El diputado Alberto Robles (PRSD) manifestó en la Comisión Especial de Solicitudes de la Cámara Baja su rechazo a las investigaciones sumarias iniciadas al interior del IPS y exigió que se oficie a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y al actual director del IPS, Eugenio Silva, para detener las investigaciones sumarias de que están siendo objeto los trabajadores de dicha institución.
Los hechos, que ya habían sido denunciados públicamente por los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del IPS (www.anatrinp.cl), son parte de las medidas que instruyeron los directivos del organismo público contra los trabajadores que adhirieron, ya sea de voz o de acción, al paro convocado por la ANEF y la CUT, los días 24 y 25 de agosto pasado.
“Agradecemos la posición y el apoyo del diputado Robles, dado que estas medidas sólo han servido para amedrentar y crear un clima de incertidumbre entre los funcionarios del IPS.
Queremos señalar además que las investigaciones sumarias no sólo han seguido su curso en cinco regiones del país, sino que también se han registrado nuevos despidos, con lo cual el temor a perder la fuente laboral se ha extendido en todas las reparticiones de la Institución”, señaló Arturo Muñoz, presidente subrogante de Anatrinp.
El dirigente, puntualizó que hace una semana se notificaron seis nuevos despidos en Temuco, medida que las autoridades del IPS tomaron sin aviso alguno e informando sobre hechos consumados. A ello se agregan traslados arbitrarios de funcionarios a otras entidades públicas (ya van 25 al SENCE) y se informó de 15 traspasos más.
“No hemos escuchado ninguna posición del nuevo director (Eugenio Silva) respecto a frenar los despidos e investigaciones sumarias, situación que hemos exigido sea revertida, pues el IPS ya cuenta con una dotación funcionaria escasa, que se puede comprobar en las elevadas cargas de trabajo, sobretodo en atención al público, donde los trabajadores deben cumplir con jornadas más allá de los horarios normales”, indicó Muñoz.
El diputado Robles, en su intervención ante el Parlamento apoyó a los funcionarios del IPS que están siendo sancionados, señalando que “es absolutamente razonable que los funcionarios públicos puedan adherir a cualquier posición y manifestarla sin ningún temor. No podemos aceptar que volvamos a hechos anteriores a nuestra actual democracia, cuando la gente no podía expresarse y ni podía emitir opinión sobre las posiciones que sus gremios plantean”.
El parlamentario agregó que: “amenazar con sumarios y con otro tipo de medidas está en contra de las prácticas democráticas de una sociedad como la nuestra. Es inaceptable que directores de servicio a nivel nacional utilicen medidas de amedrentamiento contra funcionarios que pliegan a los movimientos que sus dirigentes gremiales convocan. Esto, en la empresa privada es catalogado como práctica antisindical y está penada por la ley”.
El diputado Alberto Robles (PRSD) manifestó en la Comisión Especial de Solicitudes de la Cámara Baja su rechazo a las investigaciones sumarias iniciadas al interior del IPS y exigió que se oficie a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y al actual director del IPS, Eugenio Silva, para detener las investigaciones sumarias de que están siendo objeto los trabajadores de dicha institución.
Los hechos, que ya habían sido denunciados públicamente por los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del IPS (www.anatrinp.cl), son parte de las medidas que instruyeron los directivos del organismo público contra los trabajadores que adhirieron, ya sea de voz o de acción, al paro convocado por la ANEF y la CUT, los días 24 y 25 de agosto pasado.
“Agradecemos la posición y el apoyo del diputado Robles, dado que estas medidas sólo han servido para amedrentar y crear un clima de incertidumbre entre los funcionarios del IPS.
Queremos señalar además que las investigaciones sumarias no sólo han seguido su curso en cinco regiones del país, sino que también se han registrado nuevos despidos, con lo cual el temor a perder la fuente laboral se ha extendido en todas las reparticiones de la Institución”, señaló Arturo Muñoz, presidente subrogante de Anatrinp.
El dirigente, puntualizó que hace una semana se notificaron seis nuevos despidos en Temuco, medida que las autoridades del IPS tomaron sin aviso alguno e informando sobre hechos consumados. A ello se agregan traslados arbitrarios de funcionarios a otras entidades públicas (ya van 25 al SENCE) y se informó de 15 traspasos más.
