Las sombras del proyecto que restringe el ingreso a Isla de Pascua y Juan Fernández
El Parlamento tramita una reforma constitucional para que una ley pueda limitar la residencia y desplazamiento en los territorios insulares, con el argumento de permitir un desarrollo "sustentable". Sin embargo, hay cuestionamientos por que se afectan derechos constitucionales y podría haber discrminación. "Preocupa que puedan aparecer listas de Schindler", dicen los expertos.
Domingo 25 de diciembre 2011 9:08 hrs.
Las salas de la Cámara de Diputados y del Senado votarían en enero la reforma al artículo 126 bis de la Constitución, aprobada el pasado miércoles en comisión mixta, que permitirá restringir los derechos de permanencia, residencia y libre circulación en los territorios especiales de Juan Fernández e Isla de Pascua.
La aprobación fue celebrada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como una medida que permitirá proteger no solo medio ambientalmente, sino también culturalmente esas zonas del país. “Las razones que hemos tenido a la vista para hacer esta reforma constitucional son básicamente un aprecio, un cariño y una admiración profunda, grande y sincera respecto de la gente del pueblo Rapa Nui y también de los territorios de Isla de Pascua y Juan Fernández”, dijo.
La modificación fue aprobada con el voto de María José Hofmann (UDI), Ramón Farías (PPD), Hosaín Sabag (DC), Edmundo Eluchans (UDI), Joaquín Godoy (RN), Carlos Bianchi (IND) y el presidente, Víctor Pérez (UDI).
El único que se opuso fue el diputado Aldo Cornejo (DC), porque “el Gobierno presentó una indicación en que eliminó como propósito la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable”.
Cornejo relató que durante la discusión, el ministro Hinzpeter argumentó que si se mantenía la protección del medio ambiente como objetivo, “iban a haber otros lugares, y puso el caso de Puchuncaví, que iban a pedir lo mismo”.
Por eso, aseguró que “este Gobierno no tiene ningún interés en proteger el medio ambiente y no solo en la Isla de Pascua. Por el contrario, parece que proteger el medio ambiente para ellos es un problema”, agregó Cornejo.
Antes, la iniciativa había sido rechazada por la Cámara, donde diputados como René Saffirio (DC) expusieron sus reparos: “Estoy de acuerdo con que se establezcan normas especiales, pero no afectando otras garantías constitucionales como la libertad de desplazamiento, porque si uno extrema las cosas, podría ocurrir que el día de mañana yo tenga que pedir visa para ir a Isla de Pascua o Juan Fernández. Y estamos dentro del territorio nacional, entonces no me parece”, dijo.
Saffirio agregó que, bajo el argumento de la protección al medio ambiente, también territorios como La Araucanía o las Torres del Paine deberían tener condiciones especiales.
Respecto a ese punto, el senador Bianchi -que dio su respaldo- indicó que “la isla no resiste mucho más. No es un capricho ni una situación particular de la gente de los isleños. Es un tema que, por la capacidad de la propia isla es que no se le puede colocar una mayor carga, fundamentalmente de personas”.
Sin embargo, consideró que “perfectamente puede el día de mañana considerarse que otros lugares también deben tener tratamiento especial”.
Por su parte, el director del Centro de Estudios de Isla de Pascua y Oceanía de la Universidad de Chile, Claudio Cristino, advirtió que la razón de fondo “no es la bandera de lucha del medio ambiente” y que se busca legalizar “diferencias odiosas”. En esa línea, dejó entrever que puede utilizarse para discriminar a quiénes llegan a ambos territorios: “Me preocupa que el día de mañana puedan aparecer listas de Schindler”, sintetizó.
El especialista se mostró partidario de regular la migración y el ingreso turístico, pero rechazó el mecanismo utilizado por el Gobierno: “Eso es un problema interno de cada comunidad, que tienen las estructuras, organizaciones y representantes para poder manejarlo. Es un problema doméstico. Es decir, si no quiere que venga gente, no la traiga; si no quiere que se queden, no les dé trabajo; si la gente no tiene donde vivir, no puede quedarse. No veo qué tiene que ver ahí una reforma constitucional que consagra una diferenciación dentro del contexto del país que me parece inconveniente, por decir lo menos”, señaló.
Para Claudio Cristino, hay una “contradicción evidente” en el proyecto: “Restringimos la circulación de gente de Chile, pero por otro lado promovemos explosivamente la llegada de turistas. Entonces, cómo conciliamos las dos cosas. Por ahí va la gran pregunta de qué estamos hablando en realidad”, señaló. “El impacto que tienen 50 o 60 mil turistas en un lugar como la Isla de Pascua es el problema real, no la residencia de un par de centenares de personas”.
