Un grupo de estudiantes de la Universidad del Mar entabló la acción judicial debido a que se matricularon en una institución que decía pertenecer a una corporación sin fines de lucro, pero eso era una mentira.

El abogado querellante, Mauricio Daza, explicó que esta práctica ilegal además tiene directa incidencia en las condiciones con las que cuentan los alumnos de dicha institución para su proceso de aprendizaje.

Por lo mismo, Daza insistió en que los dueños de la Universidad del Mar tienen responsabilidades penales: “Por ejemplo, en varias carreras no existen profesores que estén impartiendo las clases, toda vez que no se les han pagado sus remuneraciones. Tampoco existen bibliotecas ni infraestructura mínima que permita realizar estas carreras y además en ciertas carreras se han cancelado las prácticas, en la medida que la universidad no ha pagado aquellos convenios que establecían cupos para sus estudiantes con la finalidad de que realizaran estas prácticas. Esto es muy importante, sobre todo en carreras como Medicina y Enfermería. Por lo tanto, nos encontramos frente a una verdadera estafa que pretendemos que se investigue y sancione”, afirmó.

Los estudiantes recurrieron a la justicia ante lo que consideran una total falta de voluntad política del ministerio de Educación para ejercer sus facultades fiscalizadoras.

A ese respecto, el abogado Mauricio Daza criticó la idea del Gobierno de solo apelar a la aprobación de una Superintendencia de educación superior como  solución a la supuesta carencia de atribuciones para velar por el cumplimiento de la ley.

“Ellos señalan que no tienen responsabilidad en la materia y que no tendrían las facultades para fiscalizar, sosteniendo paralelamente que todo depende de la ley sobre Superintendencia de Educación que se encuentra en el Congreso, lo cual no es efectivo. El ministerio de Educación hoy día sí tiene facultades para fiscalizar a estas entidades y, sobre todo, tiene las facultades para hacer algo que hasta el momento no ha realizado, que es buscar una solución concreta a las personas que han sido víctimas de una defraudación evidente a partir de este engaño de entidades que se presentan como si fueran corporaciones sin fines de lucro cuando en realidad son entidades que simplemente buscan un beneficio para sus controladores”, explicó.

La querella está dirigida contra los dueños de la Universidad del Mar, pero quienes la impulsan reconocen que incluso es difícil precisar quiénes son, debido a la gran cantidad de razones sociales en las que se encubren.

De acogerse esta acción, los acusados arriesgan penas de cárcel que van desde los tres hasta los cinco años y un dia. En cuanto a las  sanciones administrativas, se puede llegar hasta el cierre de la institución.