Cuando ya han pasado casi cuatro meses del acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento por Aysén que depuso las manifestaciones sociales en la región, el Ejecutivo ingresó la semana pasada una indicación para crear una zona franca en el lugar, que se encuentra en tabla este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
En la indicación se señala que Aysén es la única región del país que no goza de este sistema de franquicia, aun reuniendo las condiciones para ello, y trascendió que entre los bienes que no pagarían impuestos estaría incluido el combustible a nivel minorista y que la administración sería concesionada por el gobierno regional.
Se trata de una de las principales demandas de los aiseninos, principalmente por el elevado precio de las gasolinas. Por esta razón, según aseguró Patricio Segura, uno de los dirigentes que lideró el movimiento social, el proyecto debe traducirse en un abaratamiento de éstos: “Todavía está por verse si se podrá cumplir con el objetivo de los ayseninos que nos movilizamos que son, básicamente, la baja en los productos de consumo básico, pero también se espera que pueda permitir que el combustible llegue más barato a la región de Aysén y que ese costo más barato sea para todas las localidades de la región. Esto va de la mano con otras medidas, pero la zona franca era una de las principales y esperamos que vaya mejorando en el marco de las discusiones que hay en el Congreso”, subrayó.
Segura advirtió Segura, muchos de estos cambios el Gobierno los ha presentado con una “especie de letra chica”, por lo que hay una labor muy importante de la ciudadanía para controlar lo que está ocurriendo y garantizar que la opinión de los ciudadanos sea considerada en estos proyectos.
Por su parte, Iván Fuentes, uno de los principales referentes de la movilización en Aysén, afirmó a Radio Universidad de Chile que se encuentran revisando en detalle la indicación y añadió que mantienen su postura al respecto: “Queremos una zona franca para zona aislada y que en definitiva contemple una independencia respecto de la zona franca que teníamos antes, que más bien era una extensión. Además queremos que se incorpore a los combustibles, cosa que las otras zonas francas no tienen, porque no poseen las condiciones que tenemos nosotros. En Punta Arenas, por ejemplo, lo de los combustibles era un tema menor porque su principal lucha era por el gas”, sostuvo.
Si bien Fuentes valoró los avances en los acuerdos en temas como la salud, ambulancias nuevas y especialistas, concordó con Patricio Segura en que el principal asunto pendiente es el sueldo mínimo regional que debiese ser distinto al resto del país por el alto costo de la vida.
El diputado Carlos Montes (PS), integrante de la comisión de Hacienda, recalcó que un requisito para decidir es oír a la gente de Aysén y que el proyecto tiene que atraer la inversión a la región, como el movimiento esperaba.
Similar opinión manifestó el senador Patricio Walker (DC), representante de la región e integrante de la comisión de Zonas Extremas de la Cámara Alta, quien lamentó la demora de cuatro meses, ya que esperaba que el Gobierno enviase la indicación en abril.
Walker coincidió en que debe quedar claro que se trata de una zona franca y no una extensión y que se incluya explícitamente los combustibles, junto con discutir la repartición de las utilidades que, según el Ejecutivo, debería ser un 20 por ciento para Puerto Aysén, un 20 por ciento para Coyhaique y el resto repartido entre las demás ciudades.
Este miércoles están invitados a la Comisión de Zonas Extremas los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, donde Walker planteará la demora del salario mínimo regionalizado: “El Gobierno se comprometió a que el subsidio de contratación a la mano de obra que hoy día se le paga al empleador -que son 31 mil pesos mensuales por cada trabajador contratado- se le pague a los trabajadores de Aysén y hasta al momento no conocemos ningún proyecto de ley o indicación en esa línea. Por lo tanto, el Gobierno no ha cumplido tal vez la aspiración más importante de la región. Si en Santiago no se puede vivir con 193 mil pesos como sueldo mínimo, y por eso votamos en contra de ese guarismo, imagínese en Aysén, donde el costo de la vida es un 30 ó 35 por ciento más alto que en Santiago”, afirmó.
En la instancia el senador no sólo preguntará por la fecha exacta en la que será ingresada esta indicación, sino también otros temas como el no cumplimiento de la promesa de campaña de nivelar la base de cálculo de la asignación de zona para todos los funcionarios públicos y la construcción de la carretera austral para unir a la Región de Aysén con el resto del país.
