Los ministros argumentaron que la acción se realizó “de forma extemporánea”, es decir, fuera de plazo. Con esto se anuló el recurso presentado por el abogado Lorenzo Morales, que pretendía revertir el fallo que, en segunda instancia, determinó que Patricio Jara actuó “en legítima defensa”, cuando el 2009 disparó por la espalda al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, quien participaba de la toma al fundo “San Sebastián” en la zona de Ercilla, región de La Araucanía.
Al respecto, el abogado afirmó que fueron muy cuidadosos con los plazos, y que incluso tomaron la fecha de la sentencia, que fue el 16 de agosto pasado, y no el día de la notificación y añadió que van a reponer esa resolución y que, cualquiera sea el escenario, van a alegar ante la Corte Suprema.
Morales se mostró confiado respecto a que el máximo tribunal acogerá su defensa, ya que el peritaje que se acogió, el último de 7 realizados anteriormente, es completamente irregular.
Además, afirmó que no hay voluntad de investigar a fondo el tema y se mostró crítico a la forma en la que opera la justicia militar en este tipo de casos.
En este sentido el abogado querellante señaló que “tratamos de que el alto mando asumiera sus responsabilidades y me llegó la notificación de parte del juez militar de Valdivia que no va a investigar al alto mando. Vamos a deducir una queja disciplinaria contra el juez militar de Valdivia, también contra la Corte Marcial, para que sean los alegatos en la Corte Suprema en función de todas las irregularidades disciplinarias que cometieron estos dos entes o tal vez sea el primer paso para que esta justicia termine para las personas comunes y corrientes, los civiles”.
Las críticas a la justicia militar no son nuevas, diversas organizaciones se han manifestado contrarias a su aplicación ya que la institución militar es “juez y parte” en las causas.
Alejandra Arriaza, Secretaria Ejecutiva del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), entidad que ha seguido muy de cerca el caso, se mostró desconfiada de esta resolución y reiteró sus críticas a este tipo de procedimientos legales.
En esa línea, la Secretaria Ejecutiva de Codepu indicó que “lamentamos mucho que la justicia penal en materia militar, que investiga en general el compromiso de autoridades de funcionarios de Carabineros, que tienen responsabilidades penales en la muerte de civiles, siempre sean amparados por este tipo de justicia por cuanto vemos como el llegar a los máximos tribunales de justicia, se revierte todo lo avanzado en estos largos años de lucha en búsqueda de la verdad y en definitiva, logran ellos amparar y proteger a criminales como los que están siendo investigados en el caso Jaime Collío”.
Para Arriaza aquí está más que claro el homicidio de un joven mapuche, ya que todos los peritajes policiales dan cuenta de que él no portaba ningún tipo de armas y que recibió un disparo por la espalda.
En este sentido criticó el enfoque que los medios de comunicación tradicionales le han dado a esta noticia y afirmó que, lejos de informar –afirmó- y aportar a la comunidad, pretenden confundir a la población, desviar cómo sucedieron los hechos y servir para crear el manto de impunidad que se va generando en nuestro país cuando son Carabineros los que atentan contra civiles.
Los ministros argumentaron que la acción se realizó “de forma extemporánea”, es decir, fuera de plazo. Con esto se anuló el recurso presentado por el abogado Lorenzo Morales, que pretendía revertir el fallo que, en segunda instancia, determinó que Patricio Jara actuó “en legítima defensa”, cuando el 2009 disparó por la espalda al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, quien participaba de la toma al fundo “San Sebastián” en la zona de Ercilla, región de La Araucanía.
Al respecto, el abogado afirmó que fueron muy cuidadosos con los plazos, y que incluso tomaron la fecha de la sentencia, que fue el 16 de agosto pasado, y no el día de la notificación y añadió que van a reponer esa resolución y que, cualquiera sea el escenario, van a alegar ante la Corte Suprema.
Morales se mostró confiado respecto a que el máximo tribunal acogerá su defensa, ya que el peritaje que se acogió, el último de 7 realizados anteriormente, es completamente irregular.
Además, afirmó que no hay voluntad de investigar a fondo el tema y se mostró crítico a la forma en la que opera la justicia militar en este tipo de casos.
En este sentido el abogado querellante señaló que “tratamos de que el alto mando asumiera sus responsabilidades y me llegó la notificación de parte del juez militar de Valdivia que no va a investigar al alto mando. Vamos a deducir una queja disciplinaria contra el juez militar de Valdivia, también contra la Corte Marcial, para que sean los alegatos en la Corte Suprema en función de todas las irregularidades disciplinarias que cometieron estos dos entes o tal vez sea el primer paso para que esta justicia termine para las personas comunes y corrientes, los civiles”.
