene que haber un antes y un después de este tremendo episodio que hemos vivido a nivel mundial. No puede ser que estas personas queden en la impunidad y deben pagar los costos del rescate con todo su patrimonio si fuera necesario”, señaló el abogado Remberto Valdés, quien dirige la Fundación que representa al minero que será rescatado en el lugar 30.
Ambos tribunales deberán decidir cuándo fijarán las audiencias en las que los requeridos tendrán que hacer declaración de sus patrimonios personales a través de documentos fidedignos, para abrirlos y quedar a disposición de las diversas demandas civiles que puedan interponer los 33 mineros rescatados.
Las acciones judiciales encabezadas por la Fundación también buscan impulsar un cambio en la legislación para que existan condenas penales para quienes tengan responsabilidad en casos de accidentes similares.
“Dice relación con la penalidad que deben enfrentar aquellos funcionarios públicos que dictan resoluciones manifiestamente injustas contra los ciudadanos, ya sea por omisión o por dolo. Hoy la legislación penal establece penas que son realmente ridículas, por el delito de prevaricación la pena es solamente la suspensión en el cargo público y una multa que no llega ni siquiera a los dos millones de pesos. Eso no puede ser, tiene que haber un cambio drástico”, explicó el abogado Remberto Valdés.
Además, el abogado indicó que buscan generar una serie de modificaciones a las legislaciones que regulan la seguridad minera a través de las fiscalizaciones para que existan sanciones administrativas en casos de negligencia.
La idea es hacer llegar estas propuestas a través de parlamentarios al ministerio de Minería.
La Fundación Internacional Justicia y Seguridad Verdadera interpuso dos acciones prejudiciales en representación del minero Raúl Bustos para recoger los antecedentes respecto del rescate de los 33 trabajadores y de los datos que tuvo a la vista el funcionario del Sernageomin, Patricio Leiva, para autorizar la reapertura de la mina San José.
El requerimiento interpuesto ante los Undécimo y Vigésimo Tercer juzgados civiles de Santiago además pretende cuantificar los bienes personales del mismo Leiva y de los dueños de la minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, con el fin de que los 33 mineros puedan también interponer recursos ante la justicia civil.
“La quiebra de la compañía minera San Esteban no va a servir para que los señores Bohn y Kemeny puedan eludir sus responsabilidades civiles. Estas acciones son generosas porque buscan también que otras personas, no necesariamente nuestros representados, puedan ejercer estas acciones civiles, incluso el Estado. Tiene que haber un antes y un después de este tremendo episodio que hemos vivido a nivel mundial. No puede ser que estas personas queden en la impunidad y deben pagar los costos del rescate con todo su patrimonio si fuera necesario”, señaló el abogado Remberto Valdés, quien dirige la Fundación que representa al minero que será rescatado en el lugar 30.
Ambos tribunales deberán decidir cuándo fijarán las audiencias en las que los requeridos tendrán que hacer declaración de sus patrimonios personales a través de documentos fidedignos, para abrirlos y quedar a disposición de las diversas demandas civiles que puedan interponer los 33 mineros rescatados.
Las acciones judiciales encabezadas por la Fundación también buscan impulsar un cambio en la legislación para que existan condenas penales para quienes tengan responsabilidad en casos de accidentes similares.
“Dice relación con la penalidad que deben enfrentar aquellos funcionarios públicos que dictan resoluciones manifiestamente injustas contra los ciudadanos, ya sea por omisión o por dolo. Hoy la legislación penal establece penas que son realmente ridículas, por el delito de prevaricación la pena es solamente la suspensión en el cargo público y una multa que no llega ni siquiera a los dos millones de pesos. Eso no puede ser, tiene que haber un cambio drástico”, explicó el abogado Remberto Valdés.
Además, el abogado indicó que buscan generar una serie de modificaciones a las legislaciones que regulan la seguridad minera a través de las fiscalizaciones para que existan sanciones administrativas en casos de negligencia.
La idea es hacer llegar estas propuestas a través de parlamentarios al ministerio de Minería.
