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Los pobres, los medios y el Transantiago

Columna de opinión por Patricio López
Miércoles 1 de febrero 2012 15:36 hrs.


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Si 2,3 millones de santiaguinos no viajaran cada día en el Transantiago y simplemente vieran televisión, podrían llegar a conclusiones equivocadas. Esto, porque a juzgar por algunos canales, los culpables en la nueva alza del transporte público serían los usuarios que se niegan a pagar el pasaje.

Así, cumpliendo con una función delatora que no se enseña en la Escuela de Periodismo y que es todo lo contrario de fiscalizar al poder, la cámara y el micrófono arrinconan a la señora por aquí, al obrero por allá, para preguntarle ¿y usted por qué no paga? La pregunta, por cierto, se hace en un tono que jamás se usaría con un empresario.

La respuesta a la pregunta simplista es fácil: no paga porque es pobre, porque el transporte público es caro y porque el servicio es malo ¿lo quiere crucificar moralmente por eso?

Los evasores provienen mayoritariamente de zonas alejadas y de sectores de menores recursos, en un contexto en que la mayoría de las comunas alcanza una tasa de evasión entre el 25 y 50 por ciento. Estamos hablando entonces de las víctimas, no de los victimarios. De los que más distancia recorren y han debido soportar las fallas parchadas del sistema, levantándose más temprano que antes.

Los santiaguinos, que no son informados por los medios de comunicación de políticas de largo plazo, experiencias internacionales y discusiones de fondo, por lo general solo saben que la micro vale ahora $580 y el Metro, entre $600 y $660. Esta situación, si bien dramática por ocupar un porcentaje importante de los ingresos de las familias pobres, es el síntoma de la verdadera pregunta de fondo ¿cuál debe ser el rol del Estado en el sistema de transporte público?

Focalizarse en la evasión distrae de esta pregunta central, en un contexto en cual el Gobierno maniobra con un sistema mal diseñado, cuyo desfinanciamiento crónico no impide que las empresas privadas propietarias del transporte acumulen ganancias.

Según las políticas que provienen desde el gobierno de la presidenta Bachelet hasta ahora, el Estado debería protagonizar un retiro progresivo en la definición de las tarifas, sin pronunciarse respecto a la posibilidad cierta de que el pasaje en un año suba 80 o 100 pesos. Y si llegara a producirse un problema político con una situación así, la solución es inyectar recursos parche como los que se han sucedido a lo largo de estos años.

Este tema es central y, como en muchos otros frentes noticiosos, esconde un problema ideológico. Porque el transporte público, tal como la educación y la salud, es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y, por lo tanto, no debe entregarse a la pretensión de autofinanciamiento de este gobierno y el anterior. Esta mirada desde los derechos se traduce, además, en una política de focalización que va en apoyo de los menos favorecidos por el modelo.

Todo tiene que ver, al fin y al cabo, con no pensar en un mercado específico sino en la ciudad en su conjunto ¿Por qué los pobres viajan tantos kilómetros para ir a su trabajo? ¿Por qué no hay áreas verdes en las poblaciones? ¿Por qué son tan débiles las políticas urbanas? Son todas preguntas que dialogan, y si no deben hacerlo, con el precio del pasaje y el rol del Estado en el Transantiago.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.