De todos modos, la norma que definiría los tiempos de permanencia, residencia y circulación recién será enviada por el Ejecutivo como otro proyecto de ley cuando la reforma constitucional pase por las salas de ambas cámaras.
Las salas de la Cámara de Diputados y del Senado votarían en enero la reforma al artículo 126 bis de la Constitución, aprobada el pasado miércoles en comisión mixta, que permitirá restringir los derechos de permanencia, residencia y libre circulación en los territorios especiales de Juan Fernández e Isla de Pascua.
La aprobación fue celebrada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como una medida que permitirá proteger no solo medio ambientalmente, sino también culturalmente esas zonas del país. “Las razones que hemos tenido a la vista para hacer esta reforma constitucional son básicamente un aprecio, un cariño y una admiración profunda, grande y sincera respecto de la gente del pueblo Rapa Nui y también de los territorios de Isla de Pascua y Juan Fernández”, dijo.
La modificación fue aprobada con el voto de María José Hofmann (UDI), Ramón Farías (PPD), Hosaín Sabag (DC), Edmundo Eluchans (UDI), Joaquín Godoy (RN), Carlos Bianchi (IND) y el presidente, Víctor Pérez (UDI).
El único que se opuso fue el diputado Aldo Cornejo (DC), porque “el Gobierno presentó una indicación en que eliminó como propósito la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable”.
Cornejo relató que durante la discusión, el ministro Hinzpeter argumentó que si se mantenía la protección del medio ambiente como objetivo, “iban a haber otros lugares, y puso el caso de Puchuncaví, que iban a pedir lo mismo”.
Por eso, aseguró que “este Gobierno no tiene ningún interés en proteger el medio ambiente y no solo en la Isla de Pascua. Por el contrario, parece que proteger el medio ambiente para ellos es un problema”, agregó Cornejo.
Antes, la iniciativa había sido rechazada por la Cámara, donde diputados como René Saffirio (DC) expusieron sus reparos: “Estoy de acuerdo con que se establezcan normas especiales, pero no afectando otras garantías constitucionales como la libertad de desplazamiento, porque si uno extrema las cosas, podría ocurrir que el día de mañana yo tenga que pedir visa para ir a Isla de Pascua o Juan Fernández. Y estamos dentro del territorio nacional, entonces no me parece”, dijo.
Saffirio agregó que, bajo el argumento de la protección al medio ambiente, también territorios como La Araucanía o las Torres del Paine deberían tener condiciones especiales.
Respecto a ese punto, el senador Bianchi -que dio su respaldo- indicó que “la isla no resiste mucho más. No es un capricho ni una situación particular de la gente de los isleños. Es un tema que, por la capacidad de la propia isla es que no se le puede colocar una mayor carga, fundamentalmente de personas”.
Sin embargo, consideró que “perfectamente puede el día de mañana considerarse que otros lugares también deben tener tratamiento especial”.
Por su parte, el director del Centro de Estudios de Isla de Pascua y Oceanía de la Universidad de Chile, Claudio Cristino, advirtió que la razón de fondo “no es la bandera de lucha del medio ambiente” y que se busca legalizar “diferencias odiosas”. En esa línea, dejó entrever que puede utilizarse para discriminar a quiénes llegan a ambos territorios: “Me preocupa que el día de mañana puedan aparecer listas de Schindler”, sintetizó.
El especialista se mostró partidario de regular la migración y el ingreso turístico, pero rechazó el mecanismo utilizado por el Gobierno: “Eso es un problema interno de cada comunidad, que tienen las estructuras, organizaciones y representantes para poder manejarlo. Es un problema doméstico. Es decir, si no quiere que venga gente, no la traiga; si no quiere que se queden, no les dé trabajo; si la gente no tiene donde vivir, no puede quedarse. No veo qué tiene que ver ahí una reforma constitucional que consagra una diferenciación dentro del contexto del país que me parece inconveniente, por decir lo menos”, señaló.
Para Claudio Cristino, hay una “contradicción evidente” en el proyecto: “Restringimos la circulación de gente de Chile, pero por otro lado promovemos explosivamente la llegada de turistas. Entonces, cómo conciliamos las dos cosas. Por ahí va la gran pregunta de qué estamos hablando en realidad”, señaló. “El impacto que tienen 50 o 60 mil turistas en un lugar como la Isla de Pascua es el problema real, no la residencia de un par de centenares de personas”.
