Una nueva victoria logró la defensa de los imputados por el caso Bombas en contra del Ministerio Público y el ministerio del Interior, cuyas autoridades pretendían la reincorporación de diversas pruebas consideras “relevantes” para el enjuiciamiento de ocho personas, por asociación ilícita, y seis por colocación de artefactos explosivos.
De las cerca de 7 mil pruebas presentadas por el fiscal Alejandro Peña, sólo quedan 2 mil 316, ya que como comentó Mauricio Daza, uno de los abogados defensores del Caso Bombas, la mayoría de estas pruebas eran “manifiestamente impertinente en algunos casos y otras obtenidas por flagrante vulneración de derechos y garantías mínimas”.
Además del rechazo a la anulación de pruebas, el fallo dividido de la Corte de Apelaciones tampoco dio curso a la solicitud de inhabilidad en contra del juez Luis Avilés, luego que fuera cuestionado el sobreseimiento otorgado al imputado Cristian Cancino y que luego fue revocado por la Corte.
Sobre este aspecto se refirió el abogado Mauricio Daza, para quien incluso pudieron ser más las pruebas rechazadas. “El juez Avilés fue bastante dadivoso con el Ministerio Público, le permitió corregir una acusación que otros jueces hubiesen descartado de plano, quedó corto en la inclusión de pruebas. Hay muchas más pruebas incluidas en la acusación que tampoco cumplen con mínimos parámetros para ser admitidas en un juicio”, sostuvo.
Si bien la Fiscalía Sur aún puede presentar un recurso de queja en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, con esta resolución se avanza hacia la desvinculación de los imputados de cualquier tipo de asociación ilícita, y los abogados además confían que tampoco hay pruebas que vinculen a sus representados con la colocación de artefactos.
A raíz de este caso, se creó una comisión que, como explica Daza, ha presentado una serie de iniciativas legales con que se ha intentado enjuiciar por terrorismo en varios casos en las últimas dos décadas, e indicó que “en ese contexto se armó esta mesa, con parlamentarios y abogados, donde hemos presentado un conjunto de iniciativas legales que tienen por finalidad obtener reformas sustantivas a la ley de conductas terroristas”.
Para Rodrigo Román, también abogado defensor, la resolución se transforma en una nueva derrota para el Ministerio Público, en un caso que cada vez más se acerca a la tesis del montaje en la denominada Operación Salamandra impulsada por el fiscal Alejandro Peña.
Román sostuvo que “hay que ponerle la lápida a un caso que nació muerto. La asociación ilícita terrorista sólo existía en la mente del otro fiscal. Se confirmó lo que indicó la defensa, aquí hay un montaje, una operación política urdida entre el ministerio del Interior y la Fiscalía”.
Si todo sigue su curso normal, a mediados de noviembre se desarrollaría el juicio oral, y con ello el término del Caso Bombas.
Una nueva victoria logró la defensa de los imputados por el caso Bombas en contra del Ministerio Público y el ministerio del Interior, cuyas autoridades pretendían la reincorporación de diversas pruebas consideras “relevantes” para el enjuiciamiento de ocho personas, por asociación ilícita, y seis por colocación de artefactos explosivos.
De las cerca de 7 mil pruebas presentadas por el fiscal Alejandro Peña, sólo quedan 2 mil 316, ya que como comentó Mauricio Daza, uno de los abogados defensores del Caso Bombas, la mayoría de estas pruebas eran “manifiestamente impertinente en algunos casos y otras obtenidas por flagrante vulneración de derechos y garantías mínimas”.
Además del rechazo a la anulación de pruebas, el fallo dividido de la Corte de Apelaciones tampoco dio curso a la solicitud de inhabilidad en contra del juez Luis Avilés, luego que fuera cuestionado el sobreseimiento otorgado al imputado Cristian Cancino y que luego fue revocado por la Corte.
Sobre este aspecto se refirió el abogado Mauricio Daza, para quien incluso pudieron ser más las pruebas rechazadas. “El juez Avilés fue bastante dadivoso con el Ministerio Público, le permitió corregir una acusación que otros jueces hubiesen descartado de plano, quedó corto en la inclusión de pruebas. Hay muchas más pruebas incluidas en la acusación que tampoco cumplen con mínimos parámetros para ser admitidas en un juicio”, sostuvo.
