Después del remezón por las declaraciones del general en retiro Hernán Ramírez  Rurange de que él avisó a Pinochet de un posible atentado a Jaime Guzmán, el juez instructor de la causa continuó apretando silenciosamente -lejos de los focos de atención pública- todas las tuercas de las piezas del caso.

Por ahora, debió dejar en cuaderno separado las consecuencias de lo que le aseveró quien fuera director de Inteligencia del Ejército: que un informante apodado El Noruego transmitió los planes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de asesinar al senador de la UDI y a otros dos miembros derechistas de la Cámara Alta, Sergio Fernández y Sergio Diez. Y que el entonces comandante en jefe del Ejército le contestó que se ocuparía él mismo de hacerle avisar a Jaime Guzmán, disponiéndose de inmediato protección policial a los restantes miembros de la lista mortal.

Lo claro es que el líder del gremialismo nunca fue alertado y así nos lo corroboró quien fuera su amigo y estrecho colaborador, el hoy senador Andrés Chadwick, “a pesar –dijo- de que se disponía  de todos los medios y oportunidades para hacerlo”.

Ha trascendido también que el alto mando de Carabineros, al conocer un informe en la misma línea de su Dirección de Investigaciones Policiales (Dipolcar), acordó darle protección al amenazado, sin que eso se concretara. Como los dos Sergio, Fernández y Diez, niegan que el general Ballerino les haya avisado –como el hombre de confianza de Pinochet sostuvo judicialmente-, el juez se encontró con lo que en privado llamó “un camino sin salida”.

Pero Mario Carroza no ha desechado lo que estima “uno de los misterios del caso” y admite  que “me ha llegado eso”, aludiendo a la razón de no avisar a Guzmán: cobrar, en los inicios del gobierno democrático, una víctima propiciatoria que llevara a clamar por el regreso del general Pinochet a La Moneda para parar el terrorismo.

El senador Chadwick nos dijo que él no puede elaborar una tesis así a partir de conjeturas. Pero agregó: “El antecedente entregado por el general Ramírez lo vamos a investigar y así lo hará el juez Carroza. Da la impresión de que se tuvo la posibilidad de un crimen evitable y me resulta difícil comprender que tratándose de una persona a la que perfectamente se podía ubicar nadie le haya advertido. Hay distintos antecedentes que revelan esa omisión. No logro entenderlo, porque se conocían el teléfono y las rutinas diarias de Jaime. Yo mismo estuve con él todos los días previos al 1 de abril de 1991, fecha en que, como todos los lunes, se quedó en Santiago para su clase en la Católica y su participación en la comisión política del partido”.

(Efectivamente, siempre fue fácil hablar con el accesible político y era frecuente topárselo sin compañía en la calle o en una función de teatro y, antes de ser senador, hasta en la micro).

El juez Carroza, un hombre de palabra fácil y vestir elegante, escucha con interés todos los argumentos después que su actuario recoge las declaraciones de los  citados y las solicitudes de las partes. Tiene a disposición un piso completo -el 11- en los altos de los tribunales de familia, en la santiaguina calle San Antonio. La parte querellante estima que por ahora él debe ir al núcleo central de la investigación, que es determinar responsabilidades como las de los ex frentistas Apablaza y Villanueva, y proseguir con el proceso de extradición de Hernández Norambuena desde Brasil. Para un trámite tan largo y difícil, el magistrado allanó un obstáculo, rebajando la pena de aquél a 30 años.

Pero empático como es, Mario Carroza guarda sus reservas. Íntimamente piensa que la extradición acaso no sea un aporte y sí enrede las cosas, por el “ruido” político que producirá, contaminando un proceso que él se empeña en llevar adelante tan asépticamente como le sea posible.