Este jueves se realizó la detención de un tercer comunero mapuche supuestamente implicado en el ataque incendiario que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay el viernes pasado.
Se trata de Carlos Hueirao Carril, quien trabaja en el fundo del presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Emilio Taladriz, en julio de 2012. El detenido dijo que el arma que portaba le fue suministrada por su empleador.
En tanto, la justicia confirmó la ampliación de la querella por Ley Antiterrorista a los dos comuneros que fueron aprehendidos previamente por su posible vinculación con el siniestro. El machi Celestino Córdova – quien se encuentra herido a bala en el pecho – y su hermano José serán formalizados este viernes.
Los ataques incendiarios continuaron, esta vez en la comuna de Rio Bueno, de la región de los Ríos, donde fue quemada la casa del inquilino de un fundo, mientras en el límite de Freire y Padre Las Casas, donde desconocidos atacaron una escuela básica en la comunidad Trapilhue, como describió la Directora del establecimiento, Sylvia Amañir.
“Cuando me avisaron, ya estaba todo quemado, me llamó un vecino. Cuando llegué aquí, excepto el vecino, no se veía ninguna persona más. No puedo decir quién fue, no sospecho de nadie, existe una incertidumbre que uno nunca sabe de dónde viene”, declaró.
A propósito de estos casos y de la forma en que los enfrenta el Estado chileno, la Directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, comentó a Radio Universidad de Chile que la Ley Antiterrorista es una norma que vulnera estándares mínimos de derechos humanos como el debido proceso.
“No necesariamente se están considerando otros aspectos de derechos humanos, que tienen que ver con la investigación, con el mismo celo que se indaga este asesinato, se debería actuar en casos de violencia policial, de personas que habitan en comunidades mapuches y denuncian maltrato reiterativo, que se han agudizado a partir de estas medidas. También la preocupación en lo relativo a Ley Antiterrorista, ya que muchas normas dejan duda de que el juicio cumpla con estándares de debido proceso, y en particular de debido derecho a la defensa de las víctimas”, declaró.
Sobre las formas de solucionar el conflicto entre el Estado Chileno y el pueblo nación mapuche, Ana Piquer indicó que debe partirse por respetar la propia legislación nacional, que obliga a implementar el convenio 169 de la OIT, instrumento que exige consultar a los pueblos originarios, acerca de todas las materias que les incumben.
Este jueves se realizó la detención de un tercer comunero mapuche supuestamente implicado en el ataque incendiario que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay el viernes pasado.
Se trata de Carlos Hueirao Carril, quien trabaja en el fundo del presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Emilio Taladriz, en julio de 2012. El detenido dijo que el arma que portaba le fue suministrada por su empleador.
En tanto, la justicia confirmó la ampliación de la querella por Ley Antiterrorista a los dos comuneros que fueron aprehendidos previamente por su posible vinculación con el siniestro. El machi Celestino Córdova – quien se encuentra herido a bala en el pecho – y su hermano José serán formalizados este viernes.
Los ataques incendiarios continuaron, esta vez en la comuna de Rio Bueno, de la región de los Ríos, donde fue quemada la casa del inquilino de un fundo, mientras en el límite de Freire y Padre Las Casas, donde desconocidos atacaron una escuela básica en la comunidad Trapilhue, como describió la Directora del establecimiento, Sylvia Amañir.
“Cuando me avisaron, ya estaba todo quemado, me llamó un vecino. Cuando llegué aquí, excepto el vecino, no se veía ninguna persona más. No puedo decir quién fue, no sospecho de nadie, existe una incertidumbre que uno nunca sabe de dónde viene”, declaró.
A propósito de estos casos y de la forma en que los enfrenta el Estado chileno, la Directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, comentó a Radio Universidad de Chile que la Ley Antiterrorista es una norma que vulnera estándares mínimos de derechos humanos como el debido proceso.
“No necesariamente se están considerando otros aspectos de derechos humanos, que tienen que ver con la investigación, con el mismo celo que se indaga este asesinato, se debería actuar en casos de violencia policial, de personas que habitan en comunidades mapuches y denuncian maltrato reiterativo, que se han agudizado a partir de estas medidas. También la preocupación en lo relativo a Ley Antiterrorista, ya que muchas normas dejan duda de que el juicio cumpla con estándares de debido proceso, y en particular de debido derecho a la defensa de las víctimas”, declaró.
Sobre las formas de solucionar el conflicto entre el Estado Chileno y el pueblo nación mapuche, Ana Piquer indicó que debe partirse por respetar la propia legislación nacional, que obliga a implementar el convenio 169 de la OIT, instrumento que exige consultar a los pueblos originarios, acerca de todas las materias que les incumben.
Este jueves se realizó la detención de un tercer comunero mapuche supuestamente implicado en el ataque incendiario que terminó con la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay el viernes pasado.
Se trata de Carlos Hueirao Carril, quien trabaja en el fundo del presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Emilio Taladriz, en julio de 2012. El detenido dijo que el arma que portaba le fue suministrada por su empleador.
En tanto, la justicia confirmó la ampliación de la querella por Ley Antiterrorista a los dos comuneros que fueron aprehendidos previamente por su posible vinculación con el siniestro. El machi Celestino Córdova – quien se encuentra herido a bala en el pecho – y su hermano José serán formalizados este viernes.
Los ataques incendiarios continuaron, esta vez en la comuna de Rio Bueno, de la región de los Ríos, donde fue quemada la casa del inquilino de un fundo, mientras en el límite de Freire y Padre Las Casas, donde desconocidos atacaron una escuela básica en la comunidad Trapilhue, como describió la Directora del establecimiento, Sylvia Amañir.
“Cuando me avisaron, ya estaba todo quemado, me llamó un vecino. Cuando llegué aquí, excepto el vecino, no se veía ninguna persona más. No puedo decir quién fue, no sospecho de nadie, existe una incertidumbre que uno nunca sabe de dónde viene”, declaró.
A propósito de estos casos y de la forma en que los enfrenta el Estado chileno, la Directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, comentó a Radio Universidad de Chile que la Ley Antiterrorista es una norma que vulnera estándares mínimos de derechos humanos como el debido proceso.
“No necesariamente se están considerando otros aspectos de derechos humanos, que tienen que ver con la investigación, con el mismo celo que se indaga este asesinato, se debería actuar en casos de violencia policial, de personas que habitan en comunidades mapuches y denuncian maltrato reiterativo, que se han agudizado a partir de estas medidas. También la preocupación en lo relativo a Ley Antiterrorista, ya que muchas normas dejan duda de que el juicio cumpla con estándares de debido proceso, y en particular de debido derecho a la defensa de las víctimas”, declaró.
Sobre las formas de solucionar el conflicto entre el Estado Chileno y el pueblo nación mapuche, Ana Piquer indicó que debe partirse por respetar la propia legislación nacional, que obliga a implementar el convenio 169 de la OIT, instrumento que exige consultar a los pueblos originarios, acerca de todas las materias que les incumben.
