Con la consigna de que “las cosas han cambiado para la tiranía y la injusticia” se inicia el informe 2012 del estado de los Derechos Humanos en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional.
El documento otorga especial importancia a las protestas que se desarrollaron en Medio Oriente, el norte de África y los países europeos que sufrieron los efectos de la crisis económica de la Eurozona.
En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, afirmó que “millones de personas tomaron las calles en todo el mundo para exigir libertad, justicia y dignidad”.
En cifras, el estudio afirma que hubo 91 países en los que la ciudadanía se tomó las calles de manera constante y que gobernadores de 101 naciones respondieron con torturas y malos tratos a estas exigencias.
Una situación en la que se incluye nuestro país, según denunció Ana Piquer, y que quedó en evidencia con las protestas de estudiantiles, ambientalistas, del Movimiento Social por Aysén y la muerte de Manuel Gutiérrez, señaló la directiva.
“En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso indebido de carros lanzagua, gases lacrimógenos y balines, en algunos casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de tortura y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual contra estudiantes detenidos arbitrariamente por la policía en manifestaciones estudiantiles. Esto llegó al extremo en el caso de la muerte de Manuel Gutiérrez, en que lamentablemente, aún no existe claridad en cuanto a la destitución efectiva de los carabineros responsables y la Justicia Militar ordenó la libertad bajo fianza del acusado de efectuar el disparo”, explicó.
Por ello es que la directora de Amnistía Internacional afirmó que “urge reformar la Justicia Militar en Chile tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que su competencia se acote a delitos propiamente militares”.
El capítulo chileno del informe 2012 critica también el proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter”, ya que “queda abierto a interpretaciones que pueden vulnerar DD.HH., tales como la libertad de expresión y reunión”.
Sobre la violencia ejercida por la policía en contra de los asistentes a manifestaciones, Ana Piquer señaló que el Estado debe hacerse cargo e investigar las denuncias. De comprobarse las que se refieren a violencia policial, dijo, “constituyen violaciones de DD.HH”.
“En ese sentido, nos preocupa mucho que en las ocasiones en que se le ha pedido información al ministerio del Interior en relación a las medidas que se iban a tomar respecto de la violencia policial, la respuesta del ministerio ha sido que eso no es de su competencia, porque de acuerdo a su interpretación de la ley, ellos solo tendrían competencia respecto de aspectos administrativos de Carabineros y no de la operación policial propiamente tal”, agregó.
En relación a violencia de género, Ana Piquer sostuvo que las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo una práctica extendida en el continente, por lo que lamentó que el Congreso Nacional haya rechazado la idea de legislar en esta materia.
Además, criticó la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y aseguró que se trata del ejemplo agudizado de todas las denuncias sobre la reacción inadecuada de los líderes frente a la protesta social y la discriminación: “El uso de la Ley Antiterrorista en forma discriminatoria sería inaceptable y no debiera ser en ningún caso utilizada para juzgar delitos cometidos en un contexto de protesta social. Ello continuaría revelando una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche. En este mismo sentido, son igualmente preocupantes las reiteradas denuncias de las comunidades mapuche a la respuesta excesiva de las fuerzas de seguridad durante protestas en favor de reivindicaciones territoriales o sobre el impacto de proyectos de desarrollo”, dijo.
También hubo un llamado de atención al término de la impunidad, debido a que las querellas por violaciones a los derechos fundamentales ocurridos durante la dictadura aumentaron, sin embargo, menos de un tercio de los condenados cumple condena en prisión.
Con la consigna de que “las cosas han cambiado para la tiranía y la injusticia” se inicia el informe 2012 del estado de los Derechos Humanos en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional.
El documento otorga especial importancia a las protestas que se desarrollaron en Medio Oriente, el norte de África y los países europeos que sufrieron los efectos de la crisis económica de la Eurozona.
En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, afirmó que “millones de personas tomaron las calles en todo el mundo para exigir libertad, justicia y dignidad”.
En cifras, el estudio afirma que hubo 91 países en los que la ciudadanía se tomó las calles de manera constante y que gobernadores de 101 naciones respondieron con torturas y malos tratos a estas exigencias.
Una situación en la que se incluye nuestro país, según denunció Ana Piquer, y que quedó en evidencia con las protestas de estudiantiles, ambientalistas, del Movimiento Social por Aysén y la muerte de Manuel Gutiérrez, señaló la directiva.
“En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso indebido de carros lanzagua, gases lacrimógenos y balines, en algunos casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de tortura y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual contra estudiantes detenidos arbitrariamente por la policía en manifestaciones estudiantiles. Esto llegó al extremo en el caso de la muerte de Manuel Gutiérrez, en que lamentablemente, aún no existe claridad en cuanto a la destitución efectiva de los carabineros responsables y la Justicia Militar ordenó la libertad bajo fianza del acusado de efectuar el disparo”, explicó.
Por ello es que la directora de Amnistía Internacional afirmó que “urge reformar la Justicia Militar en Chile tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que su competencia se acote a delitos propiamente militares”.
El capítulo chileno del informe 2012 critica también el proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter”, ya que “queda abierto a interpretaciones que pueden vulnerar DD.HH., tales como la libertad de expresión y reunión”.
