La propuesta del ministerio de Defensa que pretende modificar la ley que destina el 10 por ciento de las ventas de Codelco para la compra de armas será distinta a la enviada por el gobierno de Michelle Bachelet que incluía el financiamiento de las Fuerzas Armadas en la Ley de Presupuesto General de la Nación.
La nueva fórmula impulsada por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, propone un presupuesto de cuatro años para las compras de armas que sería tramitado en el Congreso de manera independiente al Presupuesto.
De ser aprobada esta partida, el monto total se dividiría en cuatro cuotas que pasarían como “gasto permanente” en el proyecto de presupuesto, y estaría enmarcado, a su vez, en una planificación a 12 años que elaborarán las distintas Fuerzas Armadas.
Lo único que rescata el nuevo proyecto del anterior elaborado por la administración de Bachelet es la creación de un “fondo de contingencia” con los dineros aún no gastados de la ley del cobre y que serían utilizados en caso de “crisis y desastres naturales”.
Rodrigo Álvarez, coordinador del área ciudadana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aseguró que se trata una muy buena iniciativa de parte del Ejecutivo: “Que se estudie el Presupuesto para la defensa y seguridad de una manera separada por el Congreso y que esto después sea parte del Presupuesto general es bastante positivo. Esta modificación y el hecho de poder derogar la Ley Reservada del Cobre va a entregar mayor transparencia sobre todo pensando que la antigua ley otorgaba total reserva sobre lo que eran los gastos”, dijo Álvarez.
Mladen Yopo, académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, explicó que esta nueva ley plantea dar transparencia frente a los gastos reservados del cobre y dar un presupuesto estable a la compra de armamentos y municiones.
En este sentido, el experto valoró la nueva planificación estratégica que le otorga estabilidad al financiamiento en la medida que no depende de las fluctuaciones del precio del cobre.
“El término cuatrianual permite una programación de largo plazo. Los procesos de adquisición de armamentos y logística para la defensa en general son largos. Esto se va a adecuar a las necesidades reales del país y a la postura política estratégica. El plan de 12 años está considerando una labor bastante más compleja”, precisó Yopo.
Por su parte, el presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, resaltó como positivo el hecho de que sea el Congreso el que evalúe el presupuesto plurianual del armamento de las Fuerzas Armadas y definir las prioridades. Sin embargo, Alcayaga aseguró que los cambios pueden hacerse manteniendo el 10 por ciento de las ventas de Codelco puesto que su derogación desarmaría a la empresa estatal.
“Esta ley fue lo que permitió que durante el Gobierno Militar no se tocara a Codelco porque, naturalmente, después del golpe de Estado, las transnacionales querían reprivatizar las empresas nacionalizadas. Felizmente, las Fuerzas Armadas contaron con un núcleo nacionalista que se opuso a esto. Justamente instaurar que el 10 por ciento de las ventas de Codelco fueran a las ramas castrenses impidió que se discutiera sobre privatizar Codelco”, afirmó Alcayaga.
Finalmente, el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Manuel Riesco, indicó que le parece “muy bien que se termine con esta cosa absurda de que haya un impuesto con un destino fijo hacia el financiamiento de las compras de las Fuerzas Armadas, peor todavía si este impuesto es el más grande que se cobra en Chile que es el royalty de 10 por ciento que paga Codelco. Eso es un doble discurso lamentable porque en todo el resto de la economía se dice que no pueden haber impuestos que tengan destinos específicos”.
No obstante, el experto subrayó que le parecería muy mal que se terminara con el royalty del 10 por ciento que paga Codelco e incluso recalcó que debiera extenderse al resto de las mineras que operan en Chile.
La nueva fórmula será sometida a una última revisión en el ministerio de Hacienda antes de su despacho al Congreso. Las autoridades confían en que la discusión no se entrampe como sucedió con el Presupuesto 2011, sobre todo considerando que se trata de una reforma a una Ley Orgánica.