Si bien la Fiscalía Sur aún puede presentar un recurso de queja en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, con esta resolución se avanza hacia la desvinculación de los imputados de cualquier tipo de asociación ilícita, y los abogados además confían que tampoco hay pruebas que vinculen a sus representados con la colocación de artefactos.
A raíz de este caso, se creó una comisión que, como explica Daza, ha presentado una serie de iniciativas legales con que se ha intentado enjuiciar por terrorismo en varios casos en las últimas dos décadas, e indicó que “en ese contexto se armó esta mesa, con parlamentarios y abogados, donde hemos presentado un conjunto de iniciativas legales que tienen por finalidad obtener reformas sustantivas a la ley de conductas terroristas”.
Para Rodrigo Román, también abogado defensor, la resolución se transforma en una nueva derrota para el Ministerio Público, en un caso que cada vez más se acerca a la tesis del montaje en la denominada Operación Salamandra impulsada por el fiscal Alejandro Peña.
Román sostuvo que “hay que ponerle la lápida a un caso que nació muerto. La asociación ilícita terrorista sólo existía en la mente del otro fiscal. Se confirmó lo que indicó la defensa, aquí hay un montaje, una operación política urdida entre el ministerio del Interior y la Fiscalía”.
Si todo sigue su curso normal, a mediados de noviembre se desarrollaría el juicio oral, y con ello el término del Caso Bombas.
Una nueva victoria logró la defensa de los imputados por el caso Bombas en contra del Ministerio Público y el ministerio del Interior, cuyas autoridades pretendían la reincorporación de diversas pruebas consideras “relevantes” para el enjuiciamiento de ocho personas, por asociación ilícita, y seis por colocación de artefactos explosivos.
De las cerca de 7 mil pruebas presentadas por el fiscal Alejandro Peña, sólo quedan 2 mil 316, ya que como comentó Mauricio Daza, uno de los abogados defensores del Caso Bombas, la mayoría de estas pruebas eran “manifiestamente impertinente en algunos casos y otras obtenidas por flagrante vulneración de derechos y garantías mínimas”.
Además del rechazo a la anulación de pruebas, el fallo dividido de la Corte de Apelaciones tampoco dio curso a la solicitud de inhabilidad en contra del juez Luis Avilés, luego que fuera cuestionado el sobreseimiento otorgado al imputado Cristian Cancino y que luego fue revocado por la Corte.
Sobre este aspecto se refirió el abogado Mauricio Daza, para quien incluso pudieron ser más las pruebas rechazadas. “El juez Avilés fue bastante dadivoso con el Ministerio Público, le permitió corregir una acusación que otros jueces hubiesen descartado de plano, quedó corto en la inclusión de pruebas. Hay muchas más pruebas incluidas en la acusación que tampoco cumplen con mínimos parámetros para ser admitidas en un juicio”, sostuvo.
Si bien la Fiscalía Sur aún puede presentar un recurso de queja en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, con esta resolución se avanza hacia la desvinculación de los imputados de cualquier tipo de asociación ilícita, y los abogados además confían que tampoco hay pruebas que vinculen a sus representados con la colocación de artefactos.
A raíz de este caso, se creó una comisión que, como explica Daza, ha presentado una serie de iniciativas legales con que se ha intentado enjuiciar por terrorismo en varios casos en las últimas dos décadas, e indicó que “en ese contexto se armó esta mesa, con parlamentarios y abogados, donde hemos presentado un conjunto de iniciativas legales que tienen por finalidad obtener reformas sustantivas a la ley de conductas terroristas”.
Para Rodrigo Román, también abogado defensor, la resolución se transforma en una nueva derrota para el Ministerio Público, en un caso que cada vez más se acerca a la tesis del montaje en la denominada Operación Salamandra impulsada por el fiscal Alejandro Peña.
Román sostuvo que “hay que ponerle la lápida a un caso que nació muerto. La asociación ilícita terrorista sólo existía en la mente del otro fiscal. Se confirmó lo que indicó la defensa, aquí hay un montaje, una operación política urdida entre el ministerio del Interior y la Fiscalía”.
Si todo sigue su curso normal, a mediados de noviembre se desarrollaría el juicio oral, y con ello el término del Caso Bombas.
