La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el martes un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de Carabineros, por su actuación en las movilizaciones sociales de marzo y abril en Aysén.
En fallo unánime, los ministros Sergio Mora, Alicia Araneda y Pedro Castro rechazaron la acción cautelar presentada por presunto uso excesivo de la fuerza, debido a que no existen antecedentes concretos para determinar que hubo algún tipo de amenaza a las garantías constitucionales contra personas determinadas.
Sin embargo, el tribunal de alzada determinó enviar los antecedentes al Ministerio Público y la Fiscalía Militar para que se indague eventuales responsabilidades delictuales de personas con motivo de los incidentes.
“Esta Corte no puede sino dejar constancia que los hechos que se reprochan tuvieron lugar en un periodo de singular efervescencia social, que desembocó en situaciones de particular gravedad y de enfrentamiento entre manifestantes y las Fuerzas de Orden y Seguridad”, indicó la resolución.
También reconoció que se registraron varios lesionados por ambos bandos y pidió que Carabineros revise los protocolos internos existentes durante el desempeño de la labor policial.
Según la Corte de Apelaciones de Coyhaique, “al adoptarse las medidas para el restablecimiento del orden, éstas deben ser compatibles con los derechos humanos y el régimen democrático; por tanto, el empleo de la fuerza únicamente puede ser considerada como la última medida posible y sólo cuando sea estrictamente necesaria y para los fines lícitos de cumplimiento de la ley”.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el martes un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de Carabineros, por su actuación en las movilizaciones sociales de marzo y abril en Aysén.
En fallo unánime, los ministros Sergio Mora, Alicia Araneda y Pedro Castro rechazaron la acción cautelar presentada por presunto uso excesivo de la fuerza, debido a que no existen antecedentes concretos para determinar que hubo algún tipo de amenaza a las garantías constitucionales contra personas determinadas.
Sin embargo, el tribunal de alzada determinó enviar los antecedentes al Ministerio Público y la Fiscalía Militar para que se indague eventuales responsabilidades delictuales de personas con motivo de los incidentes.
“Esta Corte no puede sino dejar constancia que los hechos que se reprochan tuvieron lugar en un periodo de singular efervescencia social, que desembocó en situaciones de particular gravedad y de enfrentamiento entre manifestantes y las Fuerzas de Orden y Seguridad”, indicó la resolución.
También reconoció que se registraron varios lesionados por ambos bandos y pidió que Carabineros revise los protocolos internos existentes durante el desempeño de la labor policial.
Según la Corte de Apelaciones de Coyhaique, “al adoptarse las medidas para el restablecimiento del orden, éstas deben ser compatibles con los derechos humanos y el régimen democrático; por tanto, el empleo de la fuerza únicamente puede ser considerada como la última medida posible y sólo cuando sea estrictamente necesaria y para los fines lícitos de cumplimiento de la ley”.
La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el martes un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de Carabineros, por su actuación en las movilizaciones sociales de marzo y abril en Aysén.
En fallo unánime, los ministros Sergio Mora, Alicia Araneda y Pedro Castro rechazaron la acción cautelar presentada por presunto uso excesivo de la fuerza, debido a que no existen antecedentes concretos para determinar que hubo algún tipo de amenaza a las garantías constitucionales contra personas determinadas.
Sin embargo, el tribunal de alzada determinó enviar los antecedentes al Ministerio Público y la Fiscalía Militar para que se indague eventuales responsabilidades delictuales de personas con motivo de los incidentes.
“Esta Corte no puede sino dejar constancia que los hechos que se reprochan tuvieron lugar en un periodo de singular efervescencia social, que desembocó en situaciones de particular gravedad y de enfrentamiento entre manifestantes y las Fuerzas de Orden y Seguridad”, indicó la resolución.
También reconoció que se registraron varios lesionados por ambos bandos y pidió que Carabineros revise los protocolos internos existentes durante el desempeño de la labor policial.
Según la Corte de Apelaciones de Coyhaique, “al adoptarse las medidas para el restablecimiento del orden, éstas deben ser compatibles con los derechos humanos y el régimen democrático; por tanto, el empleo de la fuerza únicamente puede ser considerada como la última medida posible y sólo cuando sea estrictamente necesaria y para los fines lícitos de cumplimiento de la ley”.
