Siete ministros de la Corte Suprema, entre ellos su presidente Milton Juica, suscriben dos oficios dirigidos al Senado, donde solicitan la eliminación de la justicia militar en Chile en tiempos de paz, una modernización del sistema judicial que ya ha sido implementada en países como Francia o Alemania, propuesta a su vez por académicos locales.
“En varios informes hemos sostenido que en un Estado democrático de Derecho no es compatible la existencia de dos sistemas, cuando uno de ellos podría perfectamente asumir la competencia de ambas jurisdicciones”, señaló el ministro Hugo Dolmestch, uno de los juristas que adhiere a la petición realizada desde el Poder Judicial al Congreso.
El documento señala que “hay una justicia impartida por un órgano independiente del persecutor, oportuna, fundada en un procedimiento esencialmente oral, acusatorio; y para otros, una impartida por un órgano vinculado de manera estrecha con el que investiga y, por consiguiente, en la que se ven afectados los principios de imparcialidad e independencia, además de aparecer en la actualidad tardía, sustentada en un proceso escrito e inquisitivo”.
Ante ello, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Jaime Couso, valoró la medida de la Corte Suprema, lo que servirá de precedente a la hora de ungir al Parlamento por mejoras constitucionales que modernicen la justicia chilena.
“Las razones para mantener una justicia militar una vez que se quiten todos los asuntos que involucran a civiles, tanto autores como víctimas, sería tan reducida y al mismo tiempo esa justicia todavía tiene deudas importantes en términos de cómo está compuesta. Debería estar integrada por jueces que formen parte del Poder Judicial y que no sean parte del mando militar, que no haya dependencia de su carrera hacia los superiores. Habría que hacer tantos cambios y al mismo tiempo estaría tan reducida en su jurisdicción que hay pocas razones para mantener la idea de una justicia militar en tiempos de paz, y por países como Alemania tienen un código de justicia militar con pequeñas faltas y delitos militares que no involucran para nada civiles”,sostuvo.
Por su parte, la directora del Centro de Estudios de Justicia de la Universidad de Chile, María Ines Horvitz, argumentó sobre el irregular proceder del modelo de justicia militar en Chile, donde muchas veces los encargados de juzgar, son personas con cargos menores a los acusados, lo que compromete la imparcialidad de una acción judicial.
La directora del CEJ apuntó que “esto significaría mejorar la situación de debido proceso respecto a los propios militares, que también tienen derecho a un debido proceso. En la estructura militar es disfuncional plantear garantías a los militares. No puede ser que quienes juzguen sean personas que son parte de una estructura en servicio activo, que al mismo tiempo de ser jueces reciban órdenes de sus superiores jerárquicos. Para que se haga justicia respecto a delitos cometidos por militares, no puede ser que un general sea juzgado por alguien que tiene cargo de capitán”.
Horvitz es autora de distintos documentos académicos que analizan el caso chileno, contraponiendo a realidades internacionales donde el Código Militar no es aplicado en cualquier delito que contemple civiles, tal como el reciente asesinato de Manuel Gutiérrez, o la muerte de comuneros mapuche a causa de disparos emitidos por Carabineros.
La investigadora sostuvo que no hay razón para mantener esta dualidad de la justicia, y recalcó que “hicimos varios foros para averiguar esas razones legítimas de un Estado de Derecho y no hubo mayor razón por los militares que el hecho de tener conocimientos especiales que no tienen los legos en materia militar, lo que justifica que los militares juzguen a sus pares. Esto tiene una razón histórica, que no se justifica en un estado laico, donde prácticamente los supuestos se pueden mantener, la justicia militar es para un Estado de Guerra y se pretende cambiar para un estado de paz, pero no se justifica en un estado de paz”.
La Corte Suprema emitió estos dos oficios al Senado, de momento en que se discuten modificaciones legislativas que impedirían a la justicia castrense actuar en casos que contemplen civiles, ya sea como autores o víctimas.
