Hace pocos días, el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, y los peritos del caso, informaron a la familia de Juan Pedro Garcés Portigliati la identificación positiva de sus restos mortales, provenientes del Patio 29 del Cementerio General de Santiago.

Garcés Portigliati (20 años), quien no había sido identificado anteriormente, formaba parte de la Guardia Personal del ex Presidente Salvador Allende y se encontraba en las proximidades de La Moneda la mañana del 11 de septiembre, cuando fue detenido por Carabineros.

Un proceso de identificación desde el Servicio Médico Legal que ha vivido varias etapas. En 2006, el Gobierno de la época reconoció el error que se había cometido en la identificación de los restos de detenidos desaparecidos que fueron hallados en el patio 29 del Cementerio General.

A seis años de este complejo reconocimiento, el SML realiza una revisión del proceso encabezado desde 2007 al 2010, sobre las pericias pendientes de identificación y/o causa de muerte.

En este proceso se formó una comisión asesora con un panel de expertos internacionales que entregó diversas recomendaciones.

Patricio Bustos, director del SML, recordó también que se creó el programa de Derechos Humanos, formando una nueva red de trabajo: “La instalación del programa a comienzos de 2007 significó una fuerte inversión de recursos, más de dos mil millones de pesos al año. Y también una ampliación del ámbito multisectorial, en el que trabajaban médicos, tanatólogos, odontólogos forenses, genetistas, arqueólogos, antropólogos, archivistas, abogados, documentalistas, etc. Un sinnúmero de apoyo de profesionales que desde sus distintos ámbitos y funciones propias, contribuían al objetivo común”, indicó.

En este proceso también ha sido importante el trabajo conjunto con el sistema judicial.

En estos años ha cumplido un rol fundamental el centro de tomas de muestras de sangre de los familiares que incluyó desde 2009 una masiva campaña de recolección, denominada “Vives con nosotros. Te llevamos en la sangre”.

Marisol Intriago, coordinadora de la unidad de identificación forense del SML, expresó que este compromiso hoy busca garantizar la calidad a toda la población, no sólo a los familiares de las víctimas de atropellos a los DD.HH.: “La verdad es que la creación del programa, para mí al menos, significó un compromiso por parte del Estado de preocuparse de la calidad de la labor pericial. A partir del tema de los DD.HH., pero particularmente en la disciplina de la Antropología y las áreas forenses asociadas que trabajamos con restos antiguos. Creo que todavía falta mucho, que la academia se comprometa a desarrollar áreas como esta”, dijo.

Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados de Políticos, aseguró que la confianza está depositada en la dirección del servicio, pero queda pendiente una política gubernamental: “Ha escamoteado y buscado siempre la forma de dar vuelta la página, habiendo tantos detenidos desaparecidos que aún no aparecen, habiendo ejecutados políticos cuya muerte está certificada y que sus restos no se encuentran. No ponen los recursos económicos para que se implemente esta búsqueda”, señaló.

La dirigenta añadió que “en los 22 años de democracia, en todo el tema que tiene que ver con violaciones a los DD.HH. en dictadura, la verdad y la justicia, lo que siempre hemos logrado ha sido gracias a las agrupaciones”.

Una de las últimas informaciones es que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desembolsará más de $1.481 millones para indemnizar a los familiares de personas que fueron mal identificadas. Esta medida para las organizaciones puede ser una compensación, pero no soluciona el tema de fondo.