Expertos -cientistas políticos y sociales- sostienen que estamos en presencia de una profunda crisis del modelo de desarrollo, que con tanto “éxito” ha llevado adelante nuestro país desde la dictadura, con algunos significativos cambios en estos últimos veinte años de transición. Estas manifestaciones de la crisis -largamente incubada y sumergida- han salido a la luz a raíz de las movilizaciones sociales de 2011.

Al respecto, recientemente se han publicado algunos libros que analizan este fenómeno desde dos orillas diferentes y contradictorias.

Unos (Mayol) sostienen que las movilizaciones y el descontento social significan una crítica radical al modelo de desarrollo, lo cual debe llevar, necesariamente, a la superación de éste. Otros (Guzmán) piensan que las movilizaciones y el descontento social constituyen síntomas de los deseos de la mayoría de la población por integrarse a los beneficios del modelo, pero sin cuestionarlo en su esencia, lo cual se traducirá en la generación de ciertas correcciones a un modelo que ha sido fundamentalmente exitoso.

Mientras se desarrolla -en los ámbitos académico y social- esta interesante y crucial discusión, que toma en cuenta el fenómeno de las generalizadas movilizaciones sociales que vive nuestra sociedad, la clase política, salvo excepciones, solo está preocupada de sus cupos y sus eternas relecciones.

De todas maneras (la historia así lo demuestra), en situaciones de convulsión social -en contextos de “empate” sociopolítico- el resultado del conflicto seguramente no será la superación del modelo capitalista de desarrollo, pero tampoco será un maquillaje correctivo de algunos de sus aspectos más distorsionados. Es probable -dependerá de la fuerza de las movilizaciones sociales- que en el futuro cercano vivamos cambios profundos en las áreas de educación, salud y previsión.

No obstante lo anterior, los temas relacionados con el desarrollo de la ciudad constituyen una gran prioridad -preocupantemente ausente en el “pliego de peticiones” social- ya que es un ámbito que no puede quedar liberado solamente al libre juego de la oferta y la demanda.

Las ciudades que estamos construyendo en nuestro país son económicamente ineficientes, socialmente injustas y atentatorias contra los derechos de sus habitantes, especialmente de los más pobres.

Por lo tanto, es necesario incorporar -tanto en los petitorios de los movilizados, como en los programas políticos de los partidos y candidatos- la necesidad de generar un fuerte encuadre normativo, tanto a nivel nacional como comunal. Es decir, necesitamos una mayor intervención del Estado. Intervención que sea capaz de generar los lineamientos igualitarios y democráticos en el desarrollo de las ciudades chilenas, cuestiones en las cuales el mercado claramente ha fracasado.