Alcaldes representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para asegurar que el subsecretario de Educación, Fernando Rojas, y el ministro Felipe Bulnes cumplan con la entrega de las subvenciones escolares a los establecimientos municipales.

Johnny Carrasco, edil de Pudahuel y presidente de la comisión de Educación de la Asociación Chile de Municipalidades, señaló que el Estado debe garantizar que el sistema público se fortalezca y no ponga en riesgo el funcionamiento de la institucionalidad, ya bastante endeudada.

“El garantizarlo implica que tiene que hacer los traspasos desde la unidad de subvención escolar para que podamos pagar los sueldos y la previsión de los trabajadores de la educación y también de los profesores y los asistentes”, dijo Carrasco.

Los alcaldes de Lo Prado, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Isla del Maipo y Pudahuel que participaron de esta presentación, están preocupados por la posible baja en la cantidad de matrículas, y por lo tanto, la baja de recursos que entrega el Estado para sostener la educación en sus comunas.

El alcalde Carrasco además plantea que aunque la situación económica de los municipios empeora, no pueden pasar a llevar los derechos de los trabajadores.

“Los colegios han estado con tomas y ese problema que no lo generaron ni los alcaldes, ni los profesores. El Ejecutivo no entrega recursos porque no hay asistencia. Pero ahí están los derechos de los trabajadores que requieren que les paguen su sueldo. Podemos ser demandados los municipios como sostenedores, entonces este problema se está agudizando mucho más”, advirtió la autoridad.

Por su parte, Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín, hizo un llamado a que el Gobierno apure un proyecto de ley para que se paguen las subvenciones escolares con efecto retroactivo, a lo que el ministro Bulnes se comprometió. El alcalde plantea que este recurso  busca defender la subsistencia de la educación pública del país.

“Todos sabemos que si los municipios no han logrado obtener las subvenciones ha sido por una situación de fuerza mayor que es que nuestros liceos y colegios están en toma. Por lo tanto, esta administración no puede pretender que seamos nosotros y los profesores los que asuman el costo de ello. Lo que debe garantizarse para que la educación pública siga funcionando en este país es que se pague las subvenciones. Este recurso de protección, por lo tanto, plantea que existe un derecho de propiedad sobre la subvención lo que permitirá a los padres y apoderados que sus hijos sigan en la educación pública”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Lo Prado Gonzalo Navarrete, señaló que hay preocupación por las condiciones que podría poner el gobierno para la entrega de las subvenciones, y aclara que la responsabilidad de poner fin a este conflicto es del gobierno y en ningún caso desalojarán los establecimientos en toma.

“El término del conflicto es responsabilidad del Gobierno y no de cada uno de nosotros. No vamos a caer en las políticas de desalojo como Labbe. No es esa la manera. Por lo tanto, el mismo llamado a que el Gobierno resuelva este problema. Mientras eso se arregla debe traspasar 20 mil millones de pesos, sino nos va a endeudar y si esa es la forma en que se va a acabar la educación pública no estamos de acuerdo”, sentenció Navarrete.

Algunos municipios no han recibido recursos desde junio, y el 45% de las municipalidades no recibieron las subvenciones de octubre. En Putaendo, Arica y Punta Arenas ya anunciaron que tendrán que dejar de pagar los sueldos de profesores y asistentes.