Producida la quema del bus de Transantiago en Grecia con Macul, se activó una operación política y mediática en las redes internas del gobierno de Sebastián Piñera, que llevó a colocar el foco central en ese hecho por encima de las actividades en torno de la movilización social por la educación.

A pocas horas de producido el hecho, el martes 18 de octubre, hablaron en tono alarmante tres ministros. Los portales electrónicos de los medios privados mantuvieron la noticia del hecho en lugar privilegiado, y la mayoría de canales de televisión y estaciones de radio priorizaron los informes sobre el bus incendiado.

Un medio de prensa reportó que el presidente Piñera estaba impactado por la quema del bus.

En horas de la mañana del martes, en la oficina del titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter, hubo una reunión donde se analizó y finalmente se decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado “contra quienes resulten responsables” del incendio del vehículo. De los “responsables”, por cierto, poco o nada se sabe. Llegaron, efectuaron la acción y pudieron huir, sin que se percataran o actuaran contingentes policiales que ya estaban en la zona. Un hecho puntual, aislado de la manifestación social y que comentaristas, parlamentarios y personas que llamaron a medios de comunicación calificaron de “raro” y “extraño”. A pesar de todo, un episodio que se convirtió en eje comunicacional del gobierno.

En la tarde del martes, se decidió en oficinas gubernamentales que el atentado al bus se convirtiera en pauta mediática y política el día siguiente. Se contactaron varios alcaldes y a la Intendencia y se resolvió presentar una querella contra los responsables del ataque a la micro. Todo en línea con la pauta establecida desde Interior.

Así las cosas, se coordinaron los alcaldes de Ñuñoa, Pedro Sabat, de Recoleta, Sol Letelier, y de Estación Central, Rodrigo Delgado, junto a la Intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, todos de colectividades de derecha afines al gobierno, para sumarse a la agenda del caso del bus.

Junto a eso, el martes se decidió otra acción mediática. Que el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, fuera a visitar al chofer del bus quemado, para darle el tono humano y de sensibilización a la noticia.

Se orientó a las oficinas de comunicaciones de los respectivos ministerios y municipalidades para que esas actividades fueran colocadas en la pauta periodística del miércoles y se buscara relevar en los medios todo lo acontecido por el hecho incendiario.

Así, el gobierno instalaba como eje comunicacional y político la quema del bus en un intento de ponerle un sello de violencia y despropósito a la movilización social por la educación convocada por representativas organizaciones estudiantiles, del magisterio y trabajadores.

La revisión de las acciones de ministros y el tratamiento de la prensa conservadora dan cuenta del armazón mediático tejido desde el gobierno.

Quemado el bus de Transantiago, portales, canales y radios enfatizaron el hecho por encima de otras actividades de la movilización social. Hubo largas notas del suceso, incluida una sobre cómo había quedado el bus. Los medios empresariales y conservadores relevaron la declaración de Hinzpeter donde avisó de la aplicación de la Ley de Seguridad, junto a fotos y despachos que mostraron las llamas en el vehículo y un vespertino apuntó a “los ultras” como posibles autores del ataque.

El ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz habló de acto “vandálico” e “inaceptable”, que superó “toda irracionalidad” y que calificó de “brutalidad inaceptable”. Comentó que con la quema del bus se había afectado a cuatro millones de chilenos.

Luego, el vocero de gobierno, Andrés Chadwick, criticó las acciones de “violentistas” y “vándalos” y dijo que esos “encapuchados” no podían estar en las calles, sino recluidos en las cárceles. Condenó que se atacaran buses y jardines infantiles.

El jefe de Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo que el gobierno debía aplicar la Ley de Seguridad “ante la ferocidad y violencia de los hechos…” y repitió la idea de “agresividad irracional”.

Tono dramático y alarmante. Contrastante con que el vocero Chadwick señalara que “el país está en absoluta normalidad”, al tiempo que su colega en el gabinete, Rodrigo Hinzpeter, anunciara la aplicación de la Ley de Seguridad y que el titular de Transporte reconociera que “hay un plan de contingencia” ante la movilización.

Otro punto de contraste lo colocó José Ancalao, dirigente de la Confech y universitarios mapuches, quien señaló que no hubo Ley de Seguridad ni reacción contundente de ministros cuando un carabinero mató al joven Manuel Gutiérrez en agosto, durante el Paro Nacional. Si ahora visitan al chofer del Transantiago quemado, ninguna alta autoridad visitó a los familiares del muchacho muerto.
Como sea, un bus incendiado se convirtió en pauta mediática prioritaria para el gobierno y marcó su agenda política.