La propuesta del ministerio de Defensa que pretende modificar la ley que destina el 10 por ciento de las ventas de Codelco para la compra de armas será distinta a la enviada por el gobierno de Michelle Bachelet que incluía el financiamiento de las Fuerzas Armadas en la Ley de Presupuesto General de la Nación.
La nueva fórmula impulsada por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, propone un presupuesto de cuatro años para las compras de armas que sería tramitado en el Congreso de manera independiente al Presupuesto.
De ser aprobada esta partida, el monto total se dividiría en cuatro cuotas que pasarían como “gasto permanente” en el proyecto de presupuesto, y estaría enmarcado, a su vez, en una planificación a 12 años que elaborarán las distintas Fuerzas Armadas.
Lo único que rescata el nuevo proyecto del anterior elaborado por la administración de Bachelet es la creación de un “fondo de contingencia” con los dineros aún no gastados de la ley del cobre y que serían utilizados en caso de “crisis y desastres naturales”.
Rodrigo Álvarez, coordinador del área ciudadana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aseguró que se trata una muy buena iniciativa de parte del Ejecutivo: “Que se estudie el Presupuesto para la defensa y seguridad de una manera separada por el Congreso y que esto después sea parte del Presupuesto general es bastante positivo. Esta modificación y el hecho de poder derogar la Ley Reservada del Cobre va a entregar mayor transparencia sobre todo pensando que la antigua ley otorgaba total reserva sobre lo que eran los gastos”, dijo Álvarez.
Mladen Yopo, académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, explicó que esta nueva ley plantea dar transparencia frente a los gastos reservados del cobre y dar un presupuesto estable a la compra de armamentos y municiones.
En este sentido, el experto valoró la nueva planificación estratégica que le otorga estabilidad al financiamiento en la medida que no depende de las fluctuaciones del precio del cobre.
“El término cuatrianual permite una programación de largo plazo. Los procesos de adquisición de armamentos y logística para la defensa en general son largos. Esto se va a adecuar a las necesidades reales del país y a la postura política estratégica. El plan de 12 años está considerando una labor bastante más compleja”, precisó Yopo.
Por su parte, el presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, resaltó como positivo el hecho de que sea el Congreso el que evalúe el presupuesto plurianual del armamento de las Fuerzas Armadas y definir las prioridades. Sin embargo, Alcayaga aseguró que los cambios pueden hacerse manteniendo el 10 por ciento de las ventas de Codelco puesto que su derogación desarmaría a la empresa estatal.
“Esta ley fue lo que permitió que durante el Gobierno Militar no se tocara a Codelco porque, naturalmente, después del golpe de Estado, las transnacionales querían reprivatizar las empresas nacionalizadas. Felizmente, las Fuerzas Armadas contaron con un núcleo nacionalista que se opuso a esto. Justamente instaurar que el 10 por ciento de las ventas de Codelco fueran a las ramas castrenses impidió que se discutiera sobre privatizar Codelco”, afirmó Alcayaga.
Finalmente, el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Manuel Riesco, indicó que le parece “muy bien que se termine con esta cosa absurda de que haya un impuesto con un destino fijo hacia el financiamiento de las compras de las Fuerzas Armadas, peor todavía si este impuesto es el más grande que se cobra en Chile que es el royalty de 10 por ciento que paga Codelco. Eso es un doble discurso lamentable porque en todo el resto de la economía se dice que no pueden haber impuestos que tengan destinos específicos”.
No obstante, el experto subrayó que le parecería muy mal que se terminara con el royalty del 10 por ciento que paga Codelco e incluso recalcó que debiera extenderse al resto de las mineras que operan en Chile.
La nueva fórmula será sometida a una última revisión en el ministerio de Hacienda antes de su despacho al Congreso. Las autoridades confían en que la discusión no se entrampe como sucedió con el Presupuesto 2011, sobre todo considerando que se trata de una reforma a una Ley Orgánica.
