El 31 de diciembre de 2012 termina el período de diez años otorgado por el Gobierno a la industria pesquera para explotar los recursos del mar en Chile, firmado como Ley Corta en 2002 y que, en el nuevo proceso que impulsa el ministro de Economía Pablo Longueira, se podría renovar en 20 más.

El compromiso que se adquirió en ese tiempo, bajo la administración de Ricardo Lagos, era la conservación de los recursos marinos, incorporarlos a la dieta de los chilenos, generar empleo y fortalecer las comunidades costeras.

Sin embargo, el informe entregado hace un año por el anterior ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, fue lapidario: “Hemos constatado que los principales recursos pesqueros exhiben una fuerte sobreexplotación,  lo que pone en riesgo la sustentabilidad de la actividad en el largo plazo”, señalaba el jefe del ramo sobre la base del estudio, que comprobaba que el 49 por ciento de la pesquería está colapsada.

Aún mayor es la preocupación luego de las reuniones y declaraciones que ha sostenido el ministro Longueira con el sector pesquero industrial. El jefe de la cartera aseguró que en aquellas cuotas de pesca que no se liciten,  las empresas tendrán que pagar patente y royalty.

Juan Carlos Cárdenas, director ejecutivo de Ecoceanos, señala que la discusión es mucho más profunda, ya que esta podría ser la última oportunidad para que el Estado recupere los recursos entregados a las familias Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes exportan alrededor de 4 mil millones de dólares anuales y que se han agrupado en tres grandes conglomerados, incluso dejando a dos mil trabajadores cesantes.

“El 31 de diciembre de 2012 este sistema se acaba y eso constituye una oportunidad histórica tanto para el Estado como para la sociedad chilena de recuperar los recursos pesqueros del  país, los cuales han sido sobreexplotados y colapsados sin misericordia por la codicia de estos tres conglomerados pesqueros industriales”, sentenció el ambientalistas.

En esa línea, resultan muy clarificadoras las cifras que aporta la explotación del jurel. En 1994 se extraía 4 millones y medio de toneladas anuales, sin incluir un 20 por ciento adicional aproximado de capturas no registradas. Sin embargo la extracción del recurso se ha reducido a menos de 300 mil toneladas al año.

Situación que habría se habría desatado porque durante muchos años se explotó al 18 por ciento por sobre la capacidad máxima de captura, sin regulación ni fiscalización de las instituciones del Estado.

Por lo mismo, Cárdenas indicó que es necesario decir “no a la privatización de las pesquerías, ni a la especulación de los recursos pesqueros del país a través de su ingreso al sistema de compra, venta y arriendo de estas cuotas de pesca”.

El experto insiste en que hay que abrir la discusión e incluir a la ciudadanía y apunta a modificar instancias como el Consejo Nacional de Pesca, en cuanto a su representatividad y capacidad de resolución.

Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach)  plantea que la discusión sobre las licitaciones distrae la atención del tema de fondo, que se relaciona con cambiar el modelo de administración de los recursos que ha despojado a Chile, como sexta pesquería mundial, de la posibilidad de un alto ingreso fiscal.

“Los empresarios pesqueros pueden discutir entre ellos porque para nosotros el tema de fondo es la administración de los recursos. Por lo tanto es bueno que no se siga discutiendo sobre la licitación, sino sobre la administración pesquera”, precisó el dirigente.

Caracciolo señala que están en un proceso interno de discusión para preparar una arremetida que sitúe sus demandas como tema central para asegurar la sustentabilidad del sector, protegiendo los empleos y devolviendo los recursos pesqueros a todos los chilenos.