En las últimas horas han circulado diversas informaciones sobre la gestión del Estado chileno. De una parte, un estudio realizado por la International Budget Partnership ubicó a Chile en un muy buen octavo lugar de transparencia presupuestaria, entre 94 países del mundo, con las solas debilidades de un mejor modelo de fiscalización que hoy impide al Poder Legislativo mayor control en el desempeño intra-anual de este vital instrumento de administración pública.

En paralelo, un informe del Ministerio de Hacienda sobre la actividad de empleados estatales a contrata, excluyendo el Ministerio de Salud y honorarios, reveló que las licencias médicas del sector público duplican a las del privado. Entre los profesionales, el promedio es de 15 días por año y entre los administrativo, de 21 días. En el sector privado, esta cifra es de sólo 7,8 días. Pero lo más grave es que una de cada tres licencias corresponde a trastornos psicológicos y del comportamiento.

En el intertanto, al tiempo que la mesa ampliada de trabajadores del sector público acordó un conciliador 8,9% como reajuste salarial 2011, en la medida que la postura original de 10% era rechazada por el presidente de la CUT, Arturo Martínez, la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, ha calificado a algunos alcaldes de las zonas amagadas por el terremoto de febrero, como “ineficientes”, por la demora en la solución de los problemas derivados del sismo.

¿Qué tienen en común estos hechos? Nos muestra nuevamente ese Estado paradojal del que hemos hablado. En efecto, parece raro que, en un entorno de tan buen comportamiento administrativo como el que se deduce de sus Presupuestos anuales, equilibrados y bien diseñados para efectos de los equilibrios macro, se observe un aumento de licencias médicas y enfermedades mentales. El Estado chileno, no es, al parecer, un buen empleador. Como muchas empresas que critica, tiene buena gerencia, pero mal trata a sus trabajadores.

Chile es de los pocos países con un elevado porcentaje de empleados estatales a honorarios. Ha sido la fórmula que servicios y ministerios han ido imponiendo en el tiempo para suplir problemas de gestión provocados por una estructura que se ha autogenerado, montada en razones políticas, amiguismo o falta de recursos financieros y personal. Súmese a esto la permanente inseguridad laboral detonada por los cambios de Gobierno o jefaturas. Una situación similar se observa en la base del aparato, las municipalidades, endeudadas hasta los tuétanos y, con pocas excepciones, con graves problemas de gerenciación.

El actual Gobierno ha prometido modernizar el Estado. Iniciarla con el sinceramiento de las plantas de trabajadores públicos es una de esas tareas. También lo es profundizar en el mejoramiento de la calidad de sus funcionarios, tanto en el trabajo interno, como en la relación con sus clientes: los ciudadanos. Un reajuste del 8,9% puede ser justo o desproporcionado. No lo sabemos, porque no sabemos si el número de funcionarios del Estado es el óptimo y ni siquiera, si aquellos están bien distribuidos en el sistema. Lo único cierto es que el Estado no podrá seguir predicando como el cura Gatica si no define esta situación y, tras el rediseño, no mejora las condiciones de trabajo de decenas de miles de sus “subcontratados”.