Críticas al Acuerdo Asia Transpacífico:
“Bajo el pretexto de proteger derechos de autor, se afectan otros fundamentales”
La semana pasada se realizaron en Santiago nuevas rondas de negociaciones secretas del Acuerdo de Asociación Asia Transpacífico, que involucra a Chile y otros ocho países más. La iniciativa genera rechazo en organizaciones de derechos digitales, que la consideran "innecesaria" y cuestionan además que las conversaciones se mantengan en secreto.
Sábado 14 de abril 2012 8:06 hrs.
Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos son las naciones con las que el Gobierno chileno negocia el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés.
La semana pasada, una nueva ronda de negociaciones se realizó en Santiago de manera secreta, como ha ocurrido desde que se iniciaron las conversaciones.
El TPP, firmado en 2005, es visto con recelo por organizaciones de derechos digitales, debido a las normativas que Estados Unidos intentaría imponer respecto a propiedad intelectual, capítulo que fue filtrado en marzo de 2011 por la ONG estadounidense Knowledge Ecology International (KEI).
Según las organizaciones, la filtración reveló las similitudes del capítulo sobre propiedad intelectual con la cuestionada ley SOPA y la eventual censura de sitios de internet por infracción a los derechos de autor, la criminalización arbitraria de los usuarios de internet y el incremento en plazos de protección del derecho de autor.
El director de Derechos Digitales, Claudio Ruiz, sostuvo que “el problema está en que bajo el pretexto de proteger mejor los derechos de autor, lo que sucede es que finalmente este tratado en particular afecta una serie de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o los vinculados con la privacidad, por ejemplo”.
“Sin ir más lejos, una de las prohibiciones que establece el texto que se filtró es que los prestadores de servicios de internet debieran tener una posición de garantes y monitores de aquello que sucede a través de sus redes, lo que atenta derechamente contra garantías establecidas en nuestra Constitución. Es problemático, pero no solo desde el derecho de autor, sino desde el ejercicio de los DD.HH. en internet”, agregó.
Derechos Digitales ha apuntado sobre todo al carácter secreto de las negociaciones. Durante el verano realizó la campaña “¿Sopa en Chile?”, a la que adhirieron 6.500 personas y que buscaba que el Gobierno se pronunciara sobre la propuesta norteamericana en el TPP.
La misma organización, junto a la Fundación ProAcceso, presentaron una solicitud para que se transparentaran los términos de la negociación, la que fue denegada parcialmente por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). La ONG ha sostenido encuentros con la misma Direcon e hizo una presentación ante los delegados que negociaron el acuerdo en Santiago, pero dicen desconocer los efectos de sus planteamientos.
Esto fue rechazado también por Claudio Magliona, director del Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El abogado enfatizó que la industria de los contenidos, poderosa en Estados Unidos, tiene legítimo derecho a defender sus intereses, pero éstos deben ser balanceados por las autoridades.
Además, el abogado del estudio García Magliona recordó que la propiedad intelectual tiene un doble objeto: “Primero, retribuir al autor. Y segundo, incrementar la información, el acceso al conocimiento. Si la propiedad intelectual solo se limita a retribuir al autor y se convierte en información cerrada, que no tiene contribución al progreso futuro y a la utilización de la información para desarrollar nuevas obras, por supuesto que vamos en el camino incorrecto. Si se está conversando legislación similar a proyectos de ley que existen en EE.UU., como SOPA, por supuesto que son de la mayor alarma y deben ser revisados”, dijo.
Los especialistas destacaron además que la ley de propiedad intelectual fue actualizada en Chile recientemente y que, por esto, las implicancias del TPP podrían tender a la sobreprotección.
Pedro Huichalaf, abogado de la ONG Meta, indicó que “en cuanto a propiedad intelectual, podría decir que es innecesario, porque a lo que se está tratando de orientar ya está regulado en Chile. Ahora, que no sea acorde a lo que requiera Estados Unidos… bueno, hay que ver la realidad mundial. En Europa, por ejemplo, tienen una figura de propiedad intelectual muy distinta a lo que está pasando en Estados Unidos, entonces Chile se tiene que cuadrar no tan solo con un socio comercial, sino con lo que se está aplicando a nivel mundial, porque las relaciones internacionales no son solo con un país sino con todos”.