La propuesta del ministerio de Defensa que pretende modificar la ley que destina el 10 por ciento de las ventas de Codelco para la compra de armas será distinta a la enviada por el gobierno de Michelle Bachelet que incluía el financiamiento de las Fuerzas Armadas en la Ley de Presupuesto General de la Nación.
La nueva fórmula impulsada por el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, propone un presupuesto de cuatro años para las compras de armas que sería tramitado en el Congreso de manera independiente al Presupuesto.
De ser aprobada esta partida, el monto total se dividiría en cuatro cuotas que pasarían como “gasto permanente” en el proyecto de presupuesto, y estaría enmarcado, a su vez, en una planificación a 12 años que elaborarán las distintas Fuerzas Armadas.
Lo único que rescata el nuevo proyecto del anterior elaborado por la administración de Bachelet es la creación de un “fondo de contingencia” con los dineros aún no gastados de la ley del cobre y que serían utilizados en caso de “crisis y desastres naturales”.
Rodrigo Álvarez, coordinador del área ciudadana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, aseguró que se trata una muy buena iniciativa de parte del Ejecutivo: “Que se estudie el Presupuesto para la defensa y seguridad de una manera separada por el Congreso y que esto después sea parte del Presupuesto general es bastante positivo. Esta modificación y el hecho de poder derogar la Ley Reservada del Cobre va a entregar mayor transparencia sobre todo pensando que la antigua ley otorgaba total reserva sobre lo que eran los gastos”, dijo Álvarez.
Mladen Yopo, académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, explicó que esta nueva ley plantea dar transparencia frente a los gastos reservados del cobre y dar un presupuesto estable a la compra de armamentos y municiones.
En este sentido, el experto valoró la nueva planificación estratégica que le otorga estabilidad al financiamiento en la medida que no depende de las fluctuaciones del precio del cobre.
“El término cuatrianual permite una programación de largo plazo. Los procesos de adquisición de armamentos y logística para la defensa en general son largos. Esto se va a adecuar a las necesidades reales del país y a la postura política estratégica. El plan de 12 años está considerando una labor bastante más compleja”, precisó Yopo.
Por su parte, el presidente del Comité de Defensa del Cobre, Julián Alcayaga, resaltó como positivo el hecho de que sea el Congreso el que evalúe el presupuesto plurianual del armamento de las Fuerzas Armadas y definir las prioridades. Sin embargo, Alcayaga aseguró que los cambios pueden hacerse manteniendo el 10 por ciento de las ventas de Codelco puesto que su derogación desarmaría a la empresa estatal.
“Esta ley fue lo que permitió que durante el Gobierno Militar no se tocara a Codelco porque, naturalmente, después del golpe de Estado, las transnacionales querían reprivatizar las empresas nacionalizadas. Felizmente, las Fuerzas Armadas contaron con un núcleo nacionalista que se opuso a esto. Justamente instaurar que el 10 por ciento de las ventas de Codelco fueran a las ramas castrenses impidió que se discutiera sobre privatizar Codelco”, afirmó Alcayaga.
Finalmente, el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Manuel Riesco, indicó que le parece “muy bien que se termine con esta cosa absurda de que haya un impuesto con un destino fijo hacia el financiamiento de las compras de las Fuerzas Armadas, peor todavía si este impuesto es el más grande que se cobra en Chile que es el royalty de 10 por ciento que paga Codelco. Eso es un doble discurso lamentable porque en todo el resto de la economía se dice que no pueden haber impuestos que tengan destinos específicos”.
No obstante, el experto subrayó que le parecería muy mal que se terminara con el royalty del 10 por ciento que paga Codelco e incluso recalcó que debiera extenderse al resto de las mineras que operan en Chile.
La nueva fórmula será sometida a una última revisión en el ministerio de Hacienda antes de su despacho al Congreso. Las autoridades confían en que la discusión no se entrampe como sucedió con el Presupuesto 2011, sobre todo considerando que se trata de una reforma a una Ley Orgánica.
