Guatemala: Ocho militares procesados por muerte de campesinos
Un juez de Guatemala ordenó este viernes 12 de octubre del 2012 procesar a un coronel y ocho soldados acusados de la muerte de ocho indígenas tras abrir fuego durante una protesta en contra del alza de la electricidad el pasado 4 de octubre.
Domingo 14 de octubre 2012 10:00 hrs.
La violencia en Guatemala llevó en el 2000 a las autoridades nacionales a autorizar la participación del ejército en operativos de seguridad ciudadana junto a la Policía Nacional Civil. Una medida fuertemente cuestionada desde que el pasado 4 de octubre un grupo de militares abriera fuego contra un protesta campesina por el alza del precio de la electricidad y otras políticas del gobierno, en Totonicapán a 180 kilómetros de la capital. Producto de los disparos, 8 campesinos fallecieron. Posteriormente, un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), indicó que el ataque fue directo debido a la posición de los balazos.
La justicia de Guatemala, criticada por la poca efectividad para juzgar a ex militares en causas por violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996) que vivió el país, ha actuado esta vez de manera ejemplar en cuanto a la rapidez, deteniendo este jueves a 9 militares por” ejecución extrajudicial” o “tentativa de ejecución extrajudicial”. Además, ha acusado a un general de ser responsable de la muerte por estar a cargo de la operación. Se trata del primer caso de militares procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra. Un procesamiento que ocurre además en el primer gobierno militar de estos 15 años de democracia.
Este viernes 12 de octubre los acusados han sido sometidos a proceso y permanecerán recluidos en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala de la capital guatemalteca, a esperas de que el juez decida si dicta prisión preventiva.
Tras conocerse la detención la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) valoró la rápida actuación de la justicia como ” un paso importante hacia la rendición de cuentas en Guatemala”. El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco dijo que “ésta es una de las maneras más efectivas de evitar la repetición de graves crímenes como éstos (los de la guerra civil)”.
Paralelamente, el titular de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall’Anese, recomendó al presidente Otto Pérez apartar al Ejército de la seguridad pública a través de una carta pública, porque a su juicio la policía “utiliza la fuerza como última ratio”- y en cambio -“los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden”.
Por esa misma razón el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, pidió que se investigue al alto mando del ejército y de la policía en torno a estos hechos. Finalmente, embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea en el país cuestionaron también el uso del ejército para disolver protestas.
Ante las críticas, el presidente Otto Pérez anunció que impulsará una reforma a la ley para evitar que el ejército controle manifestaciones. Además se comprometió a apoyar las Investigaciones y a acatar la decisión de las autoridades judiciales y dijo, que en su momento, pedirá perdón a los familiares de las víctimas.
La violencia en Guatemala llevó en el 2000 a las autoridades nacionales a autorizar la participación del ejército en operativos de seguridad ciudadana junto a la Policía Nacional Civil. Una medida fuertemente cuestionada desde que el pasado 4 de octubre un grupo de militares abriera fuego contra un protesta campesina por el alza del precio de la electricidad y otras políticas del gobierno, en Totonicapán a 180 kilómetros de la capital. Producto de los disparos, 8 campesinos fallecieron. Posteriormente, un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), indicó que el ataque fue directo debido a la posición de los balazos.
La justicia de Guatemala, criticada por la poca efectividad para juzgar a ex militares en causas por violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996) que vivió el país, ha actuado esta vez de manera ejemplar en cuanto a la rapidez, deteniendo este jueves a 9 militares por” ejecución extrajudicial” o “tentativa de ejecución extrajudicial”. Además, ha acusado a un general de ser responsable de la muerte por estar a cargo de la operación. Se trata del primer caso de militares procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra. Un procesamiento que ocurre además en el primer gobierno militar de estos 15 años de democracia.
Este viernes 12 de octubre los acusados han sido sometidos a proceso y permanecerán recluidos en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala de la capital guatemalteca, a esperas de que el juez decida si dicta prisión preventiva.
Tras conocerse la detención la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) valoró la rápida actuación de la justicia como ” un paso importante hacia la rendición de cuentas en Guatemala”. El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco dijo que “ésta es una de las maneras más efectivas de evitar la repetición de graves crímenes como éstos (los de la guerra civil)”.
Paralelamente, el titular de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall’Anese, recomendó al presidente Otto Pérez apartar al Ejército de la seguridad pública a través de una carta pública, porque a su juicio la policía “utiliza la fuerza como última ratio”- y en cambio -“los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden”.
Por esa misma razón el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, pidió que se investigue al alto mando del ejército y de la policía en torno a estos hechos. Finalmente, embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea en el país cuestionaron también el uso del ejército para disolver protestas.
Ante las críticas, el presidente Otto Pérez anunció que impulsará una reforma a la ley para evitar que el ejército controle manifestaciones. Además se comprometió a apoyar las Investigaciones y a acatar la decisión de las autoridades judiciales y dijo, que en su momento, pedirá perdón a los familiares de las víctimas.
La violencia en Guatemala llevó en el 2000 a las autoridades nacionales a autorizar la participación del ejército en operativos de seguridad ciudadana junto a la Policía Nacional Civil. Una medida fuertemente cuestionada desde que el pasado 4 de octubre un grupo de militares abriera fuego contra un protesta campesina por el alza del precio de la electricidad y otras políticas del gobierno, en Totonicapán a 180 kilómetros de la capital. Producto de los disparos, 8 campesinos fallecieron. Posteriormente, un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), indicó que el ataque fue directo debido a la posición de los balazos.
La justicia de Guatemala, criticada por la poca efectividad para juzgar a ex militares en causas por violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996) que vivió el país, ha actuado esta vez de manera ejemplar en cuanto a la rapidez, deteniendo este jueves a 9 militares por” ejecución extrajudicial” o “tentativa de ejecución extrajudicial”. Además, ha acusado a un general de ser responsable de la muerte por estar a cargo de la operación. Se trata del primer caso de militares procesados por una matanza ocurrida tras el fin de la guerra. Un procesamiento que ocurre además en el primer gobierno militar de estos 15 años de democracia.
Este viernes 12 de octubre los acusados han sido sometidos a proceso y permanecerán recluidos en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala de la capital guatemalteca, a esperas de que el juez decida si dicta prisión preventiva.
Tras conocerse la detención la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) valoró la rápida actuación de la justicia como ” un paso importante hacia la rendición de cuentas en Guatemala”. El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco dijo que “ésta es una de las maneras más efectivas de evitar la repetición de graves crímenes como éstos (los de la guerra civil)”.
Paralelamente, el titular de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall’Anese, recomendó al presidente Otto Pérez apartar al Ejército de la seguridad pública a través de una carta pública, porque a su juicio la policía “utiliza la fuerza como última ratio”- y en cambio -“los militares se preparan para ganar una guerra con el uso de la fuerza como método de primer orden”.
Por esa misma razón el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, pidió que se investigue al alto mando del ejército y de la policía en torno a estos hechos. Finalmente, embajadores de Estados Unidos y la Unión Europea en el país cuestionaron también el uso del ejército para disolver protestas.
Ante las críticas, el presidente Otto Pérez anunció que impulsará una reforma a la ley para evitar que el ejército controle manifestaciones. Además se comprometió a apoyar las Investigaciones y a acatar la decisión de las autoridades judiciales y dijo, que en su momento, pedirá perdón a los familiares de las víctimas.
