En ceremonia realizada en La Moneda, el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter manifestó su alegría por la promulgación de esta iniciativa, que calificó como un paso adelante para prevenir la violencia en los estadios.
El secretario de Estado agregó que esta ley establece duras sanciones a quienes aprovechen el deporte para agredir, causar daños a la propiedad pública y privada o drogarse.
Hinzpeter señaló que la idea es poner un freno a la violencia antes que se llegue a niveles como el de Inglaterra en los años ’80: “Cuando ya muchos compatriotas nos habían tenido que dejar producto de la violencia en los estadios, habían perdido su vida por ir a ver un partido de fútbol o habían quedado lisiados de por vida por ir a la cancha, gracias a Dios, siento que lo que estamos haciendo, cuando aún no se produce en nuestro país un episodio de tragedia masiva, es una virtud, un acierto y una razón para estar orgullosos. No son tantas las veces en que las autoridades se anticipan. Frecuentemente vemos, más bien, autoridades que reaccionan. En este caso, siento que nos estamos anticipando”, indicó.
Esta ley y en especial el plan Estadio Seguro han recibido durísimas críticas desde el mundo del futbol, que van desde errores burdos como la prohibición de entrar a la “Bandita” de Magallanes hasta la revisión exhaustiva a profesionales de la prensa mientras barras de los equipos de mayor convocatoria lanzan impunemente fuegos de artificio a los campos de juego.
A lo anterior se suma que nunca se ha investigado el nexo entre líderes de barras con dirigentes de clubes o sociedades anónimas deportivas.
Por ejemplo, el actual subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, en su calidad de presidente de Blanco y Negro incluso aportó con dinero para el funcionamiento de la coordinación de la Garra Blanca, sector de la barra de Colo Colo que está involucrada con el homicidio de un hincha hace algunos meses en Rancagua.
Fernando Monsalve, vocero del movimiento Colo Colo de Todos, opositor al actual presidente de la corporación, Cristián Varela, recordó que esa misma coordinación de la barra brava agredió al ex jugador Marcelo Barticciotto por presentar su candidatura a la directiva del club, debido a que ellos respaldaban a Varela, quien hoy es vicepresidente de la ANFP.
Por lo mismo, Monsalve dijo que nada que nazca de esos mismos dirigentes tiene credibilidad: “Hemos denunciado estos hechos y no hemos tenido una respuesta adecuada por parte de los órganos pertinentes, en este caso la Intendencia y el encargado de Estadio Seguro. Sin lugar a dudas, me parece poco pertinente y real que aquellas personas que han tenido vínculos directos, formales, con los iniciadores e incitadores de la violencia en el fútbol, sean los mismos que los estén juzgando y los apunten con el dedo. A partir de aquello, resulta bastante difícil la aplicación de esta ley de Estadio Seguro”, dijo.
Por su parte, Cristopher Barrales, vocero del Movimiento de Hinchadas Chilenas contra Estadio Seguro, dijo que creer que la violencia en el futbol se soluciona en los 90 minutos del espectáculo privado es atacar el síntoma de un fenómeno social mucho más complejo: “En el fondo la violencia que se expresa por medio de las barras o en el fútbol tiene que ver con problemáticas sociales que son mucho más amplias e importantes, que no han tenido solución a nivel de políticas de Estado. Se acusa a las barras de este tipo de violencia dentro de los estadios y en verdad la mayor cantidad de violencia se da en los barrios, en las poblaciones, donde se enfrentan barristas de equipos enemigos, como se puede decir, pero que responden a problemáticas sociales muy importantes que se han dejado de lado”, afirmó.
Una posición similar han expresado los líderes de la barra Los de Abajo, que el viernes pasado realizaron una protesta en el centro de Santiago contra la política gubernamental, que califican de represiva.
En general los dirigentes coinciden en que es necesario afrontar el problema de forma participativa y no copiando el modelo inglés, que se construyó para una realidad diametralmente distinta en lo cultural.
Además, aseguran que mientras no se esclarezca el nexo entre muchas barras y el poder político y económico, estaremos lejos de erradicar la violencia y permitir que la familia vuelva a las canchas.
