Durante el enero, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo que pide al Presidente Sebastián Piñera velar por la reciprocidad internacional en las concesiones radiales.
Los parlamentarios aclararon que el Gobierno debe dar cumplimiento a la ley N° 19.733 que establece que las concesiones para radiodifusión de libre recepción solicitadas por personas jurídicas extranjeras o chilenas, con participación de capital extranjero superior al 10 por ciento, “sólo se concederán en la medida que se acredite en forma previa que en el país de origen se otorgan a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones que gozarán estos solicitantes en nuestro país”.
Los datos puestos sobre la mesa se refieren a la situación del grupo español PRISA que posee once cadenas nacionales de radio en Chile, por medio de la sociedad GLR y que solicitó la renovación de 37 de sus 212 concesiones.
En esa oportunidad, el senador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, aseguró que las autoridades deben asumir su rol.
“El Senado está exigiendo que se cumpla la ley y le está pidiendo al Gobierno que ejerza las facultades que tiene para estos efectos. Es un proceso entre un poder del Estado y el otro. El ministro de Trasportes y Telecomunicaciones y el de Relaciones Exteriores van a revisar los antecedentes que presentamos, informarán al Congreso y tienen que tomar las acciones que correspondan. De la misma forma, las radios chilenas tiene que defenderse y para eso tienen la vía que hemos emprendido los senadores y la judicial”, sostuvo el legislador.
El texto demanda “que se dé el derecho de preferencia a la comunicación radial nacional, en el sentido del cumplimiento del principio de reciprocidad que ha sido nulo en la aplicación en el país de origen de los capitales del grupo Iberoamerican (perteneciente al Grupo Latino de Radio) hacia inversionistas chilenos del rubro)”.
El diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Latorre, dijo que es bueno que exista un principio de reciprocidad, pero también es necesario tener conciencia de los intereses de ambos lados.
“Lo que se está invocando con la reciprocidad es una alteración de la realidad actual que obviamente está marcada por intereses de distinta naturaleza. Cada vez que se busca una norma para alterar la correlación de intereses que existe en el país, para este gobierno resulta especialmente difícil plantear criterios”, sentenció el parlamentario.
Este tema se enmarca en un sector que ha estado en la mira de analistas y representantes ciudadanos, quienes han dado cuenta de la poca pluralidad que existe en este espacio.
El pasado 16 de enero, Canal 13 -controlado por el grupo Luksic y la Pontificia Universidad Católica- anunció la adquisición de las radios Horizonte y Oasis, luego de llegar a un acuerdo con Comunicaciones Oasis, controladora de las radioemisoras.
Y más allá del mundo comercial, las organizaciones ciudadanas y expertos vienen advirtiendo hace bastante tiempo sobre la necesidad de una verdadera política pública que proteja a las numerosas radios comunitarias que se extienden a lo largo de todo el país
Durante el enero, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo que pide al Presidente Sebastián Piñera velar por la reciprocidad internacional en las concesiones radiales.
Los parlamentarios aclararon que el Gobierno debe dar cumplimiento a la ley N° 19.733 que establece que las concesiones para radiodifusión de libre recepción solicitadas por personas jurídicas extranjeras o chilenas, con participación de capital extranjero superior al 10 por ciento, “sólo se concederán en la medida que se acredite en forma previa que en el país de origen se otorgan a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones que gozarán estos solicitantes en nuestro país”.
Los datos puestos sobre la mesa se refieren a la situación del grupo español PRISA que posee once cadenas nacionales de radio en Chile, por medio de la sociedad GLR y que solicitó la renovación de 37 de sus 212 concesiones.
En esa oportunidad, el senador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, aseguró que las autoridades deben asumir su rol.
“El Senado está exigiendo que se cumpla la ley y le está pidiendo al Gobierno que ejerza las facultades que tiene para estos efectos. Es un proceso entre un poder del Estado y el otro. El ministro de Trasportes y Telecomunicaciones y el de Relaciones Exteriores van a revisar los antecedentes que presentamos, informarán al Congreso y tienen que tomar las acciones que correspondan. De la misma forma, las radios chilenas tiene que defenderse y para eso tienen la vía que hemos emprendido los senadores y la judicial”, sostuvo el legislador.