La próxima ronda oficial de negociaciones del TPP se realizará entre el 8 y 18 de mayo en Dallas, Estados Unidos.
Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos son las naciones con las que el Gobierno chileno negocia el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés.
La semana pasada, una nueva ronda de negociaciones se realizó en Santiago de manera secreta, como ha ocurrido desde que se iniciaron las conversaciones.
El TPP, firmado en 2005, es visto con recelo por organizaciones de derechos digitales, debido a las normativas que Estados Unidos intentaría imponer respecto a propiedad intelectual, capítulo que fue filtrado en marzo de 2011 por la ONG estadounidense Knowledge Ecology International (KEI).
Según las organizaciones, la filtración reveló las similitudes del capítulo sobre propiedad intelectual con la cuestionada ley SOPA y la eventual censura de sitios de internet por infracción a los derechos de autor, la criminalización arbitraria de los usuarios de internet y el incremento en plazos de protección del derecho de autor.
El director de Derechos Digitales, Claudio Ruiz, sostuvo que “el problema está en que bajo el pretexto de proteger mejor los derechos de autor, lo que sucede es que finalmente este tratado en particular afecta una serie de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o los vinculados con la privacidad, por ejemplo”.
“Sin ir más lejos, una de las prohibiciones que establece el texto que se filtró es que los prestadores de servicios de internet debieran tener una posición de garantes y monitores de aquello que sucede a través de sus redes, lo que atenta derechamente contra garantías establecidas en nuestra Constitución. Es problemático, pero no solo desde el derecho de autor, sino desde el ejercicio de los DD.HH. en internet”, agregó.
Derechos Digitales ha apuntado sobre todo al carácter secreto de las negociaciones. Durante el verano realizó la campaña “¿Sopa en Chile?”, a la que adhirieron 6.500 personas y que buscaba que el Gobierno se pronunciara sobre la propuesta norteamericana en el TPP.
La misma organización, junto a la Fundación ProAcceso, presentaron una solicitud para que se transparentaran los términos de la negociación, la que fue denegada parcialmente por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). La ONG ha sostenido encuentros con la misma Direcon e hizo una presentación ante los delegados que negociaron el acuerdo en Santiago, pero dicen desconocer los efectos de sus planteamientos.
Esto fue rechazado también por Claudio Magliona, director del Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El abogado enfatizó que la industria de los contenidos, poderosa en Estados Unidos, tiene legítimo derecho a defender sus intereses, pero éstos deben ser balanceados por las autoridades.
Además, el abogado del estudio García Magliona recordó que la propiedad intelectual tiene un doble objeto: “Primero, retribuir al autor. Y segundo, incrementar la información, el acceso al conocimiento. Si la propiedad intelectual solo se limita a retribuir al autor y se convierte en información cerrada, que no tiene contribución al progreso futuro y a la utilización de la información para desarrollar nuevas obras, por supuesto que vamos en el camino incorrecto. Si se está conversando legislación similar a proyectos de ley que existen en EE.UU., como SOPA, por supuesto que son de la mayor alarma y deben ser revisados”, dijo.
Los especialistas destacaron además que la ley de propiedad intelectual fue actualizada en Chile recientemente y que, por esto, las implicancias del TPP podrían tender a la sobreprotección.
Pedro Huichalaf, abogado de la ONG Meta, indicó que “en cuanto a propiedad intelectual, podría decir que es innecesario, porque a lo que se está tratando de orientar ya está regulado en Chile. Ahora, que no sea acorde a lo que requiera Estados Unidos… bueno, hay que ver la realidad mundial. En Europa, por ejemplo, tienen una figura de propiedad intelectual muy distinta a lo que está pasando en Estados Unidos, entonces Chile se tiene que cuadrar no tan solo con un socio comercial, sino con lo que se está aplicando a nivel mundial, porque las relaciones internacionales no son solo con un país sino con todos”.