“No hemos escuchado ninguna posición del nuevo director (Eugenio Silva) respecto a frenar los despidos e investigaciones sumarias, situación que hemos exigido sea revertida, pues el IPS ya cuenta con una dotación funcionaria escasa, que se puede comprobar en las elevadas cargas de trabajo, sobretodo en atención al público, donde los trabajadores deben cumplir con jornadas más allá de los horarios normales”, indicó Muñoz.
El diputado Robles, en su intervención ante el Parlamento apoyó a los funcionarios del IPS que están siendo sancionados, señalando que “es absolutamente razonable que los funcionarios públicos puedan adherir a cualquier posición y manifestarla sin ningún temor. No podemos aceptar que volvamos a hechos anteriores a nuestra actual democracia, cuando la gente no podía expresarse y ni podía emitir opinión sobre las posiciones que sus gremios plantean”.
El parlamentario agregó que: “amenazar con sumarios y con otro tipo de medidas está en contra de las prácticas democráticas de una sociedad como la nuestra. Es inaceptable que directores de servicio a nivel nacional utilicen medidas de amedrentamiento contra funcionarios que pliegan a los movimientos que sus dirigentes gremiales convocan. Esto, en la empresa privada es catalogado como práctica antisindical y está penada por la ley”.
El diputado Alberto Robles (PRSD) manifestó en la Comisión Especial de Solicitudes de la Cámara Baja su rechazo a las investigaciones sumarias iniciadas al interior del IPS y exigió que se oficie a la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei y al actual director del IPS, Eugenio Silva, para detener las investigaciones sumarias de que están siendo objeto los trabajadores de dicha institución.
Los hechos, que ya habían sido denunciados públicamente por los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del IPS (www.anatrinp.cl), son parte de las medidas que instruyeron los directivos del organismo público contra los trabajadores que adhirieron, ya sea de voz o de acción, al paro convocado por la ANEF y la CUT, los días 24 y 25 de agosto pasado.
“Agradecemos la posición y el apoyo del diputado Robles, dado que estas medidas sólo han servido para amedrentar y crear un clima de incertidumbre entre los funcionarios del IPS.
Queremos señalar además que las investigaciones sumarias no sólo han seguido su curso en cinco regiones del país, sino que también se han registrado nuevos despidos, con lo cual el temor a perder la fuente laboral se ha extendido en todas las reparticiones de la Institución”, señaló Arturo Muñoz, presidente subrogante de Anatrinp.
El dirigente, puntualizó que hace una semana se notificaron seis nuevos despidos en Temuco, medida que las autoridades del IPS tomaron sin aviso alguno e informando sobre hechos consumados. A ello se agregan traslados arbitrarios de funcionarios a otras entidades públicas (ya van 25 al SENCE) y se informó de 15 traspasos más.
“No hemos escuchado ninguna posición del nuevo director (Eugenio Silva) respecto a frenar los despidos e investigaciones sumarias, situación que hemos exigido sea revertida, pues el IPS ya cuenta con una dotación funcionaria escasa, que se puede comprobar en las elevadas cargas de trabajo, sobretodo en atención al público, donde los trabajadores deben cumplir con jornadas más allá de los horarios normales”, indicó Muñoz.
El diputado Robles, en su intervención ante el Parlamento apoyó a los funcionarios del IPS que están siendo sancionados, señalando que “es absolutamente razonable que los funcionarios públicos puedan adherir a cualquier posición y manifestarla sin ningún temor. No podemos aceptar que volvamos a hechos anteriores a nuestra actual democracia, cuando la gente no podía expresarse y ni podía emitir opinión sobre las posiciones que sus gremios plantean”.
El parlamentario agregó que: “amenazar con sumarios y con otro tipo de medidas está en contra de las prácticas democráticas de una sociedad como la nuestra. Es inaceptable que directores de servicio a nivel nacional utilicen medidas de amedrentamiento contra funcionarios que pliegan a los movimientos que sus dirigentes gremiales convocan. Esto, en la empresa privada es catalogado como práctica antisindical y está penada por la ley”.
