Primeros fueron las leyes SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Acta de Protección de Propiedad Intelectual, por sus siglas en inglés) las que encendieron la alerta de amenaza uso de Internet y a la libertad de expresión. Y aunque ambas iniciativas fueron congeladas en el Congreso de Estados Unidos, principalmente por las protestas en su contra, es ahora el ACTA (Acuerdo Contra la Falsificación Comercial, por sus siglas en inglés), la que pone en riesgo nuestra navegación por la Red.

Suscrito el 26 de enero pasado por 22 países de la Unión Europea y anteriormente, en 2011, por Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur, el ACTA es un acuerdo comercial voluntario que busca proteger la propiedad intelectual de las falsificaciones, sin embargo, su alcance es mucho más amplio y ya tiene a las organizaciones ciudadanas en estado de alerta.

Si bien dice perseguir la falsificación, que en estricto rigor es una imitación fraudulenta, lo que realmente hace este acuerdo es restringir el acceso y uso a todos los productos y contenidos que tengan derechos de autor, limitando la navegación por Internet. Y no es lo mismo compartir sin obtener ganancias, que copiar y vender.

Por ejemplo, si a través de mi correo electrónico envío un video de una fiesta donde se está tocando alguna canción con derechos de autor, puedo ser multada, me pueden cortar la conexión a Internet, e incluso, mandarme a la cárcel.
Lo mismo si envío una receta de cocina, si recomiendo en Twitter o Facebook un link con alguna noticia, canción, foto o película, hasta si escribo, porque puede haber frases patentadas. Todo, aunque se trate de conversaciones privadas.

¿Pero cómo sabrían que hago eso? El ACTA obliga a los proveedores de ISP a revisar absolutamente todos los paquetes de datos que entran o salen de nuestros computadores y a dar aviso a las empresas. Permite además la intervención de nuestros teléfonos. Incluso, hay proyectos que obligarían la instalación de sistemas de rastreo de material con derecho de autor en todos los aparatos electrónicos que se vendan.

Parece increíble, pero es cierto. Este tratado se ha estado negociando desde 2008 a puertas cerradas, en el más absoluto secreto, y parece concitar cada vez más apoyo de los gobiernos. En la UE sólo resta su ratificación en el Parlamento, que podría ocurrir en junio.

Con esto, sitios como Twitter, Youtube, Facebook, Wikipedia tendrían que cerrar y hasta los medios de comunicación deberían limitar la posibilidad de compartir sus contenidos.

El lobby de las grandes disqueras, editoriales y productoras cinematográficas se hace evidente, pues son finalmente las únicas beneficiadas con esta verdadera policía de Internet.

Nuevamente, los gobiernos estaría poniendo por sobre los derechos fundamentales de las personas, como la libertad de expresión y la privacidad, los intereses de las multinacionales.

La vieja discusión acerca de los derechos de autor en el contexto de las nuevas tecnologías se pone otra vez sobre la mesa. Lo que no se cuestiona son los modelos de negocios de estas grandes empresas que parecen obsoletos frente a la masificación de  Internet, cuya esencia es compartir contenidos, rediseñar, comentar, cooperar, incidir, todas costumbres reñidas con la avaricia.