Cuando ya han pasado casi cuatro meses del acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento por Aysén que depuso las manifestaciones sociales en la región, el Ejecutivo ingresó la semana pasada una indicación para crear una zona franca en el lugar, que se encuentra en tabla este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
En la indicación se señala que Aysén es la única región del país que no goza de este sistema de franquicia, aun reuniendo las condiciones para ello, y trascendió que entre los bienes que no pagarían impuestos estaría incluido el combustible a nivel minorista y que la administración sería concesionada por el gobierno regional.
Se trata de una de las principales demandas de los aiseninos, principalmente por el elevado precio de las gasolinas. Por esta razón, según aseguró Patricio Segura, uno de los dirigentes que lideró el movimiento social, el proyecto debe traducirse en un abaratamiento de éstos: “Todavía está por verse si se podrá cumplir con el objetivo de los ayseninos que nos movilizamos que son, básicamente, la baja en los productos de consumo básico, pero también se espera que pueda permitir que el combustible llegue más barato a la región de Aysén y que ese costo más barato sea para todas las localidades de la región. Esto va de la mano con otras medidas, pero la zona franca era una de las principales y esperamos que vaya mejorando en el marco de las discusiones que hay en el Congreso”, subrayó.
Segura advirtió Segura, muchos de estos cambios el Gobierno los ha presentado con una “especie de letra chica”, por lo que hay una labor muy importante de la ciudadanía para controlar lo que está ocurriendo y garantizar que la opinión de los ciudadanos sea considerada en estos proyectos.
Por su parte, Iván Fuentes, uno de los principales referentes de la movilización en Aysén, afirmó a Radio Universidad de Chile que se encuentran revisando en detalle la indicación y añadió que mantienen su postura al respecto: “Queremos una zona franca para zona aislada y que en definitiva contemple una independencia respecto de la zona franca que teníamos antes, que más bien era una extensión. Además queremos que se incorpore a los combustibles, cosa que las otras zonas francas no tienen, porque no poseen las condiciones que tenemos nosotros. En Punta Arenas, por ejemplo, lo de los combustibles era un tema menor porque su principal lucha era por el gas”, sostuvo.
Si bien Fuentes valoró los avances en los acuerdos en temas como la salud, ambulancias nuevas y especialistas, concordó con Patricio Segura en que el principal asunto pendiente es el sueldo mínimo regional que debiese ser distinto al resto del país por el alto costo de la vida.
El diputado Carlos Montes (PS), integrante de la comisión de Hacienda, recalcó que un requisito para decidir es oír a la gente de Aysén y que el proyecto tiene que atraer la inversión a la región, como el movimiento esperaba.
Similar opinión manifestó el senador Patricio Walker (DC), representante de la región e integrante de la comisión de Zonas Extremas de la Cámara Alta, quien lamentó la demora de cuatro meses, ya que esperaba que el Gobierno enviase la indicación en abril.
Walker coincidió en que debe quedar claro que se trata de una zona franca y no una extensión y que se incluya explícitamente los combustibles, junto con discutir la repartición de las utilidades que, según el Ejecutivo, debería ser un 20 por ciento para Puerto Aysén, un 20 por ciento para Coyhaique y el resto repartido entre las demás ciudades.
Este miércoles están invitados a la Comisión de Zonas Extremas los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, donde Walker planteará la demora del salario mínimo regionalizado: “El Gobierno se comprometió a que el subsidio de contratación a la mano de obra que hoy día se le paga al empleador -que son 31 mil pesos mensuales por cada trabajador contratado- se le pague a los trabajadores de Aysén y hasta al momento no conocemos ningún proyecto de ley o indicación en esa línea. Por lo tanto, el Gobierno no ha cumplido tal vez la aspiración más importante de la región. Si en Santiago no se puede vivir con 193 mil pesos como sueldo mínimo, y por eso votamos en contra de ese guarismo, imagínese en Aysén, donde el costo de la vida es un 30 ó 35 por ciento más alto que en Santiago”, afirmó.
En la instancia el senador no sólo preguntará por la fecha exacta en la que será ingresada esta indicación, sino también otros temas como el no cumplimiento de la promesa de campaña de nivelar la base de cálculo de la asignación de zona para todos los funcionarios públicos y la construcción de la carretera austral para unir a la Región de Aysén con el resto del país.