Sobre la violencia ejercida por la policía en contra de los asistentes a manifestaciones, Ana Piquer señaló que el Estado debe hacerse cargo e investigar las denuncias. De comprobarse las que se refieren a violencia policial, dijo, “constituyen violaciones de DD.HH”.
“En ese sentido, nos preocupa mucho que en las ocasiones en que se le ha pedido información al ministerio del Interior en relación a las medidas que se iban a tomar respecto de la violencia policial, la respuesta del ministerio ha sido que eso no es de su competencia, porque de acuerdo a su interpretación de la ley, ellos solo tendrían competencia respecto de aspectos administrativos de Carabineros y no de la operación policial propiamente tal”, agregó.
En relación a violencia de género, Ana Piquer sostuvo que las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo una práctica extendida en el continente, por lo que lamentó que el Congreso Nacional haya rechazado la idea de legislar en esta materia.
Además, criticó la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y aseguró que se trata del ejemplo agudizado de todas las denuncias sobre la reacción inadecuada de los líderes frente a la protesta social y la discriminación: “El uso de la Ley Antiterrorista en forma discriminatoria sería inaceptable y no debiera ser en ningún caso utilizada para juzgar delitos cometidos en un contexto de protesta social. Ello continuaría revelando una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche. En este mismo sentido, son igualmente preocupantes las reiteradas denuncias de las comunidades mapuche a la respuesta excesiva de las fuerzas de seguridad durante protestas en favor de reivindicaciones territoriales o sobre el impacto de proyectos de desarrollo”, dijo.
También hubo un llamado de atención al término de la impunidad, debido a que las querellas por violaciones a los derechos fundamentales ocurridos durante la dictadura aumentaron, sin embargo, menos de un tercio de los condenados cumple condena en prisión.
Con la consigna de que “las cosas han cambiado para la tiranía y la injusticia” se inicia el informe 2012 del estado de los Derechos Humanos en el mundo, elaborado por Amnistía Internacional.
El documento otorga especial importancia a las protestas que se desarrollaron en Medio Oriente, el norte de África y los países europeos que sufrieron los efectos de la crisis económica de la Eurozona.
En este sentido, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, afirmó que “millones de personas tomaron las calles en todo el mundo para exigir libertad, justicia y dignidad”.
En cifras, el estudio afirma que hubo 91 países en los que la ciudadanía se tomó las calles de manera constante y que gobernadores de 101 naciones respondieron con torturas y malos tratos a estas exigencias.
Una situación en la que se incluye nuestro país, según denunció Ana Piquer, y que quedó en evidencia con las protestas de estudiantiles, ambientalistas, del Movimiento Social por Aysén y la muerte de Manuel Gutiérrez, señaló la directiva.
“En el control de manifestaciones ha habido alegaciones de uso indebido de carros lanzagua, gases lacrimógenos y balines, en algunos casos causando lesiones oculares. Se conocieron casos de tortura y otros malos tratos, incluidas palizas y amenazas de violencia sexual contra estudiantes detenidos arbitrariamente por la policía en manifestaciones estudiantiles. Esto llegó al extremo en el caso de la muerte de Manuel Gutiérrez, en que lamentablemente, aún no existe claridad en cuanto a la destitución efectiva de los carabineros responsables y la Justicia Militar ordenó la libertad bajo fianza del acusado de efectuar el disparo”, explicó.
Por ello es que la directora de Amnistía Internacional afirmó que “urge reformar la Justicia Militar en Chile tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que su competencia se acote a delitos propiamente militares”.
El capítulo chileno del informe 2012 critica también el proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como “Ley Hinzpeter”, ya que “queda abierto a interpretaciones que pueden vulnerar DD.HH., tales como la libertad de expresión y reunión”.
Sobre la violencia ejercida por la policía en contra de los asistentes a manifestaciones, Ana Piquer señaló que el Estado debe hacerse cargo e investigar las denuncias. De comprobarse las que se refieren a violencia policial, dijo, “constituyen violaciones de DD.HH”.
“En ese sentido, nos preocupa mucho que en las ocasiones en que se le ha pedido información al ministerio del Interior en relación a las medidas que se iban a tomar respecto de la violencia policial, la respuesta del ministerio ha sido que eso no es de su competencia, porque de acuerdo a su interpretación de la ley, ellos solo tendrían competencia respecto de aspectos administrativos de Carabineros y no de la operación policial propiamente tal”, agregó.
En relación a violencia de género, Ana Piquer sostuvo que las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo una práctica extendida en el continente, por lo que lamentó que el Congreso Nacional haya rechazado la idea de legislar en esta materia.
Además, criticó la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y aseguró que se trata del ejemplo agudizado de todas las denuncias sobre la reacción inadecuada de los líderes frente a la protesta social y la discriminación: “El uso de la Ley Antiterrorista en forma discriminatoria sería inaceptable y no debiera ser en ningún caso utilizada para juzgar delitos cometidos en un contexto de protesta social. Ello continuaría revelando una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche. En este mismo sentido, son igualmente preocupantes las reiteradas denuncias de las comunidades mapuche a la respuesta excesiva de las fuerzas de seguridad durante protestas en favor de reivindicaciones territoriales o sobre el impacto de proyectos de desarrollo”, dijo.
También hubo un llamado de atención al término de la impunidad, debido a que las querellas por violaciones a los derechos fundamentales ocurridos durante la dictadura aumentaron, sin embargo, menos de un tercio de los condenados cumple condena en prisión.