El texto demanda “que se dé el derecho de preferencia a la comunicación radial nacional, en el sentido del cumplimiento del principio de reciprocidad que ha sido nulo en la aplicación en el país de origen de los capitales del grupo Iberoamerican (perteneciente al Grupo Latino de Radio) hacia inversionistas chilenos del rubro)”.
El diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Latorre, dijo que es bueno que exista un principio de reciprocidad, pero también es necesario tener conciencia de los intereses de ambos lados.
“Lo que se está invocando con la reciprocidad es una alteración de la realidad actual que obviamente está marcada por intereses de distinta naturaleza. Cada vez que se busca una norma para alterar la correlación de intereses que existe en el país, para este gobierno resulta especialmente difícil plantear criterios”, sentenció el parlamentario.
Este tema se enmarca en un sector que ha estado en la mira de analistas y representantes ciudadanos, quienes han dado cuenta de la poca pluralidad que existe en este espacio.
El pasado 16 de enero, Canal 13 -controlado por el grupo Luksic y la Pontificia Universidad Católica- anunció la adquisición de las radios Horizonte y Oasis, luego de llegar a un acuerdo con Comunicaciones Oasis, controladora de las radioemisoras.
Y más allá del mundo comercial, las organizaciones ciudadanas y expertos vienen advirtiendo hace bastante tiempo sobre la necesidad de una verdadera política pública que proteja a las numerosas radios comunitarias que se extienden a lo largo de todo el país
Durante el enero, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo que pide al Presidente Sebastián Piñera velar por la reciprocidad internacional en las concesiones radiales.
Los parlamentarios aclararon que el Gobierno debe dar cumplimiento a la ley N° 19.733 que establece que las concesiones para radiodifusión de libre recepción solicitadas por personas jurídicas extranjeras o chilenas, con participación de capital extranjero superior al 10 por ciento, “sólo se concederán en la medida que se acredite en forma previa que en el país de origen se otorgan a los chilenos derechos y obligaciones similares a las condiciones que gozarán estos solicitantes en nuestro país”.
Los datos puestos sobre la mesa se refieren a la situación del grupo español PRISA que posee once cadenas nacionales de radio en Chile, por medio de la sociedad GLR y que solicitó la renovación de 37 de sus 212 concesiones.
En esa oportunidad, el senador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, aseguró que las autoridades deben asumir su rol.
“El Senado está exigiendo que se cumpla la ley y le está pidiendo al Gobierno que ejerza las facultades que tiene para estos efectos. Es un proceso entre un poder del Estado y el otro. El ministro de Trasportes y Telecomunicaciones y el de Relaciones Exteriores van a revisar los antecedentes que presentamos, informarán al Congreso y tienen que tomar las acciones que correspondan. De la misma forma, las radios chilenas tiene que defenderse y para eso tienen la vía que hemos emprendido los senadores y la judicial”, sostuvo el legislador.
El texto demanda “que se dé el derecho de preferencia a la comunicación radial nacional, en el sentido del cumplimiento del principio de reciprocidad que ha sido nulo en la aplicación en el país de origen de los capitales del grupo Iberoamerican (perteneciente al Grupo Latino de Radio) hacia inversionistas chilenos del rubro)”.
El diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Latorre, dijo que es bueno que exista un principio de reciprocidad, pero también es necesario tener conciencia de los intereses de ambos lados.
“Lo que se está invocando con la reciprocidad es una alteración de la realidad actual que obviamente está marcada por intereses de distinta naturaleza. Cada vez que se busca una norma para alterar la correlación de intereses que existe en el país, para este gobierno resulta especialmente difícil plantear criterios”, sentenció el parlamentario.
Este tema se enmarca en un sector que ha estado en la mira de analistas y representantes ciudadanos, quienes han dado cuenta de la poca pluralidad que existe en este espacio.
El pasado 16 de enero, Canal 13 -controlado por el grupo Luksic y la Pontificia Universidad Católica- anunció la adquisición de las radios Horizonte y Oasis, luego de llegar a un acuerdo con Comunicaciones Oasis, controladora de las radioemisoras.
Y más allá del mundo comercial, las organizaciones ciudadanas y expertos vienen advirtiendo hace bastante tiempo sobre la necesidad de una verdadera política pública que proteja a las numerosas radios comunitarias que se extienden a lo largo de todo el país