En ceremonia realizada en La Moneda, el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter manifestó su alegría por la promulgación de esta iniciativa, que calificó como un paso adelante para prevenir la violencia en los estadios.
El secretario de Estado agregó que esta ley establece duras sanciones a quienes aprovechen el deporte para agredir, causar daños a la propiedad pública y privada o drogarse.
Hinzpeter señaló que la idea es poner un freno a la violencia antes que se llegue a niveles como el de Inglaterra en los años ’80: “Cuando ya muchos compatriotas nos habían tenido que dejar producto de la violencia en los estadios, habían perdido su vida por ir a ver un partido de fútbol o habían quedado lisiados de por vida por ir a la cancha, gracias a Dios, siento que lo que estamos haciendo, cuando aún no se produce en nuestro país un episodio de tragedia masiva, es una virtud, un acierto y una razón para estar orgullosos. No son tantas las veces en que las autoridades se anticipan. Frecuentemente vemos, más bien, autoridades que reaccionan. En este caso, siento que nos estamos anticipando”, indicó.
Esta ley y en especial el plan Estadio Seguro han recibido durísimas críticas desde el mundo del futbol, que van desde errores burdos como la prohibición de entrar a la “Bandita” de Magallanes hasta la revisión exhaustiva a profesionales de la prensa mientras barras de los equipos de mayor convocatoria lanzan impunemente fuegos de artificio a los campos de juego.
A lo anterior se suma que nunca se ha investigado el nexo entre líderes de barras con dirigentes de clubes o sociedades anónimas deportivas.
Por ejemplo, el actual subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, en su calidad de presidente de Blanco y Negro incluso aportó con dinero para el funcionamiento de la coordinación de la Garra Blanca, sector de la barra de Colo Colo que está involucrada con el homicidio de un hincha hace algunos meses en Rancagua.
Fernando Monsalve, vocero del movimiento Colo Colo de Todos, opositor al actual presidente de la corporación, Cristián Varela, recordó que esa misma coordinación de la barra brava agredió al ex jugador Marcelo Barticciotto por presentar su candidatura a la directiva del club, debido a que ellos respaldaban a Varela, quien hoy es vicepresidente de la ANFP.
Por lo mismo, Monsalve dijo que nada que nazca de esos mismos dirigentes tiene credibilidad: “Hemos denunciado estos hechos y no hemos tenido una respuesta adecuada por parte de los órganos pertinentes, en este caso la Intendencia y el encargado de Estadio Seguro. Sin lugar a dudas, me parece poco pertinente y real que aquellas personas que han tenido vínculos directos, formales, con los iniciadores e incitadores de la violencia en el fútbol, sean los mismos que los estén juzgando y los apunten con el dedo. A partir de aquello, resulta bastante difícil la aplicación de esta ley de Estadio Seguro”, dijo.
Por su parte, Cristopher Barrales, vocero del Movimiento de Hinchadas Chilenas contra Estadio Seguro, dijo que creer que la violencia en el futbol se soluciona en los 90 minutos del espectáculo privado es atacar el síntoma de un fenómeno social mucho más complejo: “En el fondo la violencia que se expresa por medio de las barras o en el fútbol tiene que ver con problemáticas sociales que son mucho más amplias e importantes, que no han tenido solución a nivel de políticas de Estado. Se acusa a las barras de este tipo de violencia dentro de los estadios y en verdad la mayor cantidad de violencia se da en los barrios, en las poblaciones, donde se enfrentan barristas de equipos enemigos, como se puede decir, pero que responden a problemáticas sociales muy importantes que se han dejado de lado”, afirmó.
Una posición similar han expresado los líderes de la barra Los de Abajo, que el viernes pasado realizaron una protesta en el centro de Santiago contra la política gubernamental, que califican de represiva.
En general los dirigentes coinciden en que es necesario afrontar el problema de forma participativa y no copiando el modelo inglés, que se construyó para una realidad diametralmente distinta en lo cultural.
Además, aseguran que mientras no se esclarezca el nexo entre muchas barras y el poder político y económico, estaremos lejos de erradicar la violencia y permitir que la familia vuelva a las canchas.
