En 163 páginas, el libro “Impactos Ambientales del Terremoto y Maremoto en Chile: Réplicas ocultas del 27F”, de la Fundación Terram, abordó las consecuencias ambientales y geofísicas del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
La investigación, que contó con la colaboración de la Unión Europea, dejó en evidencia, además, una serie de falencias de parte de las instituciones encargadas de la educación y prevención de la ciudadanía en este ámbito y de la entidades responsables de elaborar las políticas públicas medioambientales.
Estas insolvencias legislativas quedaron al descubierto al momento de consultar las fuentes, según indicó Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, en referencia a las 50 peticiones que tuvieron que elaborar, bajo la Ley de Transparencia, para acceder a la información.
“Autoridades tan relevantes como la Onemi nacional o como la ministra de Medio Ambiente se negaron a darnos entrevistas, porque yo creo que hay una debilidad detrás de su institucionalidad frente a este tipo de cosas que no hay respuestas. Es muy curioso tener que construir una investigación periodística sin autoridades tan relevantes que te digan ‘mira -por último- aquí hay una falencia y hay que abordarla’. Aquí hay un vacío, una carencia y un cierto temor a enfrentar estos temas, porque efectivamente si uno quiere hacerlo bien hay que empezar a regular, hay que empezar a legislar”, indicó la ambientalista.
En el libro se revelan algunas falencias normativas, a través de cinco ejemplos concretos, donde destacan el peligro de los relaves mineros y las represas, las carencias en el suministro de agua potable y los residuos que dejaron el terremoto y maremoto.
Flavia Liberona señaló que el proceso de reconstrucción no sólo debe ser relativo a restablecer la capacidad productiva del país y las viviendas de la ciudadanía, sino que se deben considerar los ecosistemas existentes.
“En ese proceso de reconstrucción es donde creemos que hay que hacer evaluaciones ambientales de lo que ocurrió. Y hay un momento que es anterior, que tiene que ver con la prevención y que ahí tiene que haber un trabajo muy importante a nivel local, la gente tiene que saber a qué riesgos está expuesta frente a una catástrofe cerca de su casa, si hay una industria que se puede incendiar, si hay un relave que se puede derrumbar, si hay una represa que se puede agrietar y eso hay un trabajo local que uno debiere estructurar en una política pública”, explicó.
La directora de la Fundación Terram señaló que el texto se hará llegar a las autoridades de Gobierno, parlamentarios de todas las bancadas y organizaciones de la sociedad civil para, idealmente, iniciar prontamente un proceso de discusión en torno al tema sobre la base de una serie de propuestas que contiene el libro.
Entre las iniciativas destaca un Estado capaz de coordinar los esfuerzos públicos, sociales y privados a nivel local, regional y nacional, una mayor fiscalización y más recursos para implementar estos cambios.
En 163 páginas, el libro “Impactos Ambientales del Terremoto y Maremoto en Chile: Réplicas ocultas del 27F”, de la Fundación Terram, abordó las consecuencias ambientales y geofísicas del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
La investigación, que contó con la colaboración de la Unión Europea, dejó en evidencia, además, una serie de falencias de parte de las instituciones encargadas de la educación y prevención de la ciudadanía en este ámbito y de la entidades responsables de elaborar las políticas públicas medioambientales.
Estas insolvencias legislativas quedaron al descubierto al momento de consultar las fuentes, según indicó Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, en referencia a las 50 peticiones que tuvieron que elaborar, bajo la Ley de Transparencia, para acceder a la información.
“Autoridades tan relevantes como la Onemi nacional o como la ministra de Medio Ambiente se negaron a darnos entrevistas, porque yo creo que hay una debilidad detrás de su institucionalidad frente a este tipo de cosas que no hay respuestas. Es muy curioso tener que construir una investigación periodística sin autoridades tan relevantes que te digan ‘mira -por último- aquí hay una falencia y hay que abordarla’. Aquí hay un vacío, una carencia y un cierto temor a enfrentar estos temas, porque efectivamente si uno quiere hacerlo bien hay que empezar a regular, hay que empezar a legislar”, indicó la ambientalista.
