Con un “hay que prepararse para los tiempos difíciles” los estudiantes de la Confech han acordado en Valdivia dar por desahuciada la mesa de diálogo con el Gobierno luego de evaluar que las autoridades no dan ningún paso positivo para atender las demandas educacionales. En el cálculo de que los jóvenes tendrían que claudicar y volver a clases, lo cierto es que el oficialismo ha desatendido por más de 5 meses los planteamientos de los jóvenes, profesores y rectores de las universidades. Demandas que, según las encuestas, reciben un respaldo popular cercano al 80 por ciento de la población. Por lo mismo es que las marchas y actos han sido multitudinarios a lo largo de todo el país, a pesar de la brutal represión de Carabineros que ha incluido (como es la convicción de muchos) la infiltración entre los manifestantes de lumpen mercenario destinado a provocar desmanes que desacrediten la movilización social. La prensa uniformada, en tanto, no ha cesado de manipular los acontecimientos en una actitud que demuestra el estado de postración de nuestro periodismo y lo distante que estamos de cumplir los estándares democráticos en cuanto a diversidad informativa. Exceptuando, como siempre, a un puñado de medios de comunicación independientes, analistas decentes y aquel magnífico espacio libertario que hoy ofrecen el internet y las nuevas tecnologías de la comunicación.

La decisión estudiantil de no integrarse a clases le trae un problema severo a los establecimientos educacionales universitarios y secundarios, a sus presupuestos, como a la posibilidad de recibir a las nuevas promociones. Los dirigentes de la Confech están conscientes de ello, pero al mismo tiempo están decididos a no verse burlados nuevamente por las autoridades, como aconteció con el movimiento de los “pingüinos”, en 2006, en que las promesas de La Moneda derivaron en una ley educacional inconsistente e insuficiente y, desde luego, incapaz de resolver las enormes inequidades del sistema educacional, cuanto el creciente deterioro de la educación pública en todos los niveles.

Las más de tres horas en que profesores y estudiantes acometieron el “diálogo” sólo confirmaron la sideral distancia de los interlocutores, entre los que quieren que la educación sea un derecho garantizado para todos, en su acceso y calidad, y los que se satisfacen en que éste sea un producto más del mercado y una buena oportunidad para lucrar. Además de su convicción en cuanto a la necesidad de que la amplia mayoría del país alcance sólo a una instrucción destinada a desempeñarse como mano de obra barata para el sustento de nuestra economía abierta y exportadora.

Ese enorme contraste entre el espíritu republicano que entiende que los estados democráticos deben procurar la gratuidad de la educación y la promoción intelectual de todos sus habitantes, con la ideología de quienes promueven la sociedad oligárquica en que la riqueza debe concentrase en pocas manos así como la cultura, el pensamiento y el ejercicio del sufragio y la representación popular. La incompatibilidad de concepciones entre los líderes de la emancipación republicana de 1810 y los hijos de la Dictadura de 1973 y el régimen acotado que sigue vigente.

El mayor sacrificio de los tiempos que vienen recaerá naturalmente en los jóvenes movilizados que se proponen radicalizar la protesta y hacer frente a la represión, oficio en que los actuales gobernantes tienen real destreza y experiencia como cómplices, instigadores y  ejecutores de la Dictadura que sigue tan viva en sus nostalgias secretas y accionar público. Pero éstos ya comprueban aquí, como en todas las manifestaciones que se suceden en el mundo, que toda la ferocidad policial y militar es incapaz de contener a un pueblo verdaderamente resuelto. Especialmente si asumimos que las demandas educacionales le competen a la inmensa mayoría de los chilenos. Si se entiende, además, que la explosión estudiantil debe llevar a la acción de los trabajadores y de todo un país harto de salarios precarios, derechos sindicales conculcados y despropósitos que atentan contra nuestros pueblos originarios, medio ambiente y recursos naturales. Avalado todo por una Constitución ilegítima en su origen y enmiendas, como por un falso Estado de “derecho” en que sólo se resguardan los privilegios de unos pocos, así como los abusos cometidos por quienes se enseñorean en la salud, el crédito, la administración de las pensiones y hasta en el consumo de los productos más esenciales.

Así como los jóvenes secundarios fueros los primeros en visualizar que su lucha era educacional a la vez que política, hoy todos debemos entender que los meses que vienen serán decisivos para poner fin a todo a un sistema de inaceptables injusticias, discriminaciones y violencia institucionalizada. ¡Que la suerte de los estudiantes y maestros marcará el destino de todos! Y que en todos debe hacerse conducta salir a las calles, demandar justicia, arrinconar a las autoridades y propinarle una derrota definitiva al régimen autoritario que se solapó en una ilusa transición a la democracia, mientras los políticos se constituían en una nueva clase, se corrompían en  el ejercicio del poder y terminaban en completa connivencia con el diseño institucional del pinochetismo. Por lo mismo que entre el oficialismo actual y el de ayer ya no existen matices siquiera de diferencia, como que fueran algunas importantes figuras de la Concertación las que nos auguraran un excelente gobierno de Piñera.

Apuesta que ni la derecha política y los empresarios hicieron, como que ahora están más que seguros que nunca alcanzaron más prosperidad, impunidad y tranquilidad que con los recientemente “desalojados” de La Moneda.