En ceremonia realizada en La Moneda, el vicepresidente Rodrigo Hinzpeter manifestó su alegría por la promulgación de esta iniciativa, que calificó como un paso adelante para prevenir la violencia en los estadios.
El secretario de Estado agregó que esta ley establece duras sanciones a quienes aprovechen el deporte para agredir, causar daños a la propiedad pública y privada o drogarse.
Hinzpeter señaló que la idea es poner un freno a la violencia antes que se llegue a niveles como el de Inglaterra en los años ’80: “Cuando ya muchos compatriotas nos habían tenido que dejar producto de la violencia en los estadios, habían perdido su vida por ir a ver un partido de fútbol o habían quedado lisiados de por vida por ir a la cancha, gracias a Dios, siento que lo que estamos haciendo, cuando aún no se produce en nuestro país un episodio de tragedia masiva, es una virtud, un acierto y una razón para estar orgullosos. No son tantas las veces en que las autoridades se anticipan. Frecuentemente vemos, más bien, autoridades que reaccionan. En este caso, siento que nos estamos anticipando”, indicó.
Esta ley y en especial el plan Estadio Seguro han recibido durísimas críticas desde el mundo del futbol, que van desde errores burdos como la prohibición de entrar a la “Bandita” de Magallanes hasta la revisión exhaustiva a profesionales de la prensa mientras barras de los equipos de mayor convocatoria lanzan impunemente fuegos de artificio a los campos de juego.
A lo anterior se suma que nunca se ha investigado el nexo entre líderes de barras con dirigentes de clubes o sociedades anónimas deportivas.
Por ejemplo, el actual subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, en su calidad de presidente de Blanco y Negro incluso aportó con dinero para el funcionamiento de la coordinación de la Garra Blanca, sector de la barra de Colo Colo que está involucrada con el homicidio de un hincha hace algunos meses en Rancagua.
Fernando Monsalve, vocero del movimiento Colo Colo de Todos, opositor al actual presidente de la corporación, Cristián Varela, recordó que esa misma coordinación de la barra brava agredió al ex jugador Marcelo Barticciotto por presentar su candidatura a la directiva del club, debido a que ellos respaldaban a Varela, quien hoy es vicepresidente de la ANFP.
Por lo mismo, Monsalve dijo que nada que nazca de esos mismos dirigentes tiene credibilidad: “Hemos denunciado estos hechos y no hemos tenido una respuesta adecuada por parte de los órganos pertinentes, en este caso la Intendencia y el encargado de Estadio Seguro. Sin lugar a dudas, me parece poco pertinente y real que aquellas personas que han tenido vínculos directos, formales, con los iniciadores e incitadores de la violencia en el fútbol, sean los mismos que los estén juzgando y los apunten con el dedo. A partir de aquello, resulta bastante difícil la aplicación de esta ley de Estadio Seguro”, dijo.
Por su parte, Cristopher Barrales, vocero del Movimiento de Hinchadas Chilenas contra Estadio Seguro, dijo que creer que la violencia en el futbol se soluciona en los 90 minutos del espectáculo privado es atacar el síntoma de un fenómeno social mucho más complejo: “En el fondo la violencia que se expresa por medio de las barras o en el fútbol tiene que ver con problemáticas sociales que son mucho más amplias e importantes, que no han tenido solución a nivel de políticas de Estado. Se acusa a las barras de este tipo de violencia dentro de los estadios y en verdad la mayor cantidad de violencia se da en los barrios, en las poblaciones, donde se enfrentan barristas de equipos enemigos, como se puede decir, pero que responden a problemáticas sociales muy importantes que se han dejado de lado”, afirmó.
Una posición similar han expresado los líderes de la barra Los de Abajo, que el viernes pasado realizaron una protesta en el centro de Santiago contra la política gubernamental, que califican de represiva.
En general los dirigentes coinciden en que es necesario afrontar el problema de forma participativa y no copiando el modelo inglés, que se construyó para una realidad diametralmente distinta en lo cultural.
Además, aseguran que mientras no se esclarezca el nexo entre muchas barras y el poder político y económico, estaremos lejos de erradicar la violencia y permitir que la familia vuelva a las canchas.