De todos modos, la norma que definiría los tiempos de permanencia, residencia y circulación recién será enviada por el Ejecutivo como otro proyecto de ley cuando la reforma constitucional pase por las salas de ambas cámaras.
Las salas de la Cámara de Diputados y del Senado votarían en enero la reforma al artículo 126 bis de la Constitución, aprobada el pasado miércoles en comisión mixta, que permitirá restringir los derechos de permanencia, residencia y libre circulación en los territorios especiales de Juan Fernández e Isla de Pascua.
La aprobación fue celebrada por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, como una medida que permitirá proteger no solo medio ambientalmente, sino también culturalmente esas zonas del país. “Las razones que hemos tenido a la vista para hacer esta reforma constitucional son básicamente un aprecio, un cariño y una admiración profunda, grande y sincera respecto de la gente del pueblo Rapa Nui y también de los territorios de Isla de Pascua y Juan Fernández”, dijo.
La modificación fue aprobada con el voto de María José Hofmann (UDI), Ramón Farías (PPD), Hosaín Sabag (DC), Edmundo Eluchans (UDI), Joaquín Godoy (RN), Carlos Bianchi (IND) y el presidente, Víctor Pérez (UDI).
El único que se opuso fue el diputado Aldo Cornejo (DC), porque “el Gobierno presentó una indicación en que eliminó como propósito la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable”.
Cornejo relató que durante la discusión, el ministro Hinzpeter argumentó que si se mantenía la protección del medio ambiente como objetivo, “iban a haber otros lugares, y puso el caso de Puchuncaví, que iban a pedir lo mismo”.
Por eso, aseguró que “este Gobierno no tiene ningún interés en proteger el medio ambiente y no solo en la Isla de Pascua. Por el contrario, parece que proteger el medio ambiente para ellos es un problema”, agregó Cornejo.
Antes, la iniciativa había sido rechazada por la Cámara, donde diputados como René Saffirio (DC) expusieron sus reparos: “Estoy de acuerdo con que se establezcan normas especiales, pero no afectando otras garantías constitucionales como la libertad de desplazamiento, porque si uno extrema las cosas, podría ocurrir que el día de mañana yo tenga que pedir visa para ir a Isla de Pascua o Juan Fernández. Y estamos dentro del territorio nacional, entonces no me parece”, dijo.
Saffirio agregó que, bajo el argumento de la protección al medio ambiente, también territorios como La Araucanía o las Torres del Paine deberían tener condiciones especiales.
Respecto a ese punto, el senador Bianchi -que dio su respaldo- indicó que “la isla no resiste mucho más. No es un capricho ni una situación particular de la gente de los isleños. Es un tema que, por la capacidad de la propia isla es que no se le puede colocar una mayor carga, fundamentalmente de personas”.
Sin embargo, consideró que “perfectamente puede el día de mañana considerarse que otros lugares también deben tener tratamiento especial”.
Por su parte, el director del Centro de Estudios de Isla de Pascua y Oceanía de la Universidad de Chile, Claudio Cristino, advirtió que la razón de fondo “no es la bandera de lucha del medio ambiente” y que se busca legalizar “diferencias odiosas”. En esa línea, dejó entrever que puede utilizarse para discriminar a quiénes llegan a ambos territorios: “Me preocupa que el día de mañana puedan aparecer listas de Schindler”, sintetizó.
El especialista se mostró partidario de regular la migración y el ingreso turístico, pero rechazó el mecanismo utilizado por el Gobierno: “Eso es un problema interno de cada comunidad, que tienen las estructuras, organizaciones y representantes para poder manejarlo. Es un problema doméstico. Es decir, si no quiere que venga gente, no la traiga; si no quiere que se queden, no les dé trabajo; si la gente no tiene donde vivir, no puede quedarse. No veo qué tiene que ver ahí una reforma constitucional que consagra una diferenciación dentro del contexto del país que me parece inconveniente, por decir lo menos”, señaló.
Para Claudio Cristino, hay una “contradicción evidente” en el proyecto: “Restringimos la circulación de gente de Chile, pero por otro lado promovemos explosivamente la llegada de turistas. Entonces, cómo conciliamos las dos cosas. Por ahí va la gran pregunta de qué estamos hablando en realidad”, señaló. “El impacto que tienen 50 o 60 mil turistas en un lugar como la Isla de Pascua es el problema real, no la residencia de un par de centenares de personas”.
De todos modos, la norma que definiría los tiempos de permanencia, residencia y circulación recién será enviada por el Ejecutivo como otro proyecto de ley cuando la reforma constitucional pase por las salas de ambas cámaras.
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