Cuando ya han pasado casi cuatro meses del acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento por Aysén que depuso las manifestaciones sociales en la región, el Ejecutivo ingresó la semana pasada una indicación para crear una zona franca en el lugar, que se encuentra en tabla este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
En la indicación se señala que Aysén es la única región del país que no goza de este sistema de franquicia, aun reuniendo las condiciones para ello, y trascendió que entre los bienes que no pagarían impuestos estaría incluido el combustible a nivel minorista y que la administración sería concesionada por el gobierno regional.
Se trata de una de las principales demandas de los aiseninos, principalmente por el elevado precio de las gasolinas. Por esta razón, según aseguró Patricio Segura, uno de los dirigentes que lideró el movimiento social, el proyecto debe traducirse en un abaratamiento de éstos: “Todavía está por verse si se podrá cumplir con el objetivo de los ayseninos que nos movilizamos que son, básicamente, la baja en los productos de consumo básico, pero también se espera que pueda permitir que el combustible llegue más barato a la región de Aysén y que ese costo más barato sea para todas las localidades de la región. Esto va de la mano con otras medidas, pero la zona franca era una de las principales y esperamos que vaya mejorando en el marco de las discusiones que hay en el Congreso”, subrayó.
Segura advirtió Segura, muchos de estos cambios el Gobierno los ha presentado con una “especie de letra chica”, por lo que hay una labor muy importante de la ciudadanía para controlar lo que está ocurriendo y garantizar que la opinión de los ciudadanos sea considerada en estos proyectos.
Por su parte, Iván Fuentes, uno de los principales referentes de la movilización en Aysén, afirmó a Radio Universidad de Chile que se encuentran revisando en detalle la indicación y añadió que mantienen su postura al respecto: “Queremos una zona franca para zona aislada y que en definitiva contemple una independencia respecto de la zona franca que teníamos antes, que más bien era una extensión. Además queremos que se incorpore a los combustibles, cosa que las otras zonas francas no tienen, porque no poseen las condiciones que tenemos nosotros. En Punta Arenas, por ejemplo, lo de los combustibles era un tema menor porque su principal lucha era por el gas”, sostuvo.
Si bien Fuentes valoró los avances en los acuerdos en temas como la salud, ambulancias nuevas y especialistas, concordó con Patricio Segura en que el principal asunto pendiente es el sueldo mínimo regional que debiese ser distinto al resto del país por el alto costo de la vida.
El diputado Carlos Montes (PS), integrante de la comisión de Hacienda, recalcó que un requisito para decidir es oír a la gente de Aysén y que el proyecto tiene que atraer la inversión a la región, como el movimiento esperaba.
Similar opinión manifestó el senador Patricio Walker (DC), representante de la región e integrante de la comisión de Zonas Extremas de la Cámara Alta, quien lamentó la demora de cuatro meses, ya que esperaba que el Gobierno enviase la indicación en abril.
Walker coincidió en que debe quedar claro que se trata de una zona franca y no una extensión y que se incluya explícitamente los combustibles, junto con discutir la repartición de las utilidades que, según el Ejecutivo, debería ser un 20 por ciento para Puerto Aysén, un 20 por ciento para Coyhaique y el resto repartido entre las demás ciudades.
Este miércoles están invitados a la Comisión de Zonas Extremas los ministros de Hacienda, Felipe Larraín, y secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, donde Walker planteará la demora del salario mínimo regionalizado: “El Gobierno se comprometió a que el subsidio de contratación a la mano de obra que hoy día se le paga al empleador -que son 31 mil pesos mensuales por cada trabajador contratado- se le pague a los trabajadores de Aysén y hasta al momento no conocemos ningún proyecto de ley o indicación en esa línea. Por lo tanto, el Gobierno no ha cumplido tal vez la aspiración más importante de la región. Si en Santiago no se puede vivir con 193 mil pesos como sueldo mínimo, y por eso votamos en contra de ese guarismo, imagínese en Aysén, donde el costo de la vida es un 30 ó 35 por ciento más alto que en Santiago”, afirmó.
En la instancia el senador no sólo preguntará por la fecha exacta en la que será ingresada esta indicación, sino también otros temas como el no cumplimiento de la promesa de campaña de nivelar la base de cálculo de la asignación de zona para todos los funcionarios públicos y la construcción de la carretera austral para unir a la Región de Aysén con el resto del país.