Las críticas a la justicia militar no son nuevas, diversas organizaciones se han manifestado contrarias a su aplicación ya que la institución militar es “juez y parte” en las causas.
Alejandra Arriaza, Secretaria Ejecutiva del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), entidad que ha seguido muy de cerca el caso, se mostró desconfiada de esta resolución y reiteró sus críticas a este tipo de procedimientos legales.
En esa línea, la Secretaria Ejecutiva de Codepu indicó que “lamentamos mucho que la justicia penal en materia militar, que investiga en general el compromiso de autoridades de funcionarios de Carabineros, que tienen responsabilidades penales en la muerte de civiles, siempre sean amparados por este tipo de justicia por cuanto vemos como el llegar a los máximos tribunales de justicia, se revierte todo lo avanzado en estos largos años de lucha en búsqueda de la verdad y en definitiva, logran ellos amparar y proteger a criminales como los que están siendo investigados en el caso Jaime Collío”.
Para Arriaza aquí está más que claro el homicidio de un joven mapuche, ya que todos los peritajes policiales dan cuenta de que él no portaba ningún tipo de armas y que recibió un disparo por la espalda.
En este sentido criticó el enfoque que los medios de comunicación tradicionales le han dado a esta noticia y afirmó que, lejos de informar –afirmó- y aportar a la comunidad, pretenden confundir a la población, desviar cómo sucedieron los hechos y servir para crear el manto de impunidad que se va generando en nuestro país cuando son Carabineros los que atentan contra civiles.
Los ministros argumentaron que la acción se realizó “de forma extemporánea”, es decir, fuera de plazo. Con esto se anuló el recurso presentado por el abogado Lorenzo Morales, que pretendía revertir el fallo que, en segunda instancia, determinó que Patricio Jara actuó “en legítima defensa”, cuando el 2009 disparó por la espalda al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, quien participaba de la toma al fundo “San Sebastián” en la zona de Ercilla, región de La Araucanía.
Al respecto, el abogado afirmó que fueron muy cuidadosos con los plazos, y que incluso tomaron la fecha de la sentencia, que fue el 16 de agosto pasado, y no el día de la notificación y añadió que van a reponer esa resolución y que, cualquiera sea el escenario, van a alegar ante la Corte Suprema.
Morales se mostró confiado respecto a que el máximo tribunal acogerá su defensa, ya que el peritaje que se acogió, el último de 7 realizados anteriormente, es completamente irregular.
Además, afirmó que no hay voluntad de investigar a fondo el tema y se mostró crítico a la forma en la que opera la justicia militar en este tipo de casos.
En este sentido el abogado querellante señaló que “tratamos de que el alto mando asumiera sus responsabilidades y me llegó la notificación de parte del juez militar de Valdivia que no va a investigar al alto mando. Vamos a deducir una queja disciplinaria contra el juez militar de Valdivia, también contra la Corte Marcial, para que sean los alegatos en la Corte Suprema en función de todas las irregularidades disciplinarias que cometieron estos dos entes o tal vez sea el primer paso para que esta justicia termine para las personas comunes y corrientes, los civiles”.
Las críticas a la justicia militar no son nuevas, diversas organizaciones se han manifestado contrarias a su aplicación ya que la institución militar es “juez y parte” en las causas.
Alejandra Arriaza, Secretaria Ejecutiva del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), entidad que ha seguido muy de cerca el caso, se mostró desconfiada de esta resolución y reiteró sus críticas a este tipo de procedimientos legales.
En esa línea, la Secretaria Ejecutiva de Codepu indicó que “lamentamos mucho que la justicia penal en materia militar, que investiga en general el compromiso de autoridades de funcionarios de Carabineros, que tienen responsabilidades penales en la muerte de civiles, siempre sean amparados por este tipo de justicia por cuanto vemos como el llegar a los máximos tribunales de justicia, se revierte todo lo avanzado en estos largos años de lucha en búsqueda de la verdad y en definitiva, logran ellos amparar y proteger a criminales como los que están siendo investigados en el caso Jaime Collío”.
Para Arriaza aquí está más que claro el homicidio de un joven mapuche, ya que todos los peritajes policiales dan cuenta de que él no portaba ningún tipo de armas y que recibió un disparo por la espalda.
En este sentido criticó el enfoque que los medios de comunicación tradicionales le han dado a esta noticia y afirmó que, lejos de informar –afirmó- y aportar a la comunidad, pretenden confundir a la población, desviar cómo sucedieron los hechos y servir para crear el manto de impunidad que se va generando en nuestro país cuando son Carabineros los que atentan contra civiles.