Siete ministros de la Corte Suprema, entre ellos su presidente Milton Juica, suscriben dos oficios dirigidos al Senado, donde solicitan la eliminación de la justicia militar en Chile en tiempos de paz, una modernización del sistema judicial que ya ha sido implementada en países como Francia o Alemania, propuesta a su vez por académicos locales.
“En varios informes hemos sostenido que en un Estado democrático de Derecho no es compatible la existencia de dos sistemas, cuando uno de ellos podría perfectamente asumir la competencia de ambas jurisdicciones”, señaló el ministro Hugo Dolmestch, uno de los juristas que adhiere a la petición realizada desde el Poder Judicial al Congreso.
El documento señala que “hay una justicia impartida por un órgano independiente del persecutor, oportuna, fundada en un procedimiento esencialmente oral, acusatorio; y para otros, una impartida por un órgano vinculado de manera estrecha con el que investiga y, por consiguiente, en la que se ven afectados los principios de imparcialidad e independencia, además de aparecer en la actualidad tardía, sustentada en un proceso escrito e inquisitivo”.
Ante ello, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Jaime Couso, valoró la medida de la Corte Suprema, lo que servirá de precedente a la hora de ungir al Parlamento por mejoras constitucionales que modernicen la justicia chilena.
“Las razones para mantener una justicia militar una vez que se quiten todos los asuntos que involucran a civiles, tanto autores como víctimas, sería tan reducida y al mismo tiempo esa justicia todavía tiene deudas importantes en términos de cómo está compuesta. Debería estar integrada por jueces que formen parte del Poder Judicial y que no sean parte del mando militar, que no haya dependencia de su carrera hacia los superiores. Habría que hacer tantos cambios y al mismo tiempo estaría tan reducida en su jurisdicción que hay pocas razones para mantener la idea de una justicia militar en tiempos de paz, y por países como Alemania tienen un código de justicia militar con pequeñas faltas y delitos militares que no involucran para nada civiles”,sostuvo.
Por su parte, la directora del Centro de Estudios de Justicia de la Universidad de Chile, María Ines Horvitz, argumentó sobre el irregular proceder del modelo de justicia militar en Chile, donde muchas veces los encargados de juzgar, son personas con cargos menores a los acusados, lo que compromete la imparcialidad de una acción judicial.
La directora del CEJ apuntó que “esto significaría mejorar la situación de debido proceso respecto a los propios militares, que también tienen derecho a un debido proceso. En la estructura militar es disfuncional plantear garantías a los militares. No puede ser que quienes juzguen sean personas que son parte de una estructura en servicio activo, que al mismo tiempo de ser jueces reciban órdenes de sus superiores jerárquicos. Para que se haga justicia respecto a delitos cometidos por militares, no puede ser que un general sea juzgado por alguien que tiene cargo de capitán”.
Horvitz es autora de distintos documentos académicos que analizan el caso chileno, contraponiendo a realidades internacionales donde el Código Militar no es aplicado en cualquier delito que contemple civiles, tal como el reciente asesinato de Manuel Gutiérrez, o la muerte de comuneros mapuche a causa de disparos emitidos por Carabineros.
La investigadora sostuvo que no hay razón para mantener esta dualidad de la justicia, y recalcó que “hicimos varios foros para averiguar esas razones legítimas de un Estado de Derecho y no hubo mayor razón por los militares que el hecho de tener conocimientos especiales que no tienen los legos en materia militar, lo que justifica que los militares juzguen a sus pares. Esto tiene una razón histórica, que no se justifica en un estado laico, donde prácticamente los supuestos se pueden mantener, la justicia militar es para un Estado de Guerra y se pretende cambiar para un estado de paz, pero no se justifica en un estado de paz”.
La Corte Suprema emitió estos dos oficios al Senado, de momento en que se discuten modificaciones legislativas que impedirían a la justicia castrense actuar en casos que contemplen civiles, ya sea como autores o víctimas.