La próxima ronda oficial de negociaciones del TPP se realizará entre el 8 y 18 de mayo en Dallas, Estados Unidos.
Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos son las naciones con las que el Gobierno chileno negocia el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés.
La semana pasada, una nueva ronda de negociaciones se realizó en Santiago de manera secreta, como ha ocurrido desde que se iniciaron las conversaciones.
El TPP, firmado en 2005, es visto con recelo por organizaciones de derechos digitales, debido a las normativas que Estados Unidos intentaría imponer respecto a propiedad intelectual, capítulo que fue filtrado en marzo de 2011 por la ONG estadounidense Knowledge Ecology International (KEI).
Según las organizaciones, la filtración reveló las similitudes del capítulo sobre propiedad intelectual con la cuestionada ley SOPA y la eventual censura de sitios de internet por infracción a los derechos de autor, la criminalización arbitraria de los usuarios de internet y el incremento en plazos de protección del derecho de autor.
El director de Derechos Digitales, Claudio Ruiz, sostuvo que “el problema está en que bajo el pretexto de proteger mejor los derechos de autor, lo que sucede es que finalmente este tratado en particular afecta una serie de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión o los vinculados con la privacidad, por ejemplo”.
“Sin ir más lejos, una de las prohibiciones que establece el texto que se filtró es que los prestadores de servicios de internet debieran tener una posición de garantes y monitores de aquello que sucede a través de sus redes, lo que atenta derechamente contra garantías establecidas en nuestra Constitución. Es problemático, pero no solo desde el derecho de autor, sino desde el ejercicio de los DD.HH. en internet”, agregó.
Derechos Digitales ha apuntado sobre todo al carácter secreto de las negociaciones. Durante el verano realizó la campaña “¿Sopa en Chile?”, a la que adhirieron 6.500 personas y que buscaba que el Gobierno se pronunciara sobre la propuesta norteamericana en el TPP.
La misma organización, junto a la Fundación ProAcceso, presentaron una solicitud para que se transparentaran los términos de la negociación, la que fue denegada parcialmente por la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). La ONG ha sostenido encuentros con la misma Direcon e hizo una presentación ante los delegados que negociaron el acuerdo en Santiago, pero dicen desconocer los efectos de sus planteamientos.
Esto fue rechazado también por Claudio Magliona, director del Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El abogado enfatizó que la industria de los contenidos, poderosa en Estados Unidos, tiene legítimo derecho a defender sus intereses, pero éstos deben ser balanceados por las autoridades.
Además, el abogado del estudio García Magliona recordó que la propiedad intelectual tiene un doble objeto: “Primero, retribuir al autor. Y segundo, incrementar la información, el acceso al conocimiento. Si la propiedad intelectual solo se limita a retribuir al autor y se convierte en información cerrada, que no tiene contribución al progreso futuro y a la utilización de la información para desarrollar nuevas obras, por supuesto que vamos en el camino incorrecto. Si se está conversando legislación similar a proyectos de ley que existen en EE.UU., como SOPA, por supuesto que son de la mayor alarma y deben ser revisados”, dijo.
Los especialistas destacaron además que la ley de propiedad intelectual fue actualizada en Chile recientemente y que, por esto, las implicancias del TPP podrían tender a la sobreprotección.
Pedro Huichalaf, abogado de la ONG Meta, indicó que “en cuanto a propiedad intelectual, podría decir que es innecesario, porque a lo que se está tratando de orientar ya está regulado en Chile. Ahora, que no sea acorde a lo que requiera Estados Unidos… bueno, hay que ver la realidad mundial. En Europa, por ejemplo, tienen una figura de propiedad intelectual muy distinta a lo que está pasando en Estados Unidos, entonces Chile se tiene que cuadrar no tan solo con un socio comercial, sino con lo que se está aplicando a nivel mundial, porque las relaciones internacionales no son solo con un país sino con todos”.
La próxima ronda oficial de negociaciones del TPP se realizará entre el 8 y 18 de mayo en Dallas, Estados Unidos.
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