Por lo general, se entiende la eficacia como la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado, y la eficiencia como la posibilidad de lograr los resultados que se buscan, con el mínimo de recursos posibles pertinentes. De allí que se diga que en el caso del rescate de los 33 mineros, el Gobierno fue eficaz, aunque no eficiente (la operación duró varios meses y se gastaron decenas de millones de dólares) explicando la conducta por obvias razones humanitarias y de principios.

Ser eficaz o ser eficiente, por lo demás, son adjetivos que parecieran dividir aguas en decisiones políticas trascendentales, tanto en Chile como en el mundo. Por de pronto, Europa se debate entre ambos: conseguir superar la prolongada crisis financiera (eficacia), pero hacerlo en el menor tiempo y con los menores costos posibles (eficiencia). Es esta tensión que tiene a Grecia en paro nacional de trabajadores, quienes rechazan las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno de Antonis Samaras, consistentes en aumentar la edad de jubilación de 65 a 67 años y suspender pagos extras a los funcionarios públicos, de manera de ahorrar hasta 18 mil millones de euros entre 2013 y 2016 y recibir de vuelta otro tramo de préstamo de la “Troika” –FMI, Comisión Europea y BCE- por 31.200 millones de euros, que le permitan pagar el vencimiento de deuda de 5.500 millones de euros que sobreviene el próximo 16 de noviembre.

En Francia ocurre algo similar. Su presidente, François Hollande, ha anunciado que subirá el IVA en su cota más alta desde 19,6% a 20%, mientras que en el más bajo, pasará de 7% a 10%, medida con la que, junto a otros ajustes de gasto público, pretende recaudar para el Fisco unos 10 mil millones de euros. En paralelo, se ha informado que se reducirán impuestos a las empresas por 20 mil millones de euros en el 2013 y se creará una nueva “fiscalidad ecológica”, a contar de 2016, para recaudar otros 3 mil millones de euros. En esta lógica de alzas y reducciones, el Gobierno francés espera dejar más espacio a las empresas privadas, abaratándole costos que la hacen menos competitivas y, con ello, aumentar sus exportaciones e ingresos nacionales para enfrentar su déficit y deuda.

En ambos casos, las decisiones apuntan a la eficacia, es decir, conseguir el objetivo de reducir el déficit fiscal y generar caja para pagar los próximos vencimientos de las millonarias deudas que aquejan a los gobiernos, aunque la eficiencia pareciera evaluarse desde convencimientos económicos que bien podrían estar apuntando en dirección inversa. En efecto, los países europeos siguen reduciendo el gasto del Estado en forma pro-cíclica, es decir, ajustando aún más el cinturón de los consumidores en medio de la crisis, ahondándola, sometiéndose así a la eficiencia, aunque sea eso mismo lo que pudiera complotar contra la eficacia, es decir, generar un cuadro político social que impida conseguir el propósito.

Ese fino equilibrio entre eficacia y eficiencia es de naturaleza político-social. ¿Qué habría pasado en Chile si el Gobierno hubiera privilegiado la eficiencia, en vez de la eficacia, en el caso de los 33 mineros? Por lo demás, casi 70% del aumento del débito de los Estados europeos corresponde a la absorción de pérdidas ocasionadas por el sector financiero y a mayores costos de financiamiento en crisis a los que hoy los Estados en problemas pueden acceder a créditos. ¿Estarán los ciudadanos del viejo continente dispuestos a pagar los platos rotos de la ineptitud de una banca que terminó por quebrar la economía mundial, creando dinero, vía apalancamiento, en proporciones siderales y generando una burbuja que más temprano que tarde tenía que reventar?

El daño ya está hecho y veremos si parte de él, al menos, lo pagan los responsables y no solo quienes ahorraron y los que, sin tener arte ni parte, lo pagarán con más impuestos, menos servicios públicos, menos consumo y más trabajo. Por eso el problema dejó de ser económico y ha mutado en uno social. De justa indignación. Tan social como la discusión presupuestaria en nuestro Congreso, donde la oposición ha puesto como condición para revisar los puntos conflictivos de esa ley el que se reintegre el 100% de los recursos de la Reforma Tributaria a Educación, se cree un Plan de Revitalización de la Educación Pública y reduzcan los intereses a los estudiantes deudores Corfo a igual nivel del CAE. Han advertido, asimismo, que rechazarán toda la partida de la corporación si no hay acuerdo, tal como lo hicieron en la subcomisión respectiva.

Si la sociedad está dispuesta a ser eficaz –aunque no necesariamente eficiente- en el uso de los recursos fiscales –que son de todos los chilenos- para destinarlos prioritariamente a una Educación pública gratuita y de calidad  –que es un bello, apasionante y correcto propósito, cuyos resultados se ven a 20 años- es una voz que debiera escucharse, aunque, por cierto, quienes lo promueven deben también dar cuenta urbi et orbe que se trata de un proyecto nacional, del que todos nos hacemos responsables y que restará dineros a otros propósitos, pues si algo hemos aprendido de la larga crisis de las naciones desarrolladas –estatistas o neoliberales- es que los recursos son limitados y las necesidades, infinitas.