En un momento en que Chile se apresta a batir un record histórico, como ha sucedido todos estos últimos años, en lo que se refiere al crecimiento de la importación de automóviles (y, por lo tanto, de autos circulando por nuestras ciudades), curiosa e inesperadamente surge el debate de la rebaja o eliminación del impuesto específico a los combustibles.

Otra curiosidad relacionada con esta situación es el hecho que en esta demanda coinciden desde los más integristas y ultraliberales defensores del modelo de desarrollo económico, hasta algunos críticos desde el bando “progresista”. Algo similar ocurre entre quienes defienden la mantención de este impuesto, posición en la que participan actores cercanos al gobierno y a la oposición.

En medio de esta confusión, intentemos hacer una aproximación al tema desde la perspectiva del desarrollo de nuestras ciudades ¿Sabía usted que el 60% del impuesto específico a la gasolina lo paga el quintil más rico del país? ¿Sabía usted que el 90% del consumo de bencina está relacionado con el uso de automóviles? Y, sabía además que el 75% de los hogares más pobres no poseen automóvil. Es decir, pese a la gran explosión del consumo de automóvil, éste se centra en los sectores de más altos ingresos. Por lo tanto, plantear demagógicamente la eliminación o disminución de dicho impuesto significará un beneficio a los bolsillos de los sectores más ricos de nuestra sociedad.

Pero también hay que considerar que una baja en los impuestos a la gasolina significará un incentivo para aumentar su consumo y, en consecuencia,  un incentivo al uso del automóvil.

El aumento explosivo y sin control de la circulación de automóviles en nuestras ciudades, además de constituir una aberración técnica, significa una forma de segregación permanente, ya que perjudica el desplazamiento del transporte público, el cual como ya vimos, es utilizado por la gran mayoría de los ciudadanos, especialmente los de menos ingresos.

Esta situación no significa tan solo el aumento de la congestión y contaminación de la ciudad, sino que constituye una opción definitiva de la sociedad por el transporte privado por sobre el transporte público, lo cual demuestra una concepción regresiva y poco democrática de ciudad.

Una tercera curiosidad es el hecho que este planteamiento se reviste con un discurso populista “para favorecer a los sectores medios y pobres”, siendo que en realidad los más favorecidos serían los sectores del quintil de más altos ingresos.

Junto a las movilizaciones por una mayor y mejor educación pública, también  debería caber la lucha por un espacio y transporte público más extendidos y de mejor calidad, lo cual sin duda redundará en una ciudad y una sociedad más democrática e integradora.