En el libro se revelan algunas falencias normativas, a través de cinco ejemplos concretos, donde destacan el peligro de los relaves mineros y las represas, las carencias en el suministro de agua potable y los residuos que dejaron el terremoto y maremoto.
Flavia Liberona señaló que el proceso de reconstrucción no sólo debe ser relativo a restablecer la capacidad productiva del país y las viviendas de la ciudadanía, sino que se deben considerar los ecosistemas existentes.
“En ese proceso de reconstrucción es donde creemos que hay que hacer evaluaciones ambientales de lo que ocurrió. Y hay un momento que es anterior, que tiene que ver con la prevención y que ahí tiene que haber un trabajo muy importante a nivel local, la gente tiene que saber a qué riesgos está expuesta frente a una catástrofe cerca de su casa, si hay una industria que se puede incendiar, si hay un relave que se puede derrumbar, si hay una represa que se puede agrietar y eso hay un trabajo local que uno debiere estructurar en una política pública”, explicó.
La directora de la Fundación Terram señaló que el texto se hará llegar a las autoridades de Gobierno, parlamentarios de todas las bancadas y organizaciones de la sociedad civil para, idealmente, iniciar prontamente un proceso de discusión en torno al tema sobre la base de una serie de propuestas que contiene el libro.
Entre las iniciativas destaca un Estado capaz de coordinar los esfuerzos públicos, sociales y privados a nivel local, regional y nacional, una mayor fiscalización y más recursos para implementar estos cambios.
En 163 páginas, el libro “Impactos Ambientales del Terremoto y Maremoto en Chile: Réplicas ocultas del 27F”, de la Fundación Terram, abordó las consecuencias ambientales y geofísicas del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
La investigación, que contó con la colaboración de la Unión Europea, dejó en evidencia, además, una serie de falencias de parte de las instituciones encargadas de la educación y prevención de la ciudadanía en este ámbito y de la entidades responsables de elaborar las políticas públicas medioambientales.
Estas insolvencias legislativas quedaron al descubierto al momento de consultar las fuentes, según indicó Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, en referencia a las 50 peticiones que tuvieron que elaborar, bajo la Ley de Transparencia, para acceder a la información.
“Autoridades tan relevantes como la Onemi nacional o como la ministra de Medio Ambiente se negaron a darnos entrevistas, porque yo creo que hay una debilidad detrás de su institucionalidad frente a este tipo de cosas que no hay respuestas. Es muy curioso tener que construir una investigación periodística sin autoridades tan relevantes que te digan ‘mira -por último- aquí hay una falencia y hay que abordarla’. Aquí hay un vacío, una carencia y un cierto temor a enfrentar estos temas, porque efectivamente si uno quiere hacerlo bien hay que empezar a regular, hay que empezar a legislar”, indicó la ambientalista.
En el libro se revelan algunas falencias normativas, a través de cinco ejemplos concretos, donde destacan el peligro de los relaves mineros y las represas, las carencias en el suministro de agua potable y los residuos que dejaron el terremoto y maremoto.
Flavia Liberona señaló que el proceso de reconstrucción no sólo debe ser relativo a restablecer la capacidad productiva del país y las viviendas de la ciudadanía, sino que se deben considerar los ecosistemas existentes.
“En ese proceso de reconstrucción es donde creemos que hay que hacer evaluaciones ambientales de lo que ocurrió. Y hay un momento que es anterior, que tiene que ver con la prevención y que ahí tiene que haber un trabajo muy importante a nivel local, la gente tiene que saber a qué riesgos está expuesta frente a una catástrofe cerca de su casa, si hay una industria que se puede incendiar, si hay un relave que se puede derrumbar, si hay una represa que se puede agrietar y eso hay un trabajo local que uno debiere estructurar en una política pública”, explicó.
La directora de la Fundación Terram señaló que el texto se hará llegar a las autoridades de Gobierno, parlamentarios de todas las bancadas y organizaciones de la sociedad civil para, idealmente, iniciar prontamente un proceso de discusión en torno al tema sobre la base de una serie de propuestas que contiene el libro.
Entre las iniciativas destaca un Estado capaz de coordinar los esfuerzos públicos, sociales y privados a nivel local, regional y nacional, una mayor fiscalización y más recursos para implementar estos cambios.