Siete ministros de la Corte Suprema, entre ellos su presidente Milton Juica, suscriben dos oficios dirigidos al Senado, donde solicitan la eliminación de la justicia militar en Chile en tiempos de paz, una modernización del sistema judicial que ya ha sido implementada en países como Francia o Alemania, propuesta a su vez por académicos locales.
“En varios informes hemos sostenido que en un Estado democrático de Derecho no es compatible la existencia de dos sistemas, cuando uno de ellos podría perfectamente asumir la competencia de ambas jurisdicciones”, señaló el ministro Hugo Dolmestch, uno de los juristas que adhiere a la petición realizada desde el Poder Judicial al Congreso.
El documento señala que “hay una justicia impartida por un órgano independiente del persecutor, oportuna, fundada en un procedimiento esencialmente oral, acusatorio; y para otros, una impartida por un órgano vinculado de manera estrecha con el que investiga y, por consiguiente, en la que se ven afectados los principios de imparcialidad e independencia, además de aparecer en la actualidad tardía, sustentada en un proceso escrito e inquisitivo”.
Ante ello, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Jaime Couso, valoró la medida de la Corte Suprema, lo que servirá de precedente a la hora de ungir al Parlamento por mejoras constitucionales que modernicen la justicia chilena.
“Las razones para mantener una justicia militar una vez que se quiten todos los asuntos que involucran a civiles, tanto autores como víctimas, sería tan reducida y al mismo tiempo esa justicia todavía tiene deudas importantes en términos de cómo está compuesta. Debería estar integrada por jueces que formen parte del Poder Judicial y que no sean parte del mando militar, que no haya dependencia de su carrera hacia los superiores. Habría que hacer tantos cambios y al mismo tiempo estaría tan reducida en su jurisdicción que hay pocas razones para mantener la idea de una justicia militar en tiempos de paz, y por países como Alemania tienen un código de justicia militar con pequeñas faltas y delitos militares que no involucran para nada civiles”,sostuvo.
Por su parte, la directora del Centro de Estudios de Justicia de la Universidad de Chile, María Ines Horvitz, argumentó sobre el irregular proceder del modelo de justicia militar en Chile, donde muchas veces los encargados de juzgar, son personas con cargos menores a los acusados, lo que compromete la imparcialidad de una acción judicial.
La directora del CEJ apuntó que “esto significaría mejorar la situación de debido proceso respecto a los propios militares, que también tienen derecho a un debido proceso. En la estructura militar es disfuncional plantear garantías a los militares. No puede ser que quienes juzguen sean personas que son parte de una estructura en servicio activo, que al mismo tiempo de ser jueces reciban órdenes de sus superiores jerárquicos. Para que se haga justicia respecto a delitos cometidos por militares, no puede ser que un general sea juzgado por alguien que tiene cargo de capitán”.
Horvitz es autora de distintos documentos académicos que analizan el caso chileno, contraponiendo a realidades internacionales donde el Código Militar no es aplicado en cualquier delito que contemple civiles, tal como el reciente asesinato de Manuel Gutiérrez, o la muerte de comuneros mapuche a causa de disparos emitidos por Carabineros.
La investigadora sostuvo que no hay razón para mantener esta dualidad de la justicia, y recalcó que “hicimos varios foros para averiguar esas razones legítimas de un Estado de Derecho y no hubo mayor razón por los militares que el hecho de tener conocimientos especiales que no tienen los legos en materia militar, lo que justifica que los militares juzguen a sus pares. Esto tiene una razón histórica, que no se justifica en un estado laico, donde prácticamente los supuestos se pueden mantener, la justicia militar es para un Estado de Guerra y se pretende cambiar para un estado de paz, pero no se justifica en un estado de paz”.
La Corte Suprema emitió estos dos oficios al Senado, de momento en que se discuten modificaciones legislativas que impedirían a la justicia castrense actuar en casos que contemplen civiles, ya sea como autores o víctimas.
