La Corte Suprema acaba de anular un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y decide condenar a las tres empresas de telefonía celular por coludirse para impedir el ingreso de otros competidores en el negocio. La misma situación por la cual se acusa a las empresas avícolas y por las que se procesó a las tres principales cadenas de farmacias. Un delito reiterado cometido por empresarios y gerentes a objeto de repartirse el mercado del consumo, fijar precios y vulnerar flagrantemente los derechos de los consumidores. Millones de chilenos que están a la intemperie por estas prácticas económicas ilícitas que se demoran largo tiempo en ser sancionadas por la Justicia y ante las cuales se advierte la negligencia culpable de las autoridades políticas y los entes fiscalizadores. Así como de las organizaciones patronales y referentes profesionales que se cruzan de brazos frente a los flagrantes atentados éticos de sus afiliados.

El país tiene la sensación de que de la práctica de las confabulaciones y componendas se producen a escala general. El inicio de la post dictadura, que para algunos sería la transición a la democracia, se fundó en los arreglos secretos de la clase política, con los militares y los diversos poderes fácticos, mientras el pueblo combatía en las calles y reclamaba verdad, justicia y reparaciones que después de dos décadas se han conseguido muy limitadamente. Se trataba de darle impunidad a los crímenes de Pinochet, quien fue incluso rescatado y traído al país para impedir una sentencia internacional. Colusión que sirvió, asimismo, para dejar en la impunidad el gran despojo que se le hizo al Estado de sus principales empresas,  para entregárselas a vil precio a los inescrupulosos “hombres de negocios” locales y, posteriormente, revendidas a los inversionistas extranjeros.

Colusión sistemática en el Parlamento para evitar o postergar por años importantes reformas políticas a fin de repartirse y perpetuarse en los cupos, fueros y prebendas legislativas, evitar una profunda reforma tributaria y negarle espacio a los ciudadanos en la toma de decisiones. Acuerdos cupulares para repartirse los cargos de los Tribunales, del Banco Central, los directorios de Codelco y otras reparticiones fiscales. Complicidad mutua de oficialistas y “opositores” para echarle tierra, por ejemplo,  a los negociados en las obras públicas, el Transantiago y las municipalidades. Para darle, incluso,  amparo en Chile a uno de los principales  narcotraficantes del mundo, como Amado Carrillo,  a quien se les brindo cédulas de identidad y visas para sus secuaces, a cambio de que viniera a “aceitar” las maquinarias electorales y el funcionamiento de los estudios de abogados expertos en defender delincuentes de alto calibre. O de “cuello y corbata”, como se los sindica.

Colusiones en el negocio del fútbol, para consolidar universidades con fines de lucro y repartirse amigablemente hasta las concesiones para la revisión técnica de los automóviles. Para “tercerizar” los trabajos de la gran minería del cobre y conseguir mano de obra con salarios que no alcanzan ni la mitad del de los contratados por Codelco. Confabulaciones entre el Consejo Minero y algunos medios de comunicación para urdir intrigas y conseguir la inhabilidad de un senador empeñado en que las grandes compañías paguen un royalty decente por vaciar nuestros yacimientos. Confabulación  entre los gobiernos y la directiva de la CUT para burlar todos los años las demandas salariales, para comprar el voto  de diputados “izquierdistas” como René Alinco que, a dos días de apoyar al oficialismo, va a La Moneda a cobrar su comisión. Bochornosa colusión para otorgarles a algunos fieles clientes  electorales la pensión de los exonerados, sin que jamás hayan sido despedidos de su trabajo por razones políticas.

L as demoníacas colusiones al interior de la Iglesia Católica para realizar y tapar los abusos sexuales de obispos y sacerdotes.  Karadimas, Cox y Ezzatis descarriados del Evangelio y cometiendo el más grave de todos los pecados: escandalizar a los niños. Así como se encubre, bajo pretexto del secreto de estado y la seguridad, los negociados de los militares en la adquisición de armas y los despropósitos que éstos cometen en su discrecionalidad protegida por los políticos que les temen. Lo que muy posiblemente condujo llevó a la muerte a un grupo distinguido de chilenos en la tragedia aérea de Juan Fernández.

Colusiones de los más prósperos mandamases del retail, también, para fijar los precios de los productos esenciales. Hasta para venderle al fisco la solidaria colecta argentina  para las víctimas del terremoto, en un escándalo más en que aparece  implicado un ricachón como Paulmann, paradójicamente celebrado como “emprendedor” en mérito del ingenio que tiene para esquivar las leyes laborales y tributarias.

Colusiones partidarias que ya se negocian para acomodarse a la posibilidad de que millones de votantes asuman su derecho a voto (pese a que ahora será solo será voluntario), a objeto de inhibir la concurrencia de los más jóvenes y  pobres. Colectividades que pactarán y se concertarán sin apego alguno a sus convicciones políticas (si es que las mantienen), sin otro propósito que permanecer apegado a las diversas ubres fiscales. Suma y sigue en el país de las colusiones, gracias a que tenemos un régimen político todavía más pinochetista que democrático. Lo que se explica por la concentración y falta de diversidad informativa. En un modelo económico que se sustenta en la desigualdad. En la corrupción de la política, el sindicalismo y de los propios referentes éticos.