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Juan Pablo Cárdenas S.

Medios de Comunicación: Impunidad, exterminio y redes sociales

Juan Pablo Cárdenas S. | Lunes 5 de septiembre 2011 10:07 hrs.


Luego de que los partidos de la Concertación fueran desalojados de La Moneda, algunos de sus dirigentes han lamentado su incapacidad de consolidar prensa propia y seguir dependiendo hasta ahora de la cobertura que le otorguen los grandes medios de comunicación escritos y audiovisuales que siguen enseñoreados en nuestro país, pese a que al término de la Dictadura  muchos dudaron de su continuidad. Lo  cierto es que los diarios del duopolio y los grandes canales de televisión no sólo se mantienen con vida sino que han consolidado una excelente situación, especialmente después de que el gobierno de Patricio Aylwin pusiera en práctica una estrategia de exterminio de todos aquellos medios que surgieron y llegaron a ser los más gravitantes pese a las implacables persecuciones que soportaron. Aludimos, por supuesto a pocas revistas y diarios que fueran determinantes en romper el cerco informativo y se constituyeran en los grandes acicates de las protestas, paros y otras formas de movilizaciones que provocaron el término del régimen castrense.

Hoy, por ejemplo, El Mercurio y La Tercera (los primeros diarios autorizados por la Dictadura después del Golpe) son parte de los dos mayores consorcios de periódicos, radioemisoras y portales electrónicos del país. Ambos grupos editoriales concentran más del 60 por ciento de todo lo que se imprime, al tiempo que recaudan una cifra similar o superior de todo el avisaje publicitario. Entre los que hay que contar, también, los recursos de difusión y propaganda del Estado, partidas fiscales que Pinochet dejara amarradas para estos medios mediante contratos que renovaran luego sus sucesores. Además de condonarles las abultadasdeudas que mantenían con el Banco del Estado.

Con la perspectiva que da el tiempo, hoy debemos asumir que la política comunicacional de los gobiernos de la Concertación fue la de asesinar a aquellos medios que en los tiempos difíciles tuvieron el arrojo de combatir a la Dictadura y que después siguieron demandando verdad y justicia respecto de las graves violaciones en contra de los Derechos Humanos. Además de abogar por una economía solidaria, la recuperación de las empresas del estado enajenadas a vil precio, así como reclamar una nueva Carta Fundamental y un régimen electoral genuinamente democrático. Ante el riesgo de que los mismos medios acentuaran la crítica y derivaran a la oposición, es que los estrategas de La Moneda decidieron, entonces, negarle toda forma de colaboración a estos periódicos y revistas, excluyéndolos del avisaje estatal y solicitando a los países europeos, que habían sostenido parte de su financiamiento, a cesar toda ayuda a los mismos, advirtiéndoles que cualquier nuevo aporte a la prensa chilena “sería considerado una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país”. De esta forma es que desde el Gobierno se bloqueara una cuantiosa ayuda final acordada por el estado holandés para los diarios La Época, Fortín Mapocho y las revistas Análisis, Apsi y Hoy, a fin de que pudieran afincarse en lo que estimaban una difícil transición a la democracia. En el caso particular de la primera revista, el propio subsecretario del Interior, Belisario Velasco, organizó un sucio y oneroso operativo para hacerse de esta publicación, sin otro cometido que decidir su cierre definitivo a los pocos meses. Hipócritamente se aludió, entonces, a que “el mercado” había matado a estos medios, cuando las cifras de circulación de éstos jamás han sido superados después por los que fueron mantenidos por la Dictadura y subvencionados, enseguida, por los gobiernos de la Concertación.

Sin prensa que interpelara a las nuevas autoridades, en las últimas dos décadas se sacralizó la Constitución de 1980, se continuó con la privatización de nuestros yacimientos y empresas estatales y sólo se hizo “justicia en la medida de lo posible”, como lo advirtiera el propio Aylwin, en una de sus sentencias más deplorables de su larga trayectoria de contradicciones. La llamada “Transición a la Democracia” nos ha legado una realidad comunicacional en que la falta de diversidad informativa es la que mayormente ha postergado los ideales republicanos y la posibilidad de cambiar una Ley Electoral que mantiene severamente acotada la representatividad del pueblo en las instituciones del Estado. Todo lo cual explica, actualmente, el descrédito generalizado de los partidos políticos que conforman el Gobierno como el Parlamento. Algo muy curioso de nuestra “democracia” es que sean las encuestas, hoy, los instrumentos más recurridos para controlarle el pulso a la opinión pública y advertir que el gobierno de Piñera como las colectividades que se proclaman opositoras compiten estrechamente en los altísimos índices del repudio popular.

Entre los periodistas siempre se comenta que, de haber existido el internet, muy probablemente Pinochet no hubiera permanecido por 17 años en el gobierno. Al mismo tiempo, hoy se reconoce que el estado de descontento, de indignación y protesta social  son tributarios de la acción de esa gran cantidad de medios, páginas y mensajes de la Red y que tuvo su momento estelar con la Revolución de los Pingüinos en 2007, cuando los estudiantes secundarios se levantaron contra de las políticas educacionales impuestas por la Dictadura y mantenidas por los gobiernos posteriores. Explicación que hoy también se le asigna a la revuelta estudiantil, la toma de establecimientos y paralización de las actividades educacionales, en que esta vez los jóvenes no están dispuestos a conformarse con mayores recursos para la enseñanza, sino que acometen por un cambio profundo en la institucionalidad del país, el termino de las desigualdades insultantes y la recuperación de nuestros recursos básicos. Es decir, una verdadera revolución que no reconoce a los referentes políticos del pasado, que levanta sus propios líderes y combina, como nunca antes en nuestra historia, la imaginación, la argucia y el coraje para enfrentar la represión y conseguir el apoyo mayoritario del pueblo.

Complacidos los grandes medios con los nuevos moradores de La Moneda hoy se permiten entregar directrices de cómo las autoridades deben enfrentar el descontento social, criminalizando las protestas y propiciando la más descarnada represión contra las manifestaciones. A 44 años de que los estudiantes de la Universidad Católica extendieran ese lienzo en su Casa Central donde acusaban a El Mercurio de mentiroso, la verdad es que la empresa de Agustín Edwards ha recuperado gran influencia en las decisiones de la política cupular, aunque carece de ascendiente en las ideas y acciones de la amplia mayoría nacional. Las nuevas generaciones navegan por internet, escuchan las pocas radios independientes, portan no más de dos o tres publicaciones contestarías y recurren mucho más a las estaciones de  TV cable para informarse. Tal como la denominada clase política, la televisión abierta suma desconfianza general a la hora de sus noticiarios que, por el contenido y la simultaneidad de sus notas e imágenes, parecen digitados al unísono por el mismo cerebro político.

El propósito es distraer a la opinión pública de los temas relevantes, cuanto sumir a los telespectadores en la frivolidad y  farándula. Donde la crónica policial y los accidentes del  tránsito alcanzan los más altos índices de su alicaído rating. Sin embargo, ya no son muy efectivos estos medios en darnos la imagen de un país idealizado. Los chilenos sacan cuentas, por ejemplo, de que el bullado ingreso per cápita (del que se ufanan ciertos economistas y empresarios) dista sideralmente de los sueldos y salarios de más del 80 por ciento de los trabajadores. Lo que hace patente la profunda inequidad que todos los análisis académicos y políticos observan, pero cuyo común diagnóstico no tiene consecuencia alguna al momento de definir el salario mínimo o reajustar las remuneraciones del sector público.

Vergonzoso resulta que las demandas de verdad, justicia y reparación  respecto de los atentados cometidos contra los Derechos Humanos no hayan logrado sanción al bochornoso desempeño de la prensa uniformada, cómplice y encubridora de espeluznantes crímenes de la Dictadura. En la idea de “encantar a los medios tradicionales”, más que desarrollar nuevas expresiones periodísticas, en estas últimas dos décadas se consolidó la impunidad total para los medios y periodistas abyectos. Salvo algunas pálidas reconvenciones expresadas por el Colegio de Periodistas a algunos de sus afiliados, mientras que el Colegio Médico, al contrario, pudo ser mucho más drástico con los facultativos que integraron los servicios secretos.

En estos días de intensas protestas sociales, muchos lienzos y pancartas exhibidas en las manifestaciones dan cuenta del repudio colectivo al desempeño de la prensa del duopolio y los canales de televisión. De hecho son reiteradas las formas de repudio que estos medios y sus reporteros reciben cuando son identificados en las marchas o en los más diversos actos públicos. Lo mismo les ocurre a los políticos desfachatados que se arriesgan a irrumpir en tales eventos ciudadanos, como el abucheo propinado el mes pasado el ex presidente Lagos en una universidad privada de Viña del Mar.

Desgraciadamente, hay quienes en la política siguen creyendo que los acontecimientos son sólo aquellos que registran los grandes matutinos y canales de televisión, manifestando escaso reconocimiento por las redes sociales, las radios abiertas y comunitarias, como esas nuevas expresiones en papel que se demuestran mucho más gravitantes en las movilizaciones sociales del presente. A modo de ejemplo, resulta de difícil comprensión que las universidades públicas y otro buen número de instituciones de la sociedad civil publiciten en los medios que diariamente demonizan a los universitarios y propician la desvinculación del Estado de los procesos educacionales a favor del lucro perseguido por los colegios y universidades privadas. Una enorme cantidad de recursos que, desde luego, podrían permitirle a éstas erigir sus propios medios de comunicación y difundirse en la red y medios de mucho más alcance y credibilidad que estas decrépitas expresiones.

Aunque la libertad de expresión es un derecho de los individuos y la comunidad organizada, la sociedad chilena aún no adquiere alta conciencia de que la diversidad informativa es fundamental en la formación de la cultura cívica. Comúnmente se les reclama a los periodistas por lo que hacen y no hacen, sin asumir que es misión de todos sancionar los dislates comunicacionales. Apoyando, además, la consolidación de prensa cuya orientación y ética sea alternativa a la ideología y prácticas que se imponen en todo el espectro social de los medios todopoderosos de ayer y de hoy Una condición indispensable en la propagación de las ideas transformadoras y el ejercicio efectivo de la democracia.

*Artículo publicado en Le Monde Diplomatique